La justicia escocesa da luz verde a que el plan de Johnson se vote en el Parlamento

  • El Tribunal de Sesiones de Edimburgo considera que el el tratado acordado con Bruselas no viola la legislación británica en materia impositiva.
Boris Johnson, en la cumbre con la UE
Boris Johnson, en la cumbre con la UE
EFE

Boris Johnson podrá someter a votación el acuerdo alcanzado este jueves con la UE para el Brexit, después de haber sorteado el último escollo judicial. El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la máxima instancia judicial de Escocia, ha determinado este viernes que el acuerdo de retirada alcanzado hoy entre el Gobierno británico y la Unión Europea cumple con la legalidad, en el procedimiento solicitado de urgencia por el abogado antiBrexit Jo Maugham, quien consideraba que el tratado viola la legislación actual en materia impositiva.

Su objetivo era que el texto fuese votado en el Parlamento británico en la sesión extraordinaria programada para mañana sábado. La demanda se basa en el principio de que el acuerdo de retirada contraviene la sección 55 de la Ley de Impuestos para el Comercio Transfronterizo de 2018, la cual recoge que Irlanda del Norte no puede tener reglas aduaneras diferentes a las del resto del Reino Unido, para "defender la integridad constitucional del Reino Unido y salvaguardar la Unión en el futuro".

Por su parte, el fiscal general de Reino Unido, Geoffrey Cox, ha declarado este viernes, antes de la votación en el Parlamento, que el acuerdo alcanzado con Bruselas cumple con la legalidad y que no existe peligro de que Reino Unido se quede atrapado en la UE por culpa de la cláusula de salvaguarda. Al contrario del criterio que exhibió hace unos meses antes de la segunda votación del plan de Theresa May, en esta ocasión Cox considera que el acuerdo de Johnson cuenta con mecanismos más efectivos para evitar esta situación.

"No hay motivos para suponer que la UE tendría una base legal para afirmar que los artículos 5 a 10 del protocolo deberían seguir aplicándose en ausencia de ese consentimiento [por parte de Reino Unido] o que la UE tendría un veto sobre el derecho de los miembros de la asamblea legislativa de Irlanda del Norte a retener el consentimiento para la aplicación continua de esas disposiciones", ha explicado Cox.

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