Son las 10 de la mañana del sábado 5 de diciembre. Falta un día para que se celebren las elecciones legislativas en Venezuela y el canal de televisión público VTV emite el programa "Venezuela tricolor". En las imágenes se ve a Nicolás Maduro saludando a gente del pueblo. Poco después sale María del Valle García, "primera combatiente del del estado de La Guaira", comentando la desinfección de un barrio, el arreglo de jardines, y la mano de pintura a una pista de cemento.
"Nos encontramos en la Misión Barrio Nuevo Tricolor, cumpliendo con las instrucciones directas de nuestro presidente Nicolás Maduro. Queremos agradecer a nuestro presidente por haber tomado en cuenta a nuestra parroquia para la desinfección y el embellecimiento, y por trabajar por el pueblo y evitar la propagación del covid. Seguimos en batalla por la victoria", dice con el puño en alto.
A lo largo del programa se ven imágenes de niños que reciben regalos de Papa Noel, o de desinfecciones de casas y centros evangélicos en el estado Amazonas, el más apartado del país. Siempre aparece un militante que da las gracias "a nuestro presidente Maduro, por darnos todas las instrucciones". Antes de terminar el programa "Venezuela tricolor", hay tiempo para que la joven Jennifer Márquez reciba su vivienda gracias al Carnet de la Patria y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Está contenta. Lamenta esta "guerra económica estamos pasando, pero tenemos que luchar". Según el artículo 222 del reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado el 18 de enero de 2013, eso está prohibido. "Los organismos públicos nacionales, estadales o municipales no podrán realizar publicidad y propaganda electoral, y en tal sentido, no podrán difundir mensajes destinados a promover, auspiciar o favorecer determinada candidatura u organización con fines políticos o grupo de electoras y electores, y comunidades u organizaciones indígenas".
En una democracia avanzada esta utilización de medios públicos para propaganda política estaría penalizado. Pero en la Venezuela de Nicolás Maduro es lo normal. Es inconstituconal.
Maduro ha estado presente antes, durante y después del cierre de la campaña electoral en toda la programación de este y otros canales públicos que el régimen utiliza sin tapujos. Es decir, el presidente de Venezuela y el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene a los canales públicos a su servicio incluso en periodo electoral. Y si no es Maduro el que aparece en la programación, es el fallecido Hugo Chávez arengando a las masas del PSUV, como muestran todos los canales públicos a todas horas.
El viernes 4, un día después del cierre de campaña, el programa de VTV llamado "El Mundo en Contexto" dirigido por Carlos Arellán, emitió un documental sobre cómo la oposición había conspirado contra Maduro organizando golpes de estado, sabotajes o incursiones de mercenarios. Según el mismo artículo 222 del reglamento electoral, está prohibido "todo aquello que promueva o tienda a promover la imagen negativa de alguna candidata o candidato, organización con fines políticos, grupo de electoras y electores y comunidades u organizaciones indígenas".
La maquinaria propagandística del partido del poder se salta todas las reglas de un proceso electoral imparcial. La página web del canal público Venezolana de Televisión informaba este sábado de la entrega de bolsas de comida en el estado Yaracuy, la entrega de la vivienda número 3.299.207 de la Misión Vivienda, la entrega de radiopatrullas a la Policía del estado Aragua, la distribución de tabletas a profesores de una universidad en el estado Zulia, la inauguración de un área de hospital central en la ciudad de Maracay…
A juzgar por la cantidad de obras que se muestran en los medios de comunicación controlados por el PSUV, Venezuela sería hoy el país con más carreteras asfaltadas, más hospitales, más escuelas, más viviendas y más patrullas del mundo. Según estos medios de comunicación públicos, Maduro ha seguido entregando viviendas a pesar de los golpes de estado, conspiraciones, asedios, bloqueos, sabotajes y del covid. "Nadie puede negar los grandes logros de Gran Misión Vivienda Venezuela", dice un presentador de VTV el sábado a mediodía. "Entregamos este año la vivienda 3 millones. En cuarentena hemos construido 100.000 viviendas", dice en primera persona, como si él mismo las hubiera construido. Las cifras aparecen una tras otra: "¿Qué país del mundo ha construido tantas viviendas? Solamente Venezuela", dice con satisfacción un día antes de las elecciones en el canal público.
Según el reglamento de los procesos electorales (artículo 221), a los funcionarios les está prohibido "utilizar o permitir que otra persona utilice bienes del patrimonio público en beneficio de cualquier organización con fines políticos, grupo de electoras o electores, de las comunidades u organizaciones indígenas, o candidatura".
En los informativos de radio, televisión y en las webs no hay lugar para otro mensaje que no sea el mensaje del partido. Mañana, tarde y noche. Siete días a la semana, 365 días al año. Con o sin elecciones. Es una maquinaria que no se detiene y que forma parte de una estrategia perfectamente planificada.
Hace más de un mes, Maduro indultó y sacó de la cárcel a decenas de prisioneros políticos. El 1 de diciembre flexibilizó las medidas covid, para facilitar la movilidad, lo cual casualmente coincide con las votaciones. A principios de diciembre, los jubilados vieron que su pensión ya no era de 400.000 bolívares al mes, sino que se triplicó a 1,2 millones (1 euro al mes). Desde hace una semana, el estado está pagando “bonos” patrióticos entre 2 y 4 dólares a cientos de miles de pensionistas o trabajadores públicos, a los que envía un sms. En España sería considerado propaganda electoralista.
