Martes, 25.02.2020 - 20:32 h
Comisiones de 82 millones

Silencio en Panamá tras la imputación de FCC en Odebrecht: tres gobiernos en duda

La trama mancha a tres partidos del país, incluyendo al del actual presidente, que debe elegir entre abrir la caja de pandora o mirar hacia otro lado.

Metro de Panamá. / EFE
España hace temblar a las principales figuras de tres gobiernos. / EFE

La Audiencia Nacional imputó este miércoles a la constructora FCC por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. La investigación señala el presunto pago de hasta 82 millones de euros en comisiones ilegales a funcionarios panameños para adjudicarse la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de Salud de Panamá. En concreto, el magistrado Ismael Moreno dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias S.A. en unas pesquisas que salpican también a la empresa Odebrecht y... ¿al Estado panameño?

Los hechos investigados se remontan al periodo de Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2015). El documento de la Audiencia involucra directamente al exmandatario en el cobro de coimas, junto al abogado Mauricio Cort, pero este no es su primer escándalo. Martinelli, conocido popularmente como 'el loco' por sus comentarios polémicos en Twitter, se tuvo que sentar en el banquillo por un caso de espionaje varias veces.

La dupla FCC-Odebrecht concursó para quedarse con el contrato de la construcción de la línea 1 del Metro, que costó 2.900 millones de dólares al gobierno de Martinelli (2009-2014), y la línea dos, que le significó un desembolso de 2.130 millones a la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019). El encargado del metro en el periodo que investiga la Audiencia Nacional era Roberto Roy, quien sigue a cargo de la gestión del transporte y llegó a ser ministro de Asuntos del Canal durante la Administración de Varela. Su gestión y la presencia de las constructoras en Panamá han atravesado tres gobiernos. ¿Quién va a hablar? La Información intentó ponerse en contacto con Roy pero no obtuvo respuesta. 

Las obras de la Ciudad Hospitalaria también han sido fuertemente cuestionadas. El proyecto de FCC y Odebrecht lleva un retraso de ocho años aproximadamente y sus principales gestores tuvieron que responder ante la justicia por presuntos delitos contra la administración pública el año pasado. Los tribunales panameños investigaron a los directivos de la Caja de Seguro Social pero no pudieron probar que en la adjudicación de la obra hubo alguna lesión patrimonial. Los acusados fueron sobreseídos. Estas no son las únicas causas. El Ministerio Público abrió otro proceso que involucra a FCC por supuestas irregularidades en el financiamiento de una vía en 2017- aseguran que concluyó con un sobreprecio de 41.761.011 dólares y el supuesto pago de coimas que superarían los 100 millones- pero tampoco ha prosperado.

No será posible esquivar el tema porque el presidente de la república, Laurentino "Nito" Cortizo, anunció el mismo miércoles que iniciará los trámites para la construcción de la tercera línea de metro. El político panameño Ricardo Lombana no ve la situación con mucho optimismo. En una entrevista a Radio Panamá aseguró que "la justicia panameña vive en una realidad paralela a la de otras jurisdicciones" e insistió en que no es la primera vez que se inicia una investigación de este tipo y en el país no pasa nada: "En otros casos se ha logrado confirmar y condenar a ciudadanos de otros países por actos de corrupción cometidos en Panamá, y aquí han quedado impunes. Vivimos en un teatro de impunidad".

Uno de estos es el caso Odebrecht, la mayor causa de sobornos de la historia, que estalló en Brasil y se magnificó en 2016 a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La trama destapa las prácticas irregulares de la compañía, que habría sobornado a altos cargos públicos de numerosos países para adjudicarse diversas licitaciones. Varios funcionarios de la región han sido condenados a prisión y, en Perú, un político llegó a suicidarse ante la presión de testificar. En Panamá no ha habido muchos sobresaltos por el caso. De hecho, está suspendido porque la Fiscalía no cumplió con los términos que establece la ley para investigar. 

 La iniciativa de la Audiencia Nacional ofrece un punto de partida para retomar las labores de investigación, pero en Panamá el trabajo será más complicado por la complejidad política que encierra un trámite de tal envergadura.  Las irregularidades en las concesiones de obras públicas en el país centroamericano no se limitan a ese espacio de tiempo ni a esas compañías. Además, es un fenómeno que mancha a las tres formaciones políticas más grandes, incluyendo a la del actual presidente, Nito Cortizo, que deberá elegir entre abrir la caja de pandora o mirar hacia otro lado.

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