¿Podría imputarse algún delito a las personas concentradas ante el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona? Es la duda que se plantea desde que, el pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya considerase un "ataque directo" a su independencia las concentraciones en apoyo, entonces, a la consellera Irene Rigau y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en sus comparecencias por la consulta del 9-N.
Entonces, unas 400 personas se concentraron ante las puertas del Tribunal para arropar a las imputadas con pancartas y cánticos contra la imparcialidad del TSJC. Este jueves, han sido más de 3.000 las que han apoyado al president en funciones, Artur Mas, a su llegada con cánticos como 'President', 'Tots son Mas', 'No callaréis la voz de un pueblo' o 'Fuera la Justicia española'.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 13, que "todos estamos obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados". El enunciado se presta a cierta confusión, que se trata de concretar en el artículo posterior, en el que se indica además que "los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico". Después, el Ministerio Fiscal "por sí o a petición de aquéllos" podrá promover "las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".
Los expertos consultados coinciden, en cambio, en que las concentraciones de estos días se enmarcarían siempre en el ejercicio de la libertad de expresión y no cabría contra ellas ninguna acción judicial. Para prohibir a los ciudadanos que se manifiesten ante un juzgado es necesario que esa concentración esté desautorizada o resulte intimidatoria, afirman.
"Si uno es muy sensible todo le molesta", explica Juan Luis Pérez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, "pero los jueces no deberían sentirse coaccionados porque se haga una manifestación, que es pacíficam delante de los tribunales. Otra cosa es que sea violenta y con voluntad de coaccionar, lo que no es el caso". Según este experto, la interpretación del TSJC resulta desafortunada. "Se tendría que tener más deferencia ante la libertad de expresión", advierte."No ha habido ocupación de la sala, ni interrupción de la vista"
Para Josep María Reniu, profesor titular de la Facultad de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona, "lo que hacen las concentraciones es poner de manifiesto una situación que poco tiene que ver realmente con una problemática de índole jurídico, sino político". Como Pérez, encuadra la acción en la libertad de expresión y afirma que tan sólo podrían surgir ciertas dudas si las manifestaciones hubiesen sido expresamente convocadas desde los poderes públicos. Aún así, se muestra convencido en que el derecho de expresión prevalece.
"Esto es un ejercicio de manifestación, no se está impidiendo la labor del tribunal, no se causa un desorden o incidencias de orden público. Es una manifestación pacífica y obviamente reivindicativa, pero no atenta en modo alguno a la actuación del poder judicial porque no ha habido ocupación de la sala, ni interrupción de la vista", apostilla Reniu.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, aclara que, pese a no compartir la oportunidad de estas concentraciones, otra cosa es atribuirles un "carácter delictivo.
"Se amparan en la libertad de expresión y manifestación. Comprendo que la intensidad de algunas concentraciones puedan hacer que los jueces se puedan sentir inquietados en su independencia y tienen todo el derecho a decirlo, pero también hay que tener en cuenta que existe la libertad de expresión y manifestación. Que sea o no injerencia puede ser discutible, pero también puede serlo un editorial de los periódicos. A veces, el ejercicio de las libertades públicas rozan, colisionan o se interfieren, pero en la ponderación de intereses de cada cosa, a no ser que se entre en lo delictivo, creo que hay que optar por la libertad de expresión".
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