Hugo Chávez, contra todos

  • El presidente de Venezuela llega a un enfrentamiento extremo con los líderes de la oposición como el alcalde de Caracas o el gobernador de la provincia de Táchira.

SAN CRISTÓBAL (Venezuela) — El enfrentamiento cada vez más abierto del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con los líderes de la oposición subió unas décimas cuando hace unos días acusó al gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, de criticar al gobierno venezolano desde el extranjero y de conspirar con grupos paramilitares de extrema derecha.

"e;Mire, gobernador, le podría acusar ante los tribunales de traición contra la madre patria"e;, aseguró Chávez durante su programa televisivo semanal, emitido desde un rancho en el suroeste del país. "e;Desde aquí se lo digo: Si sigue así, le veo en Lima, jugando dominó con el otro"e;, dijo en referencia a otro político de la oposición, Manuel Rosales, exiliado en Perú.

El ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, reforzó la postura de Chávez al añadir que actuaciones de fuerzas de seguridad estatales en complicidad con grupos paramilitares de extrema derecha han llevado a un incremento del 43 por ciento del crimen en la zona desde que Pérez Vivas arrebató el gobierno al candidato pro chavista en las elecciones generales del pasado noviembre. El Aissami también acusó a Pérez Vivas de conspirar para separar a Táchira del resto de Venezuela, haciéndose eco así de una teoría expresada por Chávez durante la campaña electoral.

“Guerra sucia”

Pérez Vivas, abogado y profesor universitario, ha asegurado que las acusaciones son sólo el último paso de una campaña gubernamental para aplastar a los líderes de la oposición. "e;Es una guerra sucia que está desarrollando el gobierno con el objetivo de encontrar una forma de recuperar un estado como este, en el que les hemos derrotado política y electoralmente"e;, asegura desde su oficina en San Cristóbal, justo después de llegar de Caracas, en donde estuvo defendiéndose apareciendo en las cadenas de televisión nacionales. "e;Si tuviesen una sola prueba de que el gobernador César Pérez Vidal actúa fuera de la ley, ya me habrían encarcelado"e;, asegura.

Según la prensa venezolana, la actividad paramilitar ha aumentado en la zona fronteriza con Colombia, y entre los incidentes que se han reportado figuran actos de "e;limpieza social"e; contra prostitutas, homosexuales y traficantes de drogas. Un taxista en la ciudad fronteriza de San Antonio, que habla bajo condición de anonimato, asegura que todos sus compañeros han tenido que pagar una "e;vacuna"e; para protegerse de los grupos armados.

Sin embargo, Pérez Vivas puntualiza al respecto que la lucha contra este tipo de crímenes es tarea del ejército y de la Guardia Nacional, que están bajo control del gobierno nacional. Asegura además que antes de que tomar posesión de su cargo, la policía estatal tuvo que entregar al ejército todas sus armas, excepto las pistolas y las porras.

Las acusaciones contra Pérez Vivas llegan después de varias acciones legales contra destacados líderes de la oposición, y que las voces críticas contra el gobierno describen  como una forma de persecución política. En el mes de abril, una ley aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por las fuerzas de Chávez, dejó al alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, sin la mayor parte de sus poderes y trabajando en una oficina provisional. La ley ha dividido la parte occidental de la ciudad (controlada por Chávez) de la oriental, lo que ha permitido al presidente designar a un funcionario no elegido en las urnas para que supervise la administración de toda la capital venezolana.

Por otra parte, Manuel Rosales, alcalde de la segunda ciudad más grande del país, Maracaibo, y antiguo candidato presidencial, está actualmente refugiado en Perú, después de que el gobierno le intentase juzgar por cargos de corrupción. Rosales insiste en su inocencia, y asegura que huyó de Venezuela porque temor a no recibir un juicio justo.

Pérez Vivas denuncia asimismo que el gobierno intenta ahogar a los gobernadores de la oposición recortando los presupuestos regionales. En el presupuesto de 2009, el Gobierno central ha reducido los fondos regionales en un 21,33 por ciento como medida de "e;austeridad"e; para combatir los efectos de la crisis económica global y los bajos precios del petróleo. Leomagno Flores, secretario general de gobierno de Táchira, explica que el gobierno central ha recortado sin embargo su presupuesto sólo un 6,25 por ciento, forzando así a los estados regionales a soportar la mayor parte de los recortes.

Dichos recortes han forzado al gobernador a reducir el presupuesto destinado a obras públicas en un 75 por ciento, así como a rebajar el sueldo de muchos empleados estatales. No obstante, el gobierno central ha anunciado recientemente que enviaría a Táchira 56 millones de dólares adicionales (alrededor de 40 millones de euros), en torno a la mitad de lo recortado inicialmente.

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