Quito, 17 feb (EFE).- La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) anunció hoy que dejará Ecuador y se instalará provisionalmente en Uruguay, debido a la decisión del Gobierno ecuatoriano de poner fin a un convenio que le otorgaba un estatus de inmunidad y algunos privilegios tributarios.
"Al quitarnos el estatuto de protección, el Gobierno nacional nos deja en una situación de extrema indefensión y desprotección que nos impedirá continuar con las acciones emprendidas bajo ese estatuto protector", afirma un comunicado difundido por la ALDHU.
Según la organización, la decisión "lamentable" del presidente Rafael Correa supone "la salida forzada" de la sede principal de ALDHU, que está en Ecuador.
Ante ello, la directiva decidió instalar la sede temporal en Uruguay, "hasta que existan las condiciones mínimas de garantías y la voluntad política" para restablecer la sede en Ecuador.
"Mantendremos en Ecuador una oficina de enlace que nos permita al menos concluir los trabajos humanitarios en desarrollo y dejaremos habilitada una procuración judicial para continuar las acciones civiles y penales en contra de quienes han ofendido nuestra honra y dignidad", afirma el comunicado.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio este lunes por terminado el convenio, "en el marco de una política que busca recuperar las capacidades de regulación y gestión del Estado, en todos sus órdenes".
La medida derogó, entre otros aspectos, la jurisdicción de inmunidad de la ALDHU, así como el de "no estar sometida a fiscalización, reglamentaciones, moratorias y otras medidas por parte del Gobierno".
También eliminó la posibilidad que gozaba la ALDHU de "tener los bienes libres de impuestos y las importaciones exentas de derechos de aduana, impuestos o gravámenes".
Además, el Gobierno, que recordó que los funcionarios de la ALDHU en Ecuador gozaban de inmunidad en todo proceso judicial, justificó su decisión en base a que el capítulo de los derechos civiles es uno de los pilares de la Constitución del Estado y de su Plan Nacional de Desarrollo.
Aunque señaló que "la ALDHU puede seguir trabajando en Ecuador, con total libertad, como lo hacen muchas otras organizaciones de derechos humanos", el Gobierno aseguró que de esta manera "coloca a todas las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos en igualdad de condiciones, sin privilegios ni distinciones especiales".
La ALDHU fue fundada por el ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós en 1980 "para promover la democracia y la paz en un continente dominado por dictaduras militares y en un contexto internacional en el que EE.UU. consolidaba una forma de dominación a través de la violencia y la violación a los Derechos Humanos".
La decisión del Gobierno se da en medio del escándalo desatado por el denominado "caso Chauvin", que involucra a un ex cargo del Ejecutivo, imputado en supuestas relaciones con una red de narcotráfico con nexos con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ignacio Chauvin, un ex subsecretario del Interior, ahora detenido y bajo investigación por el caso de narcotráfico, fue hace algunos años colaborador de ALDHU.
Respecto a la relación de ALDHU con el caso Chauvin, el chileno Juan de Dios Parra, secretario ejecutivo de la organización, declaró a Radio Quito que el ex funcionario trabajó en ALDHU por contrato temporal para apoyar el "trabajo humanitario en la frontera", pero que no fue "ni ejecutivo, ni directivo, ni personal permanente".
"Ni la ALDHU ni mi persona tiene ningún involucramiento en ese proceso", declaró Parra en la cadena local Telecentro.
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