Las familias sudanesas viven en cuevas para huir de las bombas del Gobierno

  • El conflicto entre el Gobierno de Jartum y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Sur está causando estragos en la población civil. Mientras cientos de bombas del Ejército norsudanés han destruido sus colegios, hospitales y viviendas, los ciudadanos se mueren de hambre.

Familias sudanesas viven en cuevas
Familias sudanesas viven en cuevas
Trevor Snapp
John C. Bradshaw y Mark H. Tuohey , Washington (EEUU) | GlobalPost

Miles de civiles inocentes viven en cuevas en las montañas Nuba de Sudán, escondiéndose de las bombas del Gobierno y al borde de la inanición. Cientos de miles están varados en campamentos de refugiados en el sur de Sudán o en Etiopía.

Estas personas luchan por sobrevivir y son incapaces de llevar sus quejas contra el Gobierno de Sudán ante las instituciones judiciales o políticas nacionales, regionales o internacionales.

Es por eso que esta semana, cuando la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se reúna para su 51 sesión ordinaria en Gambia, estudiará una petición contra la República de Sudán presentada por Enough Project.

La petición tiene por objeto llamar la atención sobre los abusos de derechos humanos que el Gobierno sudanés está perpetrando contra su propio pueblo en los estados de Kordofán del Sur y el Nilo Azul.

La petición alega que los bombardeos intencionados de Sudán sobre los civiles y la denegación de la ayuda humanitaria internacional a las poblaciones que viven en los dos estados constituyen violaciones de, entre otras cosas, los derechos a la vida y la propiedad que tienen estos civiles en virtud de la Carta africana sobre derechos humanos y de los pueblos (la "Carta Africana").

Las violaciones de la Carta Africana del Gobierno de Sudán se producen en mitad de un conflicto en curso entre las fuerzas del Gobierno y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), un grupo de insurgentes con vínculos históricos con el movimiento rebelde del sur de Sudán convertido en partido político, el Movimiento Popular de Liberación de Sudán, que luchó durante décadas contra las fuerzas del Gobierno sudanés en el contexto de la prolongada guerra civil norte-sur de Sudán.

El conflicto entre Jartum y el SPLM N-entró en erupción en el estado de Kordofan del Sur, en junio de 2011, tras los resultados en disputa de una elección a nivel estatