La Iglesia de Nueva York recibe 262 demandas por delitos sexuales en un día

La Iglesia de Nueva York  ha recibido una oleada de demandas este miércoles, en concreto 262 acusaciones de abusos sexuales, que se han presentado el mismo día que ha entrado en vigor la nueva ley de Víctimas, según la cual este tipo de delitos pueden denunciarse con carácter retroactivo. La Archidiócesis neoyorquina ya había previsto el varapalo: hace un mes demandó a treinta compañías de seguros de forma preventiva, para evitar que eludieran el pago de los costes judiciales derivados de las más de cien acusaciones que esperaba recibir.

El registro de la Corte Suprema del Condado de Nueva York se vio desbordado la mañana del miércoles, cuando sus funcionarios tuvieron que tramitar casi 300 testimonios de víctimas de delitos sexuales que denunciaron haber sufrido abusos en el seno de la Iglesia estatal cuando eran niños. Sus protagonistas, por primera vez bajo el paraguas de la ley, reclamaban una tramitación formal. El despacho de abogados Jeff Anderson & Associates hizo públicos 262 episodios, distribuidos por todo el estado, y presentó las denuncias de sus víctimas contra aquellos sacerdotes que presuntamente abusaron de ellas, así como contra los líderes eclesiásticos que encubrieron los hechos. 

El abogado que da nombre a la firma, Jeff Anderson, ha descrito esta jornada como "un día de esperanza". Lo ha hecho en rueda de prensa, acompañado por dos de las víctimas a las que su despacho representa y por varios de los letrados que han trabajado con él en este caso. Anderson ha señalado que, solo después de la entrada en vigor de la nueva ley, los afectados han podido romper el silencio institucional al que se habían visto relegados. Además, el letrado apuntó directamente a la Iglesia católica, criticó su oposición frente al cambio legislativo y acusó a la institución de emplear "millones de dólares" en sortear las responsabilidades derivadas de sus abusos. Acusaciones que hunden sus raíces en la estrategia de defensa que la Archidiócesis inició hace apenas un mes.

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Con el comienzo de 2019, el estado de Nueva York dio los primeros pasos para acabar con la prescripción de los delitos de abuso sexual a menores. Así, el pasado enero aprobó la nueva Ley de Víctimas Infantiles, cuya entrada en vigor quedó programada para este miércoles. La norma incluye una "ventana al pasado" de un año, que permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2020, y que servirá para que aquellos que hasta ahora no habían podido demandar a quienes supuestamente cometieron abusos contra ellos, hacerlo ahora. Además, el texto permite a las presuntas víctimas de abusos abrir un proceso civil hasta los 55 años de edad, en tanto que presentar cargos penales hasta los 28 años, frente a los 23 años que permitía la ley anterior.

A través de un comunicado, el gobernador estatal, Andrew Cuomo, explicó que la legislación actual modifica "las leyes anticuadas de Nueva York para garantizar que los perpetradores rindan cuentas por sus acciones, independientemente de cuándo ocurrió el delito". La institución eclesiástica no tardó en reaccionar como ya hizo en 2016, cuando reservó un fondo de compensación que, hasta abril de 2019, ha reconocido a 323 víctimas y pagado 65 millones de dólares, solo en la ciudad de Nueza York.

La Archidiócesis neoyorquina presentó una denuncia el pasado julio ante la Corte Suprema de la ciudad. En el documento se citaban 31 corredurías de seguros con las que la institución eclesiástica habría contratado coberturas durante los últimos años. Según afirmó James R. Marsh, abogado que representa a 40 demandantes contra la institución católica, la iniciativa era "una señal inequívoca de que la Iglesia se está tomando en serio el hecho de lidiar con su exposición". Los medios locales suscribieron esta afirmación.

El abogado Michael Pfau, que representa a 50 víctimas de la Iglesia de la ciudad y a otras 500 en todo el estado, aclaró que la modificación de la normativa es "un paso positivo", y señaló que gracias a esta acción jurídica, se han podido evidenciar los preparativos de la institución para absorber las tasas judiciales y las posibles indemnizaciones ya que, en su opinión resulta "habitual que las compañías de seguros, al menos inicialmente, se opongan a pagar".