Miércoles, 20.03.2019 - 15:19 h
Aprobado por el Parlamento Europeo

Europa pone en marcha un instrumento para controlar las inversiones chinas

Cubrirá sectores clave de la economía europea y tecnologías desarrolladas por compañías opacas controladas por gobiernos extranjeros.

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La eurocámara aprueba el control de las inversiones extranjeras / Europa Press

El Parlamento Europeo ha dado luz verde al establecimiento de un marco europeo para el control de la inversión extranjera en la Unión Europea. Según ha hecho saber la eurocámara este jueves, el objetivo del mismo es "la protección de sectores clave" como el agua, el transporte, las comunicaciones y la tecnología (desde la inteligencia artificial a los semiconductores y la robótica). No obstante, el motivo más directo es la creciente preocupación de algunos Estados miembros respecto a las inversiones y adquisiciones chinas sectores estratégicos

La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha asegurado en rueda de prensa que "el objetivo es vigilar algunas inversiones que puedan amenazar la seguridad pública o infraestructuras críticas" de la Unión. En concreto, Alemania y Francia eran las que más inquietudes presentaban respecto a las actividades de compañías chinas que operan en Europa, como es el caso de Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones.

Malmström ha afirmado sin embargo, que "la legislación es neutral" y no está dirigida 'contra' ningún país o empresa, pero "sí que es cierto que hay un interrogante con China". Respecto al país asiático la Comisaria de Comercio reconoce que "ha demostrado claramente, e incluso se puede comprobar en sus documentos oficiales, que la inversión en sectores clave de otros países es su prioridad", pero que tampoco debe tomarse como una legislación no "neutral".

El Parlamento ha asegurado que este mecanismo de control no debe entenderse como una estrategia proteccionista ya que quieren mantener "la puerta abierta al capital extranjero, pero garantizando que la inversión extranjera directa no perjudica a los intereses estratégicos de la Unión". Al mismo tiempo, Europa promueve con este instrumento "un reforzamiento en el intercambio de información entre los Estados miembros, de manera que éstos "puedan emitir opiniones sobre la inversión extranjera directa dirigida a otros Estados miembros".

La Comisión Europea también ha acogido con satisfacción la decisión tomada por el Parlamento Europeo. Su presidente, Jean-Claud Juncker, ha mostrado su agrado con "la rapidez" con la que la UE ha alcanzado un acuerdo que "demuestra la urgente necesidad de crear normas a nivel europeo sobre la selección de inversiones extranjeras". "Queremos que Europa mantenga el régimen de inversiones más abierto en el mundo, pero debemos defender los intereses estratégicos de Europa y para eso necesitamos un control sobre las compras de compañías extranjeras que apuntan a los activos estratégicos de Europa, ha asegurado Juncker, que también anima a que "los gobiernos europeos sigan rápidamente este ejemplo ".

De los veintisiete países de la Unión, solo doce, entre ellos España, cuentan con instrumentos de defensa comercial. No obstante, aunque el objetivo es común a todos, su alcance y funcionamiento varía en función de cada país. Con el nuevo mecanismo Europa pretende tener en cuenta, además, "el efecto transfronterizo de la inversión", es decir, cómo afectaría al resto de la Unión la inversión en uno de los Estados miembros, según Malmström.

La propia Unión Europea reconoce que "la inversión extranjera directa ha cambiado drásticamente en la UE en los últimos 20 años", de tal manera que la inversión china en Europa ha aumentado un 600%, especialmente en esos sectores estratégicos. Pero también, reconoce que, Rusia "se ha duplicado y concentrado en el sector tecnológico, a menudo desde empresas públicas o vinculadas al Estado".

El próximo paso en este aspecto es la adopción del dispositivo por parte del Consejo Europeo, algo que está previsto para el 5 de marzo. Tras esto, el reglamento entrará en vigor de manera efectiva en septiembre de 2020, es decir, 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, tal y como estipula el reglamento.

La puesta en marcha de este dispositivo ya ha sido acordada "de manera informal con los ministros de la UE", según afirma la UE y ha obtenido una aprobación del 82% de la eurocámara.

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