Todo eso forma parte de una estrategia cuyo objetivo es tratar de convencer a los electores de que voten al partido que está detrás de toda esa catarata de ventajas. El PSUV. Pero el discurso cada vez convence menos. "El chavismo ha perdido mucho", dice P.M., una mujer con un hijo que vive en los valles del Tuy, a una hora de Caracas. "La gente fue chavista hasta que murió Chávez o en los primeros años de Maduro. Ya no", dice con tranquila convicción.
El chavismo necesita controlar la Asamblea Nacional, que desde 2015 está en manos de sus enemigos opositores. Para convertirse en la nueva mayoría, el PSUV y los partidos afines del bloque llamado Gran Polo Patriótico, tendrían que ganar 185 diputados, las dos terceras partes de los 277 de la Asamblea. En principio pueden lograrlo porque sus enemigos políticos no se presentan: ni Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó, ni Primero Justicia de Henrique Capriles. Opinan que no hay garantías y ofrecen una cadena de razones: sus dirigentes están en el exilio, sus juntas directivas fueron suspendidas por el Tribunal Supremo, y en los últimos cinco años, desde que ganaron la mayoría en la Asamblea, no han podido hacer nada porque Nicolás Maduro los neutralizó mediante leyes aprobadas por el Tribunal Supremo. Es más, el Tribunal Supremo llegó a tomar las potestades de la Asamblea Nacional por orden de Maduro.
Para los chavistas de Maduro, no lograr las dos terceras partes de la asamblea sería un fracaso. También lo sería que acudiera muy poca gente a votar. Por eso, el PSUV y Maduro están usando los medios públicos a su alcance para convencer a los electores, especialmente a las mujeres, de que vayan a votar. Maduro ha prometido "premios" a las comunidades que más voten, lo cual se salta ya todas las reglas de cualquier democracia mediamente seria.
El desarrollo de la jornada electoral
El sistema de votación está totalmente automatizado de modo que los 20 millones de venezolanos que en teoría tienen derecho al voto, primero mostrarán su documento de identidad ante un escáner, pondrán su huella dactilar, irán a una pantalla de votación, seleccionarán el partido de su preferencia, recogerán un volante que depositarán en una urna y, por último, pondrán su firma y su huella dactilar en un documento. "Al final del día, los representantes en las mesas abrirán las urnas y verificarán que las papeletas coincidan con los registros", dicen en la oficina de prensa de del Consejo Nacional Electoral.
¿Puede haber fraude? "Las máquinas son transparentes", dice Miguel Henrique Otero, presidente y director del diario "El Nacional". "Pero el que hace el acta puede decir que en vez de cien votaron doscientos", añade. Eso solo se podría verificar con representantes de partidos opositores en las mesas, cosa que no habrá en su mayoría. O con observadores internacionales independientes, cosa que no existe, pues en su lugar han venido "veedores" de países con dudosa cultura democrática como Irán, Turquía o Togo. De España han venido representantes de Izquierda Unida.
Los resultados se conocerán en la noche de este domingo o la madrugada del lunes. Sin partidos que se interpongan en su camino, todo indica que la victoria será para el PSUV y sus aliados. La actual asamblea, presidida por el opositor Juan Guaidó, será previsiblemente disuelta el 5 de enero de 2021. Como última medida contra lo que denomina "fraude electoral", Guaidó está promoviendo en estos días una consulta popular por internet, que empezará el lunes 7 de diciembre y se prologará hasta el próximo 12 de diciembre (www.contultaporvzla.com) Los participantes recibirán un código en su móvil que les ayudará a votar físicamente en 7.000 mesas instaladas en 3.000 puntos de votación el día 12 de diciembre.
A los que acudan a votar, se les harán tres preguntas: ¿Exige usted el cese a la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional de desconocimiento? ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan recatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?".
El problema es que los resultados de esta consulta tendrán tan pocas garantías como las elecciones que denuncia. De hecho, el secretario de la OEA, Luis Almagro, que ha sido un aliado de Guaidó, no ve esta consulta con buenos ojos.
El reloj corre contra Guaidó. Desde 2019 es presidente interino de Venezuela reconocido por EEUU y la UE, debido a que la Constitución venezolana permitía al presidente de la Asamblea tomar temporalmente el cargo de presidente de Venezuela si se producía alguna irregularidad constitucional. Esa irregularidad fueron las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro fue reelegido, pero con enormes sospechas de fraude.
Pero cuando este domingo sea elegida otra asamblea, el futuro de Guaidó como presidente interino quedará bajo cuestión. Solo le quedará atrincherarse físicamente en la asamblea con su diputados el 5 de enero, cuando se proceda al cambio. Algunos piensan que Maduro enviará a la Guardia Nacional. Otros que los meterán presos. Le quedará el apoyo de una comunidad internacional que solo puede hacer declaraciones a distancia y aprobar sanciones contra el régimen de Maduro.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios