El 'no' rotundo este martes de la Cámara de los Comunes a la 'hoja de ruta' del Brexit pactado por la Unión Europea y Theresa May deja más dudas que certezas en el aire. Y algunas de ellas tienen acento español. Multinacionales como IAG (la matriz de Iberia) o Ferrovial están pendientes de saber cuándo cambiará el Brexit (si ocurre) la realidad de sus negocios en las islas. Pero hay más dudas, como qué pasará con Gibraltar o en qué medida afectará a los residentes a uno y otro lado del Canal de la Mancha.
De momento, lo único que parece claro es el calendario de los próximos días. El primer paso, este miércoles, con la moción de censura planteada por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn que, a priori, no saldrá adelante.
Si fracasa y May sigue en Downing Street, su Gobierno conservador tiene hasta el lunes 21 para elaborar un plan alternativo, que tendrá que volver a presentar ante los Comunes y lograr un respaldo cohesionado. Tres jornadas, en las que, además, debe ganarse el respaldo de Bruselas a 'un plan B' donde el futuro de la frontera con Irlanda es el principal punto de fricción, porque nadie quiere una nueva barrera, pero tampoco mantener 'sine die' la libre circulación de personas y mercancías.
Tras el rechazo parlamentario, una de las opciones es retrasar el calendario, prorrogar las negociaciones y los tiempos y para que la salida del Reino Unido de la Unión Europa deje de ser efectiva el próximo 29 de marzo. Como consecuencia, el Gobierno español ya no tendría tanta prisa en elaborar una nuevo marco legal para los británicos que viven en España. La idea del Gobierno de Sánchez era aprobar en febrero un real decreto que redibuje sus derechos, en materias clave, como la asistencia sanitaria o el reconocimiento de titulaciones oficiales.
Los españoles en Reino Unido
Todo depende de que haya acuerdo. Si la salida es pactada, sea cuando sea, los españoles que viven en el Reino Unido no van a perder sus derechos. De hecho, la Unión Europea ha elaborado un documento de preguntas y respuestas frecuentes sobre qué pueden esperar los comunitarios que residen en las islas. "No solo podrá permanecer en el Reino Unido, sino que conservarán todas las opciones que actualmente confiere la legislación de la UE en materia de libre circulación a los ciudadanos de la UE". Es decir, podrán trabajar, estudiar o crear una empresa.
Pero si se acaba en un escenario de Brexit duro, es otra historia. En ese caso, el Gobierno de Sánchez reconoce que "trabaja con la Unión Europea y Reino Unido, y a nivel interno, en medidas de contingencia que se garanticen los derechos de los ciudadanos españoles que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada". Un marco que aún no está hilado.
Un nuevo marco para las empresas
El real decreto que anunció el Ejecutivo español la semana pasada también entraba en terreno empresarial. Incluiría normas sectoriales, que aún no ha detallado, entre otros, para el sector financiero y sobre aduanas, que complementen la normativa de la UE. Eso sí, de nuevo, si hay Brexit pactado. También se preparan, según adelantó Isabel Celaá la pasada semana, medidas para "ayudar a las empresas en este tránsito".
Dos de las compañías que han concentrado más atención en cómo quede el adiós británico a la UE son IAG (la matriz de Iberia) y Ferrovial, que gestiona el aeropuerto de Heathrow. En el caso del consorcio aéreo, que haya una salida pactada es clave para que pueda seguir operando con normalidad. De hecho, los Ministerios de Fomento y de Industria ya están actuando ante la Comisión Europea para que garantice que Iberia y Vueling, que tienen su sede en España, puedan operar sin dificultades, no tengan que renegociar sus derechos de vuelo aunque la mayoría de su accionariado esté en manos extracomunitarias.
En el caso de Ferrovial, la compañía está expuesta, sobre todo, por su gestión del primer aeropuerto del Reino Unido. Su objetivo, para atemperar esa incertidumbre, ha pasado por poner a la venta su división de servicios. Reducirá así su exposición a un negocio que, en el conjunto de países donde opera, le aportó el pasado año cerca de 7.000 millones de euros en ingresos.
Sin embargo, la cuestión más política es el futuro de Gibraltar. Pedro Sánchez amenazó con vetar la última cumbre de los 27 si no se daba poder a España en las negociaciones por el peñón, independientemente de qué pase en Londres. Y poder tendrá porque cualquier negociación sobre Gibraltar tiene que contar con el visto bueno de España, haya Brexit duro o blando.
A la espera de cuáles serán los próximos pasos de Theresa May, de si Bruselas acepta renegociar los términos de Londres o de si la Cámara de los Comunes mantiene un rechazo frontal y Reino Unido va a elecciones, el Brexit puede retrasarse. La UE ya trabaja con la opción de que los británicos aspiren a ganar tiempo y extender los plazos de salida, al menos, hasta julio.
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