Dos años después de la muerte de Fidel Castro, los cubanos ratificaron el pasado 24 de febrero su compromiso con la isla y su sistema de gobierno. ¿Fue el comienzo de una nueva época? De momento, de los más de nueve millones de ciudadanos llamados a las urnas, el 84,4% de ellos acudieron a votar y más de seis millones lo hicieron para votar 'Sí' a la nueva Constitución.
La nueva Carta Magna introduce a Cuba en la economía global y reconoce hasta siete formas de propiedad. O esa es su intención, tal y como ha sido presentada por los dirigentes americanos. De entrada, hay cambios significativos: mientras que la Constitución anterior –proclamada en 1976- solo contemplaba la propiedad estatal, la de los "agricultores pequeños" y la cooperativista, a partir de ahora el Estado reconoce la propiedad privada en "personas naturales o jurídicas" ya sean "cubanas o extranjeras" y asegura “garantías a la inversión extranjera”.
A pesar de ello, el Gobierno de la isla sigue reservándose el monopolio de todos los recursos naturales, como "los bosques, las playas y las minas", aunque se incluye la posibilidad de ceder su explotación a terceros. Los cambios más remarcables llegan en el sector de la industria y las infraestructuras, que podrán ahora transferirse –en propiedad y explotación- a las empresas extranjeras que promuevan "desarrollo económico y social del país" y siempre y cuando no afecten al sistema político cubano, que, eso sí, "no volverá jamás al capitalismo".
Esta promesa de apertura a la inversión internacional no supone, sin embargo, grandes cambios en el sistema del Estado tal y como lo entienden en La Habana. Los principios fundamentales de la Constitución siguen manteniendo su compromiso con el ideario de "Marx, Engels y Lenin" y el sistema electoral seguirá siendo de "partido único". Lo que sí recoge ahora la ley es la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente, aunque se incluye la posibilidad de ampliar este periodo en "situaciones excepcionales".
Llamada a la inversión
La economía cubana es enormemente dependiente del comercio exterior debido a la carencia tecnológica del país y a su necesidad de inversión extranjera para conseguir un crecimiento real y constante del Producto Interior Bruto. Las previsiones económicas del Gobierno cubano estiman que, para lograr el objetivo de crecimiento que se han marcado del 7% anual, es necesario aumentar la inversión internacional en un 20%. No en vano, en los últimos años esta dependencia del sector exterior ha sido su mayor freno económico a causa de su gran déficit comercial, que alcanzó los 7.508 millones de dólares en 2017, según datos de Oficina Económica y Comercial de España en La Habana.
Para compensar la balanza comercial y atraer a los inversores, el Gobierno cubano introdujo en 2014 numerosos estímulos fiscales mediante la puesta en marcha de la Ley 118, que regula el modelo tributario de las inversiones que vienen de fuera de sus fronteras. Esta ley tenía como objetivo fundamental fomentar la cooperación entre las empresas extranjeras y las estatales. Para ello, reducía el impuesto de utilidades –impuesto principal de las sociedades- hasta el 0% durante los primeros 8 años para todas las empresas de capital mixto, impuesto que asciende hasta el 35% para aquellas empresas completamente extranjeras que operen en la isla. Además, estas compañías están exentas de pagar impuestos aduaneros durante el proceso de inversión.
Un año antes, en 2013, Cuba ya llevó a cabo sus primeros pasos para fomentar la inversión creando la Zona Especial de Desarrollo Mariel, un territorio situado en la costa noreste de la isla y a 50 kilómetros de la capital. A la denominada ZED Mariel se le otorgaron una serie de incentivos fiscales para fomentar la inversión de empresas cubanas y extranjeras y hasta 300 millones de dólares de inversión anual en infraestructuras. En esta zona se permitió la entrada de empresas de capital 100% extranjero y se fijó un impuesto de utilidades del 0% durante los primeros 10 años para todas las que se establecieran aquí y que trabajasen conjuntamente con empresas estatales.
El Estado es el gran cliente y controlador
Las importaciones de Cuba son adquiridas prácticamente en su totalidad por el Estado, quien ejerce de intermediario entre los productos extranjeros y los mayoristas y minoristas de la isla, una fórmula que asegura al Gobierno un fuerte control sobre las empresas cubanas. Los aranceles a la entrada de productos en el país se sitúan en torno al 10%, aunque países como Venezuela o Brasil tienen importantes reducciones.
Los principales socios comerciales de Cuba en 2017 fueron Venezuela, China, España, Canadá, México y Brasil, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana. Nuestro país participó ese año en el 11% de las importaciones de la isla (900 millones de euros en productos) y en el 9% de sus exportaciones (170 millones). Entre los productos que España exporta a Cuba, destacan los bienes de equipo -exentos de impuestos aduaneros-, plásticos y materiales de construcción. Las exportaciones del país caribeño a España se centran en productos alimenticios como el ron, el azúcar, los pescados y el marisco.
En cuanto a la inversión directa, los países europeos representan el 50% de los negocios extranjeros en la isla, y de estos España es el número uno de la lista. Por industrias, nuestro país ha invertido tradicionalmente en el sector tabaquero –230 millones de euros en 2016-, aunque en los últimos años el turismo ha pasado a ser el eje de las inversiones españolas. De las 21 cadenas extranjeras involucradas en el negocio turístico de la isla, 10 son españolas y gestionan más del 80% de los contratos internacionales de este sector.
Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a finales de noviembre para impulsar las relaciones entre el sector empresarial español y el cubano en los sectores más propensos a la colaboración, como son el propio turismo o el impulso a las infraestructuras.
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