El Gobierno italiano estimó hoy que el plan de reformas, con el que el país quiere obtener los más de 200.000 millones de euros de las ayudas de la Unión Europea (UE) para países afectados por la pandemia, tendrá un impacto superior al 3 % en el producto interior bruto (PIB) para 2026. Así lo dijo el ministro de Economía de Italia, Daniele Franco, en una comparecencia parlamentaria, en la que subrayó que el Ejecutivo ultima este plan de inversiones y proyectos para poder enviarlo a la Comisión Europea (CE) antes del 30 de abril y recibir los primeros recursos en verano.
"Los recursos europeos estarán disponibles a finales del verano (...). Tenemos menos de dos meses para finalizar el plan y no tener retrasos", dijo. Franco ha subrayado que el programa llamado 'Next Generation EU' "es un paso histórico en el proyecto europeo y en la construcción de un presupuesto común", y también supone "una oportunidad muy importante" para que Italia aborde "algunos problemas estructurales de forma coordinada y con los medios pertinentes", como el de su estancamiento desde hace décadas.
Ahora, necesita definir "proyectos ambiciosos y detallados" que sirvan para la actual y la próxima legislatura, ya que los Estados deberán comprometer -asignar a proyectos concretos- el 70 % de los recursos entre 2021 y 2022 y el 30 % en 2023, aunque los pagos se podrán alargar hasta 2026. "Es un ejercicio de aprendizaje sin precedentes para las instituciones italianas y, con suerte, nos brindará un país más próspero, justo y sostenible, con una Administración pública más eficiente y un entorno más favorable al crecimiento", apuntó.
Italia recibirá unos 209.000 millones de euros del programa "Next Generation EU", de los que unos 191.000 millones serán del "Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia", y de estos al menos 127.000 millones serán préstamos. El pasado enero, el Gobierno italiano del entonces primer ministro Giuseppe Conte elaboró siete áreas de inversión, entre ellas digitalización, transición ecológica, sanidad, infraestructuras e inclusión social; y ahora el Ejecutivo de Mario Draghi tiene que detallar las reformas concretas, los objetivos y los tiempos.
Franco también se ha referido a la polémica abierta en el país después de que su ministerio haya anunciado un contrato de consultoría por valor de 25.000 euros con la firma McKinsey y ha dicho que "ninguna estructura privada tomará decisiones ni tendrá acceso a información privilegiada o confidencial". Su ministerio ya ha dejado claro que el contrato con la consultora es para que elabore un estudio sobre los planes del resto de socios europeos que también pedirán ayudas del fondo de recuperación. Algunos miembros del Gobierno habían pedido explicaciones al ministro sobre qué papel iba a tener McKinsey y si iba a ser decisivo respecto al de otros ministerios.
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