Lord Doherty, el juez del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la corte más alta de Escocia, ha considerado este miércoles que la suspensión del Parlamento británico planeada por Boris Johnson es legal, tal y como informa Press Association. La acción legal dirigida a evitar que el Gobierno de Reino Unido suspenda la Cámara de los Comunes antes de la fecha límite para ejecutar el Brexit (el 31 de octubre) ha sido desestimada por el tribunal.
El juez Lord Raymond Doherty explica que la acción del Gobierno "no contraviene la ley", porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo". Es la segunda vez que rechaza la petición de urgencia propuesta por un equipo legal que actúa para casi un centenar de parlamentarios británicos, que pretendían que la justicia escocesa bloquease la suspensión de la cámara acordada el pasado miércoles por la reina Isabel II. Y parecía ser el camino judicial más corto, porque la segunda vía judicial (acudir al Tribunal Supremo británico), podría no conseguir un fallo antes del cierre del Parlamento, previsto para la próxima semana.
Durante la lectura de su veredicto, el magistrado ha señalado que no está convencido de que la cuestión sea "justiciable", es decir, que la acción del Gobierno pueda en este caso ser llevada ante los tribunales, ya que "el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento". Es una "decisión política", ha apuntado, añadiendo que, tomando en cuenta "la separación de poderes", no era voluntad del tribunal "interferir" en la labor gubernamental.
Lord Doherty concluyó destacando que rechaza así la petición de los demandantes que pretendían que el caso fuese tildado de "ilegal" y "anticonstitucional" y que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo británico, que podría celebrar una vista el 17 de septiembre. La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, que ha liderado la demanda, afirmó en Twitter que considera que el juez "ha cometido un error de ley en este punto y en otros" y confirmó que los demandantes buscarán "apelar de inmediato".
Sin embargo, la vía parlamentaria parece tener más recorrido, tras la histórica 'bofetada' del martes al plan de Boris Johnson. Ahora, parece más probable que el Parlamento pueda aprobar el proyecto de ley para que antes del 19 octubre 2019 Johnson esté obligado a llevar a cabo una de las tres siguientes acciones: que los parlamentarios aprueben el acuerdo de retirada, que los parlamentarios aprueben una moción acordando un Brexit sin acuerdo, escribir a la UE solicitando una extensión del artículo 50 más allá del 31 de octubre. A diferencia de la enmienda que ya aprobaron (en dos ocasiones) los 'comunes' entre enero y marzo, esta no sería meramente consultiva, sino de obligado cumplimiento por parte de Johnson.
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