El estudio, elaborado por el Grupo de Investigación del Congo (CRG, por sus siglas en inglés), analiza una serie de sucesos acontecidos en la zona de Beni desde 2013 y que terminaron desencadenando una masacre con al menos 800 muertos y 180.000 desplazados.
Los ataques, cometidos principalmente con machetes, alcanzaron "un nivel de brutalidad sin precedentes" y tiñeron de sangre una región tradicionalmente tranquila. El CRG ha tratado de arrojar luz a una violencia rodeada de "misterio" y atribuida hasta ahora a los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).
El grupo ha realizado una investigación de dos años con 245 entrevistas y ha concluido que, aunque los rebeldes "participaron en la mayoría de las masacres", considera "claro" que oficiales vinculados al desaparecido Ejército Popular Congoleño iniciaron las masacres "en colaboración con las ADF y jefes locales".
A finales de 2014, miembros de las Fuerzas Armadas, con el general Muhindo Akili Mundos al frente, lograron "penetrar" en las redes insurgentes y, en lugar de llevar ante la Justicia a los presuntos perpetradores de abusos, contribuyeron a una "escalada" de la violencia. "Todas las partes se beneficiaban de poder culpar a una organización islamista y extranjera de los asesinatos", han apuntado los investigadores.
El CRG ha advertido de que "las respuestas del Gobierno congoleño y de sus socios extranjeros fueron, cuanto menos, inadecuadas". En este sentido, ha afirmado que aunque inicialmente la operación del Ejército sí atacó a las ADF con firmeza, la evolución posterior terminó haciendo a las fuerzas del Gobierno "cómplices" de las masacres.
Un portavoz del Gobierno congoleño, Lambert Mende, ha asegurado tras la publicación de este informe que varios altos mandos militares han sido condenados por la violencia, pero ha criticado la labor del CRG por "intentar reavivar un asunto del pasado", srgún la agencia Reuters. El general nombrado en el documento, Muhindo Akili Mundos, ha negado cualquier responsabilidad.
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