El Gobierno italiano, que preside Mario Draghi, obligará a los empleados del sector público y privado a presentar en sus puestos de trabajo el certificado sanitario de coronavirus desde el 15 de octubre, según ha recogido la prensa italiana, que avanza que el decreto para regular la medida se conocerá completamente durante la tarde de este jueves, tras el Consejo de Ministros. "Nos han dicho que se aplicará el certificado sanitario para el sector público y privado", dijo el secretario general del sindicato UIL, Pierpaolo Bombardieri, al término de la reunión entre Draghi y las principales organizaciones de representantes de los trabajadores.
El llamado en Italia "pase verde" es el certificado sanitario, válido en papel o digital, que muestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha realizado una prueba con resultado negativo en las 48 horas anteriores a presentarlo. El país ya lo exige para determinadas circunstancias, como el acceso a restaurantes y bares, gimnasios, museos, convenciones o trenes y aviones.
La intención del Ejecutivo italiano con la medida es ampliar las cifras de vacunación en el país europeo tanto como sea posible antes de la llegada del invierno y una eventual nueva ola de contagios. Según Draghi, el fin es que en unas semanas Italia alcance unas cotas de personas inmunizadas tan altas que el país entre en una "zona segura", recoge 'Il Corriere della Sera'.
A principios de septiembre, el primer ministro italiano y el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, se mostraron partidarios de hacer la vacunación obligatoria contra el coronavirus, pero el secretario general del mayor sindicato del país, CGIL, Maurizio Landini, aseguró este miércoles que Roma no contempla esta hipótesis por el momento. "Hemos dicho al Gobierno, como ya habíamos hecho antes, que pensamos que el mejor camino es el de aprobar un procedimiento legislativo que obligue a la vacunación. En este contexto, hemos sido informados de que lo que están haciendo no prevé, por ahora, ese escenario. No lo excluyen, pero no está previsto por ahora", expuso.
Landini reivindicó que los empleados no pueden verse obligados "a pagar por trabajar", en referencia a las pruebas de COVID-19 que se deberán hacer aquellos que no estén inmunizados. "No pedimos la gratuidad de las pruebas, solo decimos que quien trabaja no puede pagar por trabajar", argumentó. Italia tiene actualmente al 74,61 % de la población de más de 12 años inmunizada contra el coronavirus. La aplicación del certificado de vacunación es una cuestión que genera tensiones en las filas del Gobierno, especialmente con la ultraderechista Liga, cuyo líder, Matteo Salvini, trata de ganar el favor de un sector de la población que se opone a la vacunación y sostiene que este pase sanitario es una manera de forzar a la gente a inocularse las dosis si no quiere someterse a pruebas moleculares o de antígenos continuas.
El 'green pass' también será obligatorio para todos los cargos electos italianos, según avanza la agencia Adnkronos. Asimismo, el Ejecutivo italiano ha previsto la imposición de multas económicas para los empleados que no cumplan con la medida e, incluso, la suspensión de empleo hasta que no se vacunen.
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