Europa da un paso al frente para retirar el derecho a voto a Polonia en la Unión

  • "Hay un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho en Polonia", expone la Comisión Europea para aplicar esta medida
Frans Timmermans, en su discurso en la Comisión Europea.
Frans Timmermans, en su discurso en la Comisión Europea.
EFE

A grandes males, grandes remedios, suele decirse, y en ese sentido a Europa no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. La última, este miércoles, cuando por primera vez en la historia ha dado luz verde a la aplicación del artículo 7 de sus estatutos contra Polonia. El proceso podría acabar por retirar a Varsovia el derecho a voto en la Unión Europea, al considerarse que sus últimas reformas en el sistema judicial chocan de frente con el Estado de derecho. 

En un comunicado, la Comisión Europea notifica que "hay un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho en Polonia" y "propone al Consejo que adopte una decisión en el marco del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea". Mientras que su vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha recordado en una comparecencia ante los medios de comunicación las invitaciones al diálogo que Bruselas lleva dos años enviando, sin respuesta, a Varsovia.

Timmermans también se ha referido a la actuación del Gobierno polaco, que en los últimos 24 meses ha aplicado trece leyes que "ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial" en el país. Entre otras medidas, estas reformas ultraconservadoras, impulsadas por el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS) que lidera Jaroslaw Kaczynski, permiten al ministro polaco de Justicia (Zbigniew Ziobro, que a la vez ejerce de fiscal general) el nombramiento de magistrados en tribunales regionales y de apelación.

"El trazo común de estas reformas es que los poderes legislativos se establecen de tal manera que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y el funcionamiento de estas autoridades (judiciales), haciendo que la independencia judicial sea inexistente", ha incidido Timmermans, que además de vicepresidente es el comisario europeo competente en asuntos relativos al Estado de derecho. Anteriormente, ya había dado cuenta de la preocupación en Bruselas por las reformas de Varsovia: en 2016 y 2017 emitió tres advertencias y recomendaciones hacia las autoridades polacas que, a la vista está, no se han tenido en cuenta.

El holandés ha confesado que la Comisión Europea pone en marcha el artículo 7 "con mucha pesadumbre" y "porque no había otra elección", pero ha recordado que "la fuerza de la UE" reside en la "igualdad ante la ley garantizada para todos" los ciudadanos comunitarios, que tienen derecho a acceder a un sistema judicial independiente. "Si no asumimos y nos tomamos en serio esta responsabilidad", ha advertido, "sufrirá Europa en su conjunto". 

La pelota está ahora en el tejado del resto de países europeos, que tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar a la posición de Polonia, votarán si constatan "la existencia de un riesgo claro de violación grave" del Estado de derecho.

Hungría apoya a Polonia

Hungría ha sido el primer país en pronunciarse en contra del artículo 7. "La decisión viola severamente la soberanía de Polonia. Es inaceptable que Bruselas presione a países soberanos y castigue a Gobiernos electos democráticamente", ha asegurado el viceprimer ministro húngaro, Zsolt Semjén a una agencia local. No sorprende el apoyo, teniendo en cuenta que Hungría ha recibido varias críticas de la Unión Europea desde que el actual Gobierno llegó al poder en 2010 por limitar la democracia y adoptar medidas contrarias a la legislación comunitaria.

Polonia, por su parte, ya ha respondido a la Comisión Europea, y como era de esperar ha renegado de las acusaciones de atentar contra el Estado de derecho. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco ha emitido un comunicado en el que califica de "ilegal" y "político" el proceso llevado a cabo por Bruselas, y asegura que la decisión de aplicar el artículo 7 "daña innecesariamente las relaciones bilaterales" y dificulta encontrar una solución.

Aunque el Gobierno polaco está dispuesto a dialogar con Bruselas, el comunicado señala también que rechaza "opiniones unilaterales e injustas" de la Comisión Europea, e indica que Polonia quiere "continuar con la reforma de su sistema judicial porque el Gobierno se lo debe a sus votantes". El lío está servido.

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