La minicumbre sobre inmigración celebrada en Bruselas el 29 de junio fue el debut europeo de Pedro Sánchez después de que su Ejecutivo diera luz verde a la acogida de los 600 rescatados por el barco Aquarius, que habían quedado a la deriva en el Mediterráneo tras el cierre de los puertos dictado por Italia y Malta.
Pero en el documento de esa cumbre, cerrado finalmente a las cinco de la mañana, se perdió la oportunidad de adoptar medidas prácticas para poner, al menos, las bases de una solución realista y común a un problema que no se arreglará con simple política de gestos.
Cuando se cumplen cinco años de la tragedia de Lampedusa, que costó la vida a 350 personas que buscaban una vida mejor, la Unión Europea sigue instalada en el inmovilismo ante un fenómeno que debe abordarse desde varios frentes. En la reunión de Bruselas se pactó el refuerzo de Frontex, seguir financiando a Turquía para los centros de acogida de refugiados en dicho país, dotación para el Fund for Africa, etc. También se planteó estudiar a futuro la viabilidad de crear centros de recepción de solicitantes de asilo en las fronteras exteriores.
La idea de frenar en origen la llegada de los inmigrantes no es algo nuevo. Tal y como recuerda Gonzalo Fanjul en un artículo publicado por Foreign Policy , habría que atribuir esa estrategia al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la crisis de los cayucos (2005-2007), cuando llegaron 70.000 migrantes a las costas españolas desde África por la ruta de las Islas Canarias.
Desde diciembre de 2005 hasta octubre de 2010, España firmó una docena de acuerdos de repatriación con países africanos. En algunos casos -como Senegal y Mauritania- el memorando incluía la presencia de fuerzas policiales españolas sobre el terreno.
España también reforzó los vallados de Ceuta y Melilla, y el Gobierno desplegó en las costas el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), una revolucionaria red de control para la detección de movimientos marítimos irregulares. Por último, el Gobierno innovó en otro aspecto, al incorporar a compañías privadas en los proyectos de política migratoria.
Realismo y fondos
Un trabajo realizado por Olivier Blanchard y Jacob Funk Kirkegaard publicado por el Peterson Institute for International Economics (PIIE) analiza las recientes crisis de refugiados y propone algunos cambios a introducir en la política común del Viejo Continente. La primera premisa es distinguir cada tipo de migrante. A Europa llegan migrantes económicos, que buscan trabajo y una mejor vida; en segundo lugar podríamos hablar de aquellos que buscan la reunificación familiar, con personas que llegaron antes y lograron asentarse; por último están los refugiados y solicitantes de asilo por razones humanitarias.
La última crisis se produce por la llegada de personas huyendo de conflictos armados de Oriente Medio y el Norte de África, desafiando a las naciones de Europa ante la obligación de conceder asilo con base a la Convención del Refugiado de Naciones Unidas.
Los autores del documento del PIIE destacan que para realizar cambios efectivos que preparen a Europa para la siguiente crisis, que llegará de forma inevitable, se ha de abordar el reforzamiento de las fronteras exteriores y adoptar una serie de cambios en las reglas internas de funcionamiento de la UE, sobre todo una: ¿Quién paga la factura?
El auge de los populismos, encarnado en las últimas fechas con el nuevo Gobierno en Italia, no es la única muestra de que Europa no es tan solidaria como muchos pensaban. Pero a esa realidad ha de enfrentarse la adopción de políticas comunes, que permitan actuar en cada crisis migratorias al margen de que cada país miembro conserve su soberanía y su propia legislación sobre la materia.
Una de las primeras medidas que deberían adoptarse es reforzar Frontex, el embrionario servicio europeo de control de fronteras y guardacostas. Igualmente debe apostarse por la creación de una red de centros para la recepción de refugiados, ya sea en países de África, en islas o dentro del propio territorio de la UE. Esos centros, en los que también se dará cabida a los que sean rescatados del mar, debería existir un protocolo para facilitar el proceso de asilo legítimo, hoy día lastrado por una burocracia infinita y diversa dependiendo de cada estado miembro.
Responder al fracaso de la política de cuotas. Una vez visto que el planteamiento de cuotas máximas de acogida ha resultado un fiasco, debe cambiarse estableciendo una cuota mínima. A muchos les gustaría pensar que todos los estados miembros son igual de generosos, pero la realidad se impone. Lo único que puede acometerse para realizar una política común en esta cuestión es mutualizar los costes.
Los 28 deben pagar la estrategia de la UE para la inmigración, y el mejor modo de hacerlo es con la creación de un fondo común creado al efecto. Con estas aportaciones se afrontarán los costes de Frontex, de los proyectados centros de recepción en el exterior y los desembolsos derivados de los procesos administrativos para la relocalización de los asilados ( incluido su alojamiento, enseñanza de la lengua, formación laboral...)
De esta forma -como ya ha ocurrido- un estado miembro puede cerrarse a los refugiados, pero en ese caso debería ser mayor su aportación a la 'hucha común'. Y de otro lado, países más generosos (como hoy España), recibirían más fondos de los aportados.
Aunque resulta obvio que el coste de acoger a cada refugiado varía en cada país, la UE debería dictar una 'tasa fija', de modo que los estados con menos recursos (sobre todo del Este de Europa), se vean más incentivados para abrir sus puertas.
Este sistema respetaría la soberanía nacional de cada país miembro, pero serviría para calmar las tensiones políticas y económicas que se presentan con cada flujo masivo de migrantes, y a la larga desmontar el discurso insolidario que gana peso en los últimos tiempos.
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