Tres cuartas partes de los mandos de la Guardia Civil están en pie de guerra. En concreto, algo más de 2.000 jefes del instituto armado se sienten despreciados por la cúpula de su institución. La razón es el proyecto de Ley de Personal que está a punto de iniciar su trámite parlamentario. La norma, pendiente desde 2007 –cuando la anunció la Ley de Carrera Militar–, lleva siete años de retraso, pero para muchos hubiera sido mejor que no llegara nunca, al menos en los términos en los que ha sido redactada por el Gobierno.
El texto que salió del Consejo de Ministros y que está a punto de iniciar su andadura en Las Cortes tiene el objetivo, entre otros, de adaptar las categorías profesionales del instituto armado al marco educativo europeo, más conocido como Bolonia, donde desaparecen las diplomaturas y las licenciaturas y se crea un único título denominado grado. El problema es que en la Guardia Civil no todos los jefes tienen la misma trayectoria profesional. Unos accedieron a la escala de oficiales directamente, los que estudiaron en la Academia General Militar de Zaragoza, y otros tuvieron que promocionar desde abajo. Los primeros –tras la ley 28/94– fueron equiparados a licenciados y los segundos, a diplomados (aunque algunos de estos últimos también sean licenciados porque han hecho su carrera al margen de la institución o porque la licenciatura era un requisito para acceder, tema este más complejo que merece capítulo aparte).
Es a estos últimos precisamente a los que el proyecto de ley ningunea. O así lo entienden, entre otros, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que agrupa a mandos de todas las procedencias. En concreto, la propuesta gubernamental indica que los que vienen de Zaragoza se integrarán en la nueva escala de mandos directamente, sin necesidad de hacer ningún trámite, y su título será equiparable al de grado. Para el resto, los que han ascendido por promoción interna, la cosa se complica. Solo podrán integrarse en la nueva escala una vez que hayan ascendido a capitán y superen un curso de 60 créditos cuyo contenido aún no ha sido definido.
No tiene en cuenta la proposición, por lo tanto –y aquí viene la queja–, que muchos de los que han subido por promoción interna tienen una o dos licenciaturas y en algunos casos incluso algún máster. Según el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, más de la mitad de estos mandos cuentan con carrera universitaria superior.
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García argumenta, además, que no tiene sentido esta decisión porque en la Guardia Civil todos los mandos hacen las mismas funciones, hayan llegado al puesto vía Zaragoza o por medio de la promoción interna. No está justificado, subraya, que se destierre a algunos a pasar por ese trámite que además puede alargarse durante mucho tiempo. "En algunos casos, diez años hasta que algunos asciendan a capitán", asegura el representante de la Unión de Oficiales, que se pregunta también qué pasará con esos mandos que no se integren y que se queden en una "escala a extinguir".
El propio García se responde y asegura que "no tendrán ninguna expectativa profesional", ya que serán los últimos que tengan derecho a ascender. "Todas las vacantes serán para los que se integren automáticamente o hagan el curso, con lo que no habrá sitio para ellos", explica el representante de la asociación, que a través de un comunicado amenaza con sacar a los mandos a la calle como forma de protesta contra esta normativa.
Las limitaciones en las formas de expresión que establece la ley española provocan que los mandos solo puedan alzar la voz a través de las asociaciones profesionales, y no siempre en los términos que puede hacer, por ejemplo, la Policía por medio de sus sindicatos. Sin embargo, en esta ocasión, no pocos oficiales están utilizando las redes sociales para alzar la voz y decir lo que piensan sobre la propuesta normativa. Twitter y Facebook están incendiados de comentarios contrarios a la propuesta gubernamental.
Actualmente, toda la cúpula de la Guardia Civil está formada por mandos salidos de la Academia General de Zaragoza, único colectivo al que beneficia la Ley de Personal. Éstos, sin embargo, suponen apenas el 32% de los 3.077 oficiales que hay en el cuerpo (a enero de 2014).
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