El Gobierno ultranacionalista de Hungría ha presentado una segunda enmienda legal para mejorar el control del uso de fondos comunitarios, y evitar que la UE congele el desembolso de 7.500 millones de euros, informó este sábado el portal de noticias 'telex.hu'. La primera enmienda fue presentada el pasado lunes y contenía el apoyo de las autoridades locales en las investigaciones de OLAF, la oficina europea contra el fraude. La segunda ronda de propuestas, incluidas en un proyecto de ley presentado al Parlamento húngaro el viernes por la noche, estipula la creación de una "oficial de control interno y de integridad" que controlará el uso de fondos europeos en el país centroeuropeo.
Según 'telex.hu', un portal de noticias independiente, la nueva oficina, que formalmente no dependerá del Gobierno, tendrá 21 miembros, de ellos 10 de la sociedad civil. Sin embargo, el jefe de la oficina y sus dos adjuntos serán nombrados por la presidencia húngara, a propuesta del presidente del Tribunal de Cuentas, ambos cercanos al primer ministro, Viktor Orbán. La oficina de integridad estará obligada a denunciar supuestos caso de corrupción y fraude con dinero comunitario a la Fiscalía Europea contra el Fraude, de la que Hungría, por ahora, no forma parte.
La Comisión Europea abre la puerta la semana pasada a congelar 7.500 millones de euros en fondos europeos a Hungría por sus continuas violaciones a los principios del Estado de derecho, especialmente en materia de lucha contra la corrupción y fraude en los procedimientos de contratación pública. Budapest se comprometió al mismo tiempo a informar a la Comisión sobre la aplicación de medidas correctoras antes del 19 de noviembre.
El pasado mes de julio, la Comisión Europa informó a Hungría de que propondría medidas al resto de países de la UE para proteger el presupuesto comunitario, a no ser que desarrollara medidas correctoras adecuadas para solucionar el problema, y a partir de ahí Budapest se comprometió a adoptar 17 iniciativas. Las 17 propuestas húngaras se centran principalmente en el control de las licitaciones y del uso de los fondos comunitarios, creando, entre otros, una autoridad independiente que supervisaría la aplicación de las normas de utilización del dinero que llega de la UE. El país es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea (UE), con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta el año 2027.
Los toques de atención al país han sido constantes a lo largo del año. El Parlamento Europeo considera que el país es ya "un régimen híbrido de autocracia electoral" y no una democracia. En una nueva resolución sobre el estado de la democracia en Hungría, aprobada con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones, la Eurocámara constata que los hechos y las tendencias en el país "representan una amenaza sistémica a los valores del artículo 2 del TUE y entrañan un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el mismo".
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