"Tenemos razones fundadas para el optimismo", pues "en solo siete días la subcomisión jurídica puesta en marcha (...) nos ha colocado a las puertas del acuerdo sobre justicia", dijo a la prensa el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.
Esta subcomisión, integrada por tres asesores jurídicos de la guerrilla y tres del gobierno, diseña fórmulas para sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo del conflicto armado de medio siglo.
En una visita a Cuba en febrero, el exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz Kofi Anan advirtió que un acuerdo de paz en Colombia debe contemplar justicia por los crímenes, de lo contrario puede intervenir la Corte Penal Internacional.
El tema de justicia, que comenzó a ser discutido a fines de julio, es uno de los más complejos del proceso de paz iniciado en 2012, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados en la nación sudamericana.
Además, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) acusan al gobierno de intentar llevar a la cárcel a los guerrilleros, pero de hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos por militares y paramilitares de derecha.
Los debates sobre justicia marchan en paralelo a las negociaciones de los "plenipotenciarios" de cada parte.
Los asesores jurídicos del gobierno colombiano son José Manuel Cepeda y Juan Carlos Henao (ambos antiguos presidentes de la Corte Constitucional) y el estadounidense Doug Cassel, de la Universidad de Notre Dame y experto en derechos humanos.
En tanto, los asesores jurídicos de las FARC son los colombianos Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.
Márquez indicó además que "el entendimiento avanza también en el terreno del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo (...), al tiempo que hemos comenzado el estudio sobre el esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo".
Para favorecer las negociaciones, la guerrilla decretó en julio una tregua unilateral y el gobierno suspendió los bombardeos a posiciones rebeldes.
"Iniciamos este nuevo ciclo con la convicción de que el proceso debe redoblar su marcha indefectible hacia el fin del conflicto", apuntó Márquez al comenzar la 41ª ronda de negociaciones de paz en La Habana.
El jefe rebelde expresó reservas ante una reforma constitucional que podría otorgar al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, facultades especiales para "emitir decretos con fuerza de ley" para instrumentar "los acuerdos que se logren con las FARC".
"Reiteramos que en La Habana no conocemos el contenido del proyecto Acto Legislativo, que según la prensa se estaría socializando en el Congreso" colombiano, dijo Márquez.
Márquez añadió que "resulta inconveniente resolver de manera unilateral uno de los asuntos que aún no aborda la mesa de conversaciones, como es la refrendación" de un eventual acuerdo de paz.
La delegación del gobierno, encabezada por Humberto de La Calle, no formuló declaraciones a la prensa.
Márquez también abogó porque sea superada "cuantos antes" la crisis fronteriza y diplomática entre Venezuela y Colombia, que estalló el 19 de agosto, cuando Caracas ordenó cerrar parte de la frontera tras un ataque a militares venezolanos que el presidente Nicolás Maduro atribuyó a "paramilitares colombianos".
"Urge para el éxito de este proceso superar cuando antes las desavenencias entre Colombia y Venezuela, dos repúblicas hermanas, hijas de un mismo padre, el Libertador Simón Bolívar", dijo Márquez, al agradecer a Venezuela "todo lo que ha hecho por la paz y la reconciliación de Colombia".
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