Justicia internacional: miles de millones, pocos resultados

El 26 de agosto de 2008 empezaron las escaramuzas bélicas entre Rusia y Georgia sobre la diminuta región de Osetia del Sur. Este lunes, más de dos años después, la Corte Internacional de Justicia de La Haya inicia las audiencias públicas por la denuncia presentada por la ex república soviética. Es la inauguración oficial de un proceso de duración indeterminada y que acabará con una resolución previsiblemente salomónica que además, en el caso concreto de este tribunal, carecerá de consecuencias penales.

Multitud de órganos jurídicos internacionales de diverso calibre han ido surgiendo en estos últimos años y varios países han ido adoptando el principio de jurisdicción universal para perseguir crímenes contra la humanidad. Sin embargo, años de dedicación, centenares de empleados y miles de millones de euros gastados han servido apenas para emitir unas pocas órdenes que mayoritariamente han sido incumplidas y condenas que nunca han sido para los principales responsables de los crímenes imputados.

En el caso concreto de la Corte Internacional de Justicia, ha funcionado durante estos dos últimos años -el tiempo que ha tardado en arrancar el proceso de Osetia- con un presupuesto aproximado de 36 millones de euros, según el último informe del propio órgano (PDF); de ese montante, algo más de siete millones se han invertido en pagar los sueldos de sus trabajadores.

Esta corte no es la única que asume casos de arbitraje entre países, de hecho ni siquiera es la única que hay en La Haya. La CIJ es el órgano jurídico de las Naciones Unidas y carece de competencias para emitir condenas penales más allá de mediar con resoluciones en conflictos entre sus países miembros. De hecho, el suyo es el presupuesto más bajo de cuantos tribunales internacionales hay.

El órgano jurídico que más atención ha recibido por parte de la opinión pública en los últimos años es la Corte Penal Internacional, creada en 1998, apoyada una amplia mayoría de países del mundo y regida de forma independiente para juzgar casos de genocidio, lesa humanidad, guerra y el poco definido concepto jurídico de agresiones. Para conseguirlo habría invertido unos 393 millones de euros en estos 12 años de vida, según una organización que defiende que la CPI es un organismo interesado porque nadie supervisa que sus actuaciones sean correctas. Su personal cobra importantes salarios por los trabajos que realizan que, desde un punto de vista práctico, son cuanto menos poco resolutivos.

Tribunales especiales para conflictos concretos

Pero además de estos dos grandes tribunales, la ONU auspició la creación en 1993 y 1994 de dos tribunales específicos para juzgar a los responsables de dos de los conflictos más sangrantes de los últimos años: el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Criminal Internacional de Ruanda (ICTR).

Naciones Unidas calcula en sus presupuestos (PDF) que en sus 14 primeros años de vida el TPIY, en el que trabajan 122 personas, ha gastado unos 942,7 millones de euros, a los que habría que sumar los 257 millones de euros netos que tenían presupuestados para el bienio 2008-2009. Por su parte, el ICTR, donde trabajan 77 personas, gastó en 13 años 864,2 millones de euros, a los que habría que sumar los 222,5 millones de euros netos presupuestados para estos dos últimos años.

La lista sigue si se cuentan los tribunales internacionalizados, es decir, aquellos configurados tanto por personal del país del que se ocupa como por funcionarios internacionales, como el Panel Especial para Timor Oriental creado en 2000, el Tribunal Especial para Sierra Leona creado en 2002 y del que sólo se ha hablado cuando la modelo Naomi Campbell fue llamada a declarar, el Tribunal para el Genocidio Camboyano o el Tribunal Especial para el Líbano, creado en 2007.

Miles de millones, pobres resultados

En total, miles de millones de euros invertidos en perseguir, juzgar y condenar a los responsables de los principales crímenes contra la humanidad de la historia moderna con un resultado irregular. 

El ejemplo más conocido es el de Slobodan Milosevic, ideólogo y responsable del conflicto armado de los Balcanes, que fue trasladado en La Haya en 2001 y falleció cinco años después sin haber sido juzgado. Pero no es el único caso: Radovan Karadzic, el encubridor de los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y a quien se responsabiliza directa o indirectamente de unas 20.000 muertes, fue capturado hace ya dos años y su juicio sigue esperando para reanudarse sin apenas haber comenzado.

La falta de operatividad de estos tribunales no termina en la antigua Yugoslavia: en marzo de 2009, el argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional con el que trabaja actualmente Baltasar Garzón, ordenó la captura de Omar al-Bashir, actual presidente sudanés, por su presunta implicación en crímenes contra la humanidad llevados a cabo en la región de Darfur: más de un año después Bashir sigue en el cargo y la petición ha quedado en papel mojado.

La eterna promesa de la jurisdicción universal

Otro frente improductivo de la justicia trasnacional es el esfuerzo que algunos países han desarrollado por su cuenta con el principio de la jurisdicción universal, según el cual un país puede ser competente para juzgar a personas acusadas de genicidio o crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan producido dichos delitos, lo cual supone una inversión particular de cada Estado en los procesos que decida emprender.

Países como Bélgica, Alemania o España han abierto procesos en base a dicho principio, que ha llevado a encarcelar a algunos implicados en asesinatos producidos en países como Ruanda, Bosnia o Chile, por citar tres ejemplos en los que ninguno de los apresados era el último responsable. 

En el caso español, la posibilidad de acogerse al principio de jurisdicción universal emana de la Ley Orgánica del Poder Juduicial de 1985, pero no fue hasta 1998 se puso en práctica, cuando el juez Baltasar Garzón abrió una causa contra el dictador chileno Augusto Pinochet, lo que provocó que otros países, como Argentina, empezaran a aplicar dicho principio. Finalmente Pinochet se libró del juicio tras mentir sobre su estado de salud y murió en su casa habiendo burlado a la justicia tras aquella escena del aeropuerto de Santiago de Chile en la que, nada más aterrizar, se levantó de la silla de ruedas para comenzar a caminar por su propio pie.

Durante cinco años se abrieron en la Audiencia Nacional un total de quince procesos a cargo del Erario público para tratar de condenar a responsables de dictaduras militares latinoamericanas, de la opresión tibetana o de la muerte de civiles inocentes en Irak, entre otros casos. Finalmente, en verano de 2009 una amplia mayoría del Congreso decidió reformar dos artículos de la Ley Orgánica para que la aplicación del principio se redujera exclusivamente a aquellos casos en los que hubiera implicado algún ciudadano español.

De un plumazo, tras cinco años de trabajo y tantos medios empleados, sólo tres de los quince casos que estaban en marcha iban a poder seguir en pie: el que investiga la muerte del cámara José Couso en Irak a manos de soldados estadounidenses en 2003, por la que tres militares norteamericanos están acusados y cuyas peticiones de entrega a EEUU han sido ignoradas reiteradamente, el caso que investiga el asesinato de seis españoles en El Salvador y el paso por España de los vuelos secretos de la CIA con prisioneros para Guantánamo.