Iñaki Gonzalo Casal 'Kitxu' fue detenido por la Ertzaintza el 25 de octubre de 1994, junto a los otros tres miembros del comando de legales Lanbroa (Bruma) de ETA.
Kitxu, que trabajaba en Egin Irratia, fue captado para la banda terrorista por José Javier Zabaleta Elósegui 'Waldo', para liderar un comando que fue desarticulado en el momento en el que iban a comenzar a matar.
Los miembros del comando Lanbroa fueron arrestados en la plaza del Puente Colgante de Las Arenas, en Getxo, donde la policía vasca sospechaba que ultimaban un atentado.
Además de a Kitxu que contaba entonces con 30 años, la Ertzaintza detuvo a Iñigo Otazua Urresti, de 26; Ángel Figueroa Fernández, de 22 (fallecido en marzo de 2013 a causa de una enfermedad), y Andoni Muñiz de Vivar, de 28 (que saldrá de prisión el 25 de diciembre de 2013).
Los terroristas tenían en su poder listas de matrículas de coches particulares tanto de militares como de policías, y habían conseguido recabar información de los objetivos. La Ertzáintza alertó a las personas que aparecián en la documentación intervenida del seguimiento al que habían sido sometidas por ETA.
En la operación con la que se logró desarticular al comando de legales (no fichados), se incautaron dos pistolas Star robadas a la Ertzaintza en la Diputación de Guipúzcoa, un subfusil y otras armas de fuego. Los etarras del Lanbroa contaban también con un escáner para interceptar comunicaciones policíales y documentos de ETA con instrucciones para fabricar bombas.Preparados para derramar sangre
La Ertzantza atribuyó al comando la autoría de la colocación de sendas bombas en Portugalete y Sestao, y un atentado contra la vía férrea que paralizó el tráfico de trenes entre Galicia y Cataluña el 31 de agosto de 1994.
La Audiencia Nacional condenó a Iñaki Gonzalo Casal 'Kitxu, junto al resto de componentes del comando Lanbroa, a 67 años de cárcel por la colocación de tres artefactos explosivos, tenencia de armas y falsificación de documento oficial.
Se le condenó también por pertenencia a banda armada, terrorismo en grado de consumación, terrorismo en grado de tentativa, depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. Además se le impuso la obligación de indemnizar a Renfe con 820.000 pesetas.
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