Honduras sigue en busca del reconocimiento internacional un año después del golpe de Estado

El primer año del derrocamiento de Manuel Zelaya se cumple en un ambiente de rechazo al Gobierno que desde el 27 de enero pasado preside Porfirio Lobo, por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que condenó el golpe.

Una parte de la comunidad internacional sigue sin reconocer al Gobierno de Lobo, mientras que el país continúa suspendido de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde el 4 de julio del año pasado sin visos de una próxima readmisión, y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) aún no normaliza las relaciones por la oposición de Nicaragua.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada a principios de mes en Lima es la muestra más reciente y clara de que, un año después, aún no existe consenso sobre la validez o no del nuevo Ejecutivo hondureño. En los debates sobre el futuro de Honduras no se pudo apreciar ningún acercamiento de posiciones entre los países que están a favor, los menos (Estados Unidos, Colombia y Perú), y los que están en contra de impulsar en las actuales circunstancias su retorno al organismo regional.

La creación de una comisión de alto nivel que estudiará las condiciones que permitan a Tegucigalpa reintegrarse en el Sistema Interamericano aviva las tensiones, pues el Gobierno de Lobo ya estableció una Comisión de la Verdad, tal y como exigía el acuerdo internacional de San José-Tegucigalpa posterior al golpe. No son pocos los que dudan de su eficacia y de momento la comisión parece arrancar sólo lentamente, pese a que tiene que presentar el 30 de julio un informe con sus consideraciones.

Por su parte, España reconoce la validez del nuevo Gobierno de Lobo, aunque José Luis Rodríguez Zapatero indicó recientemente que el nuevo presidente hondureñoaún debe dar "muestras" de su voluntad para restablecer el orden institucional.

Estabilización condicionada por la situación de Zelaya

No se puede obviar que Lobo ha cumplido formalmente la mayor parte de las exigencias de la comunidad internacional, plasmadas en el llamado Acuerdo Tegucigalpa-San José, pues ha creado un Gobierno de unidad y ha instalado la Comisión de la Verdad.

Pero estas medidas no impresionan a aquellos países que se niegan a reconocer a un Gobierno que, consideran, es el resultado de unas elecciones que se celebraron en un marco de ruptura democrática (sin la vuelta previa al país del ex presidente Zelaya, tal y como exigía el Acuerdo de San José-Tegucigalpa) y que reclaman que la situación de Zelaya, quien se encuentra exiliado en República Dominicana, sea finalmente resuelta.

El ex gobernante Zelaya fue depuesto y enviado en un avión a Costa Rica, cuando promovía una consulta popular orientada a reformar la Constitución a pesar de tener una prohibición legal, pues en Honduras únicamente el Tribunal Supremo Electoral puede decidir la celebración de un referéndum.

Zelaya, otrora líder del conservador Partido Liberal, que lo llevó al poder en las elecciones de noviembre de 2005, ahora reside en República Dominicana, adonde viajó el 27 de enero pasado, el mismo día que debía concluir su mandato de cuatro años y Lobo -del Partido Nacional, también conservador- asumió el mando.

Gran parte de la comunidad internacional sigue presionando para que Zelaya regrese al país con todas las garantías y que no se le persiga por cuestiones políticas, elementos que varios países de la región consideran condición necesaria para el reconocimiento del Gobierno de Lobo.

Ex presidente hondureño acusado de cuatro delitos

Sin embargo, contra Zelaya pende una orden de captura por cuatro presuntos delitos, entre ellos abuso de autoridad y traición a la patria, por lo que de regresar deberá responder ante los tribunales de justicia, sostiene el Fiscal General del Estado, Luis Rubí.

Hasta mayo pasado Lobo insistió en que Zelaya podría venir al país cuando quisiera y que nadie le haría nada, se le daría un tratamiento especial por su condición de ex presidente, lo que algunos sectores que apoyaron el golpe calificaron de injerencia del gobernante en asuntos del Poder Judicial.

A finales de mayo Lobo también indicó que estaba dispuesto a ir a traer él mismo a Zelaya a República Dominicana, y que ya había hablado sobre ello con el presidente del país caribeño, Leonel Fernández.

En declaraciones recientes desde Santo Domingo, Zelaya dijo que no teme regresar a su país y que quiere hacerlo, pero que Estados Unidos se opone."Los Estados Unidos se oponen a mi retorno, como es evidente, protegen la impunidad de los golpistas", enfatizó Zelaya.

Gobierno de unidad

Lobo ha dado por "cerrado" el tema de Zelaya, quien entre otras cosas ha pedido a sus ex funcionarios que no respondan ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el actual presidente instaló el 4 de mayo pasado para que indague los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.

El coordinador del FNRP, Juan Barahona, ha asegurado a Efe que por ahora "no hay ninguna condición para que él [Zelaya] ingrese al país, mientras estén los magistrados golpistas en el poder"."Si él ingresa ahora su vida está en peligro, por eso la exigencia de que todas estas estructuras golpistas deben de cambiarse", enfatizó Barahona en alusión a los actuales magistrados del poder judicial, los fiscales del Ministerio Público y la cúpula militar.

El mismo día del golpe de Estado, el Parlamento hondureño primero presentó una supuesta carta de renuncia de Zelaya y después lo destituyó para colocar en su lugar a Roberto Micheletti, quien entonces presidía el Legislativo.

La mayoría de los diputados calificaron de sucesión constitucional la designación de Micheletti por Zelaya, cuyo derrocamiento dividió a los hondureños entre los "resistencias" que condenan el golpe y los "camisetas blancas" que lo apoyan.

También provocó la división en el Partido Liberal, al que pertenecen Zelaya y Micheletti, quien tras cumplir como presidente de facto los siete meses que le restaban al gobernante derrocado regresó a sus actividades empresariales en el norte de Honduras.

Micheletti ha indicado que Zelaya "no tiene futuro político" y que "el Partido Liberal mantiene su condición democrática y quiere volver al poder de la nación" lo que, en su opinión, sólo "se logra buscando la unidad entre los que quieren vivir en democracia y respetar la Constitución de la República".

Los más afectados por la crisis política de 2009 en Honduras son los pobres, que suman alrededor del 70 por ciento de los ocho millones de habitantes que tiene el país.