Sábado, 23.02.2019 - 08:09 h
Tras haber sido aprobado en referéndum

Ginebra prohíbe a funcionarios y cargos públicos exhibir símbolos religiosos

Los detractores de la norma criticaron que estaba dirigida en particular contra las mujeres musulmanas que utilizan el velo.

Publicidad a favor y en contra del veto a los símbolos religiosos (Foto: letemps.ch)
Publicidad a favor y en contra del veto a los símbolos religiosos (Foto: letemps.ch)

El cantón suizo de Ginebra empezará a aplicar una nueva ley que prohíbe a las autoridades electas y a todos los funcionarios en contacto con el público portar signos religiosos exteriores, tras haber sido aprobado hoy por la ciudadanía en referéndum.

La controvertida norma reafirma el principio de laicidad de Ginebra, pero sus opositores denunciaron a lo largo de la campaña del referéndum que estaba dirigida en particular contra las mujeres musulmanas que utilizan el velo. Esa posición fue apoyada por los partidos Socialista y Verde, grupos feministas y asociaciones musulmanas, pero rechazada por aquellos que promovieron la iniciativa: el gobierno cantonal, y los partidos de derecha y de centro-derecha.

Aprobado en referéndum

La ley fue aprobada finalmente por un 55% de los votos, tras haber prevalecido el argumento de que está dirigida a todas las religiones de forma igualitaria. El partido de derecha radical Unión Democrática de Centro (UDC) se felicitó por el resultado de la votación por considerar que la nueva ley es importante en circunstancias en las que "Ginebra enfrenta la llegada de numerosos musulmanes, algunos de los cuales tienen reivindicaciones inaceptables".

"Por tanto, es normal que en la administración pública, así como en el Parlamento y en las instancias de deliberación no se lleve ningún signo religioso, respetando así la paz confesional que tanto valoramos", dijo el grupo político en un comunicado.

Sin embargo, los opositores de la norma no aceptan la derrota, en particular la Red Evangélica de Ginebra y el Partido Verde que han presentado sendas denuncias ante el Tribunal Constitucional, que avanzó que analizaría el fondo de la ley y sus implicaciones si era aprobada en el referéndum.

Los demandantes han coincidido en que la ley es arbitraria y viola los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, por lo que confían que la Justicia la declare inconstitucional.

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