Junto a Francia

La UE expedienta a España por no luchar contra la pesca ilegal y los descartes

Un control efectivo de estas dos medidas "son esenciales para la aplicación de la obligación de desembarque y para apoyar los objetivos de sostenibilidad" ha señalado la Comisión Europea.

Pesquero, atunero, pesca
Pesquero, atunero, pesca
OPAGAC

España y Francia se encuentran bajo investigación por su actividad pesquera. Este jueves, la Comisión Europea ha abierto un expediente a ambos países por no hacer cumplir la obligación de desembarque, que prohíbe a los buques pesqueros descartar las capturas no deseadas y devolverlas al mar, y por no luchar de manera decidida contra la pesca ilegal y no declarada.

El apercibimiento de Bruselas toma la forma de carta de emplazamiento, el primer paso dentro de los procedimientos comunitarios de infracción que pueden acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si el país involucrado sigue sin cumplir con sus obligaciones.

El Ejecutivo comunitario ha denunciado que tanto Madrid como París han "fallado" en su obligación de hacer cumplir la obligación de desembarque, que obliga a todos los buques pesqueros a llevar a puerto todas las capturas sujetas a cuotas (o en el Mediterráneo, aquellas sujetas a tamaños mínimo) para que sean registradas y contadas.

"Un control efectivo de las actividades pesqueras en el mar y el registro preciso de las capturas y las cantidades descartadas son esenciales para la aplicación de la obligación de desembarque y para apoyar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la Política Pesquera Común (PPC)", ha explicado la Comisión Europea.

Por otro lado, Bruselas señala que España y Francia "no han dado los pasos necesarios" para "prevenir, desincentivar y eliminar" la pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU, por sus siglas en inglés).

El envío de las cartas de emplazamiento abre ahora una fase de diálogo entre las autoridades nacionales de cada país y la Comisión Europea. Si España y Francia no resuelven las deficiencias identificadas, Bruselas podría optar por enviar un ultimátum y, como último paso, llevar los asuntos a la Justicia europea.

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