Myanmar sigue sumida en el caos después de que un juez birmano haya aceptado la petición del Ejército para detener durante dos semanas a la líder del país, Aung Sang Suu Kyi, y al presidente del gobierno, Win Myint, por un supuesto delito de importación y uso ilegal de equipos de comunicación. A pesar de estos arrestos, las autoridades han liberado después de tres días a más de 400 personas que fueron arrestadas durante el golpe militar. El miércoles, la Policía había acusado a Suu Kyi de violar la Ley de Exportación e Importación, mientras que Myint fue señalado bajo la Ley de Gestión de Desastres Naturales.
Supuestamente, la seguridad privada de la vivienda donde permanece en arresto domiciliario la líder tendría en su posesión nueve 'walkie talkies'. En caso de ser declarada culpable, se arriesga a una pena de hasta tres años de prisión, informa el diario 'The Irrawaddy'. Según recoge 'Myanmar Times' -y señala Europa Press- la sentencia del tribunal legaliza la detención durante dos semanas más, a la espera de que el recién establecido Gobierno militar consolide su control sobre el país.
En cuanto al presidente, ha sido acusado de violar las restricciones impuestas para luchar contra el coronavirus cuando acudió a un acto de campaña, al que, según la Policía, acudieron unas 760 personas, pese a que el máximo permitido era de 50. Por su parte, el Ejército ha liberado a unas 400 personas, incluidos miembros de la NLD, el partido gobernante y ganador de las elecciones que desencadenaron la insurrección militar, tal y como han confirmado fuentes del movimiento a Kiodo News. Además, el Gobierno militar ha nombrado a una nueva Comisión Electoral para supervisar las supuestas elecciones que se han comprometido a convocar una vez acabe el estado de emergencia de un año que declararon tras la toma del poder, recoge 'The Irrawaddy'.
El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque ninguno ha presentado pruebas de este supuesto fraude. Las Fuerzas Armadas habían dejado entrever su malestar por estas presuntas irregularidades, incluso sugiriendo que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada. Finalmente, el lunes con las detenciones de los principales líderes del país y horas antes de que se celebrara la sesión en el Parlamento que confirmara los resultados, el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, se hizo con el poder.
La ONU luchará para que el golpe fracase
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este miércoles que el organismo hará "todo lo posible" para "presionar" con el objetivo de lograr que el golpe de Estado militar del lunes en Birmania "fracasa". "Haremos todo lo posible para movilizar a todos los actores clave de la comunidad internacional para poner suficiente presión sobre Birmania y asegurarnos de que este golpe fracasa", ha dicho, en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Washington Post' que recoge Europa PRess.
"Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad (de la ONU) no ha logrado unidad en este sentido", ha manifestado, tras la decisión de China de bloquear el miércoles una resolución de condena presentada por Reino Unido ante el organismo. Así, ha indicado que "es absolutamente inaceptable" que el Ejército diera un golpe "para revertir el resultado de las elecciones y la voluntad popular" tras los comicios legislativos de noviembre, que "tuvieron lugar con normalidad" y "tras un largo periodo de transición".
"Si podemos acusar de algo Suu Kiy es de estar demasiado cerca del Ejército, para proteger al Ejército"
"Si podemos acusar de algo a Aung San Suu Kyi --la líder 'de facto' del país, detenida durante la asonada-- es de estar demasiado cerca del Ejército, de proteger al Ejército, principalmente en relación con lo ocurrido con la dramática ofensiva del Ejército contra los rohingyas, que llevó a un éxodo masivo a Bangladesh", ha sostenido. "Aung San Suu Kyi asumió esta defensa del Ejército, incluso ante los tribunales internacionales. Si podemos acusarla de algo es de estar muy cerca del Ejército. Es absolutamente inaceptable ver este golpe", ha agregado Guterres, en referencia a la imputación de Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la campaña contra los rohingyas.
Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en el estado birmano Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos. La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a denunciar una posible "limpieza étnica".
Por ello, Guterres ha expresado su deseo de que "la democracia pueda hacer progresos de nuevo en Birmania" y ha hecho hincapié en que "para ello deben ser liberados todos los presos, el orden constitucional debe ser reestablecido". "Espero que la comunidad internacional pueda unirse", ha añadido. "Espero que sea posible lograr que el Ejército de Birmania entienda que esta no es la forma de gobernar el país y que no es la forma de seguir hacia adelante", ha zanjado.
El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades. Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades. El Ejército, que cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada.
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