Italia castigará a la clase trabajadora con duros recortes sociales y más impuestos

Italia ha evitado este viernes presentar un plan de contingencia inmediato para la crisis presupuestaria abierta tras el requerimiento de la Comisión Europea de una solución al creciente nivel de deuda pública en el país, que podría derivar en un incumplimiento del objetivo de déficit. Desde Bruselas se exigieron explicaciones a las cuentas italianas por no haber hecho "los esfuerzos suficientes" para rebajar el nivel de deuda del 132% actual, por lo que en la contestación remitida por el ministro de Economía, Giovanni Tria, se detallaban medidas concretas para cumplir con los límites fijados, que pasan por imponer duros recortes sociales a las clases trabajadoras, que también sufrirán un incremento sensible de los impuestos indirectos.

Desde el ministerio de Tria se informaba de que "el Gobierno italiano está comenzando una nueva revisión de los gastos y confiamos en que será posible reducir las proyecciones de gasto para nuevas políticas de bienestar en el período 2020-2022". Específicamente, las políticas sociales a las que se refiere la carta enviada a Bruselas son la renta de ciudadanía y cuota 100, medidas para personas desempleadas y para las pensiones introducidas a instancias del Movimiento 5 Estrellas (M5E), que gobierna en coalición con la ultraderechista Liga, y que son nombradas en otra parte de la carta.

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Con estos recortes, se pondría fin a la revolucionaria reorganización del sistema de pensiones que se aprobó el pasado en enero para rebajar la edad a la que los trabajadores se pueden jubilar, teniendo la posibilidad de hacerlo a partir de los 62 años si han cotizado durante al menos 38 años. Se la conoce como 'cuota 100', ya que las dos cifras (años de vida y años cotizados) tienen cierto margen de combinación siempre y cuando la suma sea igual o superior al centenar. Es decir, que a día de hoy, una persona se puede jubilar en Italia a los 60 años si tiene 40 años de cotización.

También se acabaría la renta de ciudadanía [prestación por desempleo], de la cual teóricamente se podrían beneficiar cinco millones de personas, quienes disfrutan de unas ayudas que varían desde los 780 euros a los 1.330, dependiendo del número de miembros del núcleo familiar. Y todo ello a pesar de la pompa del anuncio de la renta y de la cuota 100 el pasado enero realizada por Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas y coaliado de la Lega: "Hemos encontrado cerca de 12.000 millones de euros al año con los que financiar la renta de ciudadanía  y la reforma del sistema de pensiones".

Pero, además, Italia promete una mayor recaudación de los impuestos indirectos, a pesar de que no aclara si aumentará el IVA: en su respuesta a la UE, Tria también señalaba ayer que "en línea con la legislación vigente, el programa de estabilidad prevé un aumento de los impuestos indirectos de casi el 1,3 % del PIB, que entraría en vigor en enero de 2020". Sin embargo, añade: "Los partidos políticos han expresado reservas sobre el previsto aumento del IVA, pero todavía tenemos una serie de medidas alternativas para garantizar la mejora estructural antes mencionada".

Teniendo en cuenta el PIB de Italia, de unos 1,73 billones de euros en 2017, ese 1,3% extra que pretende recaudar el Gobierno supone unos 22.500 millones de euros, una cantidad relativamente alta como para conseguirla aumentando simplemente impuestos indirectos pero sin tocar el IVA, por lo que se empieza a temer una nueva subida de impuestos a productos y bienes que no sean de primera necesidad, como puedan ser la gasolina o el tabaco.

Sea como fuere, en la misiva, el ministro de Economía también afirma que el Gobierno pretende introducir "nuevas medidas para simplificar el sistema tributario y mejorar la lealtad fiscal". Se señala que "el Parlamento ha invitado al Gobierno a reformar, sujeto a los objetivos de reducción del déficit para el período 2020-2022, el impuesto sobre la renta personal, reduciendo el número de tramos y la presión fiscal sobre la clase media. También se realizará una revisión de las deducciones fiscales y exenciones".