Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia suspendió este martes de madrugada la decisión del presidente Jair Bolsonaro de transferir los asuntos de demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, una cuestión que había generado la protesta de varias tribus en Brasil.
La decisión, de carácter provisional, fue tomada por el magistrado Luis Alberto Barroso, después de que la semana pasada el ultraderechista decidiera devolver nuevamente la demarcación de tierras indígenas a la cartera de Agricultura, lo que ya había sido rechazado por el Congreso y que Bolsonaro volvió a poner en el ruedo.
Durante sus primeros días de Gobierno, el ultraderechista firmó un polémico decreto que facilitaba el uso de tierras indígenas para actividades del agronegocio.
El decreto otorgaba la función de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas al Ministerio de Agricultura, dirigido por Tereza Cristina Correa, una hacendada que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso. Esta responsabilidad estaba anteriormente en manos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad encargada de las políticas indígenas vinculada al Ministerio de Justicia.
Para que el decreto firmado por el ultraderechista se convirtiera en Ley tenía que ser aprobado por el Congreso, pero el legislativo no lo aprobó y devolvió las funciones de demarcación a la Funai. Bolsonaro, no contento con la decisión del Congreso, sacó un nuevo decreto la semana pasada, alterando la decisión del legislativo y regresando nuevamente el tema a la cartera de Agricultura.
La decisión del magistrado Barroso de devolver provisionalmente la competencia de la demarcación de tierras indígenas a la Funai necesita de la aprobación del Supremo para que sea efectiva. Por esta razón, el magistrado solicitó al pleno de la Corte la revisión urgente del caso y pidió que fuera analizado este mismo martes. La presidencia de Brasil no quiso pronunciarse sobre el tema pero acordó que el asunto sea revisado en breve.
Según un comunicado divulgado por la Abogacía General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués), oficina encargada de los asuntos jurídicos del Gobierno, el tema debe ser atendido con urgencia por el Supremo, por lo que solicitó "prioridad" en la agenda de la Corte.
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