Un país, dos sistemas. Sobre el papel, el 1 de julio de 1997, cuando el Reino Unido devolvió a la República Popular de China el archipiélago de Hong Kong, parecía que la idea podía funcionar. Sin embargo, y tras los múltiples intentos del gobierno de Pekín de tomar más control sobre la antigua colonia británica los últimos 20 años, el sistema puede considerarse prácticamente fallido. Los hongkoneses, habituados a un modo de vida occidental, temen cada vez más a que su pequeño oasis de libertad dentro de la china autoritaria, llegue a su fin.
Desde la pasada semana, y a raíz de una polémica ley de extradición, los ciudadanos de uno de los cuatro tigres asiáticos se echan a la calle día tras día para protestar contra el gobierno de la ciudad, controlado por los partidos del gobierno continental Pekín gracias a un creativo sistema electoral. Las protestas de este miércoles, que se celebran por toda la ciudad, parecen haber paralizado, al menos de momento, el motivo de este nuevo capítulo en el tira y afloja que protagonizan Pekín y Hong Kong desde aquel 1 de julio de 1997.
Este miércoles ha sido otra jornada de protestas y cierta violencia en las calles de Honk Kong. Estaba convocada una huelga general, precedida por una huelga de hambre y una sentada en la sede del Consejo Legislativo cuando la policía ha cargado contra los miles de manifestantes acampados en el distrito financiero. Los manifestantes tienen la reminiscencia de la Revolución de los Paraguas de 2014 cuando las fuerzas de seguridad se emplearon a fondo para poner fin a la misma. En esta ocasión, los agentes han usado gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersas a los manifestantes de los alrededores del edificio gubernamental. "¡Echad gasolina, hongkoneses!", han gritado ellos, pertrechados con paraguas y gafas de buceo, animando a resistir.
¿Cuál es la polémica? El Consejo Legislativo de Hong Kong tenía pensado leer este miércoles por segunda vez la propuesta de ley de extradición a China. En concreto, la ley que entró a trámite el pasado mes de febrero, permitiría al Ejecutivo de Hong Kong y la Justicia tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.Según los grupos defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de Hong Kong y millones de ciudadanos, esto incluye la posibilidad de que China abuse del mecanismo para ahogar la disidencia política y recortar la libertad de expresión en el archipiélago.
Los partidarios de la ley de extradición, figuras políticas del gobierno de Pekín como el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Geng Shuang, quien afirmó ante la prensa que "China otorga gran importancia a la protección y promoción de los derechos humanos" (sic). Los gobiernos central de Pekín y local de Hong Kong han reiterado su intención de sacar adelante el texto. La jefa del Ejecutivo Hong Kong, Carrie Lam (pro gobierno de Pekín) dijo el pasado martes que el objetivo de este proyecto es "establecer un acuerdo especial de entrega" que sería estudiado caso por caso, "con todas las jurisdicciones" con las que el archipiélago "aún no ha concertado un acuerdo".
El presidente del Consejo Legislativo hongkonés, Andrew Leung, anunció el pasado martes que los diputados salidos de las elecciones de 2016, votarán el texto el jueves de la semana que viene. Aunque también, el trámite legal que es la segunda lectura de la ley de extradición, prevista para este miércoles, ha sido cancelada por el propio Leung y pospuesta hasta nuevo aviso. Por lo que la fecha de la votación parece no ser del todo fija. El gobierno local de Honk Kong,se ha manifestado en la misma línea que el gobierno continental y afirma que en la polémica ley de extradición se han incluido "salvaguardas" que pueden ser usadas para casos "políticamente sensibles".
El director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam, alertó que, de ponerse en marcha esta ley, significaría que China "tendría la capacidad para atacar a sus críticos, a los activistas en favor de los derechos humanos, periodistas o trabajadores de ONG y cualquiera en Hong Kong, tal y como hacen en su territorio". Según Tam, esto implicaría entregarlos a "un sistema judicial que no ofrece ningún tipo de protección y está plagado de torturas, malos tratos, confesiones forzosas y juicios injustos".
¿Quién se opone a la ley de extradición? La gran mayoría de los ciudadanos de la antigua colonia británica han demostrado una fuerte oposición a la ley. Desde el pasado domingo, cuando se celebró la manifestación que congregó a más de un millón de personas, según los organizadores, quedó claro que la ley no goza de consenso social. El distrito financiero fue, de nuevo, epicentro de las protestas que congregaba a abogados, estudiantes, empresarios y trabajadores de todos los ámbitos.
Si la ley no goza de consenso social, ¿por qué no la paraliza el parlamento autonómico? Básicamente, porque depende del gobierno de Pekín El Consejo Legislativo, donde se tramite la polémica ley, surge de un proceso electoral con un sistema de representación muy particular. De los 70 escaños que lo conforman, 35 de ellos dependen de circunscripción geográfica, 30 corresponden a votos de diferentes gremios elitistas, y los cinco asientos restantes son para figuras similares a los concejales de distrito que tenemos en España.
En las elecciones de 2016, 4 millones de personas estaba llamadas a las urnas de Hong Kong. Cualquier ciudadano mayor de 18 años puede elegir entre los candidatos para esos 35 asientos de circunscripción geográfica, además de esos cinco "concejales de distrito". Sin embargo, los 30 escaños restantes, y que corresponden a la elección de los gremios, están reservados a miembros de una selecta élite proPekín. Unas 250.000 personas las que eligen esos 30 escaños. Es decir que una minoría exclusiva del 7% (250.000) decide el 42,8% del Consejo Legislativo, y estos, suelen ser afines a Pekín. Este curioso sistema de representación favorece los intereses de unos pocos y fue una de los principales protestas de la Revolución de los Paraguas de 2014.
En las elecciones de 2016 ocurrió algo insólito, los independentistas antiPekín lograron 6 escaños en el parlamento. Estas fuerzas defienden abiertamente desde la independencia directa de Hong Kong como ciudad-estado, o bien un celebrar un referéndum de independencia en "no más de 10 años" como dijo en su momento uno de elegidos, Joshua Wong, del partido Demosisto. Las fuerzas progobierno de Pekín agrupan 40 escaños en el Consejo, mientras que los pandemocraticos (independistas incluídos) poseen los otros 30 asientos.
De vuelta a ese 1 de julio de 1997, cuando Reino Unido devolvió la soberanía de Hong Kong a China, el gobierno de Pekín se comprometió a mantener durante 50 años (hasta 2047) una serie de libertades de las que gozaban los ciudadanos hongkoneses, inimaginables en la China continental. Así, la fórmula "un país, dos sistemas" ha permitido que Hong Kong disfrute de libertad de expresión, de reunión, de prensa libre, de Internet sin censura, y de un sistema judicial con garantías. Sin embargo, la influencia que Pekín ejerce sobre Hong Kong parece incrementarse progresivamente.
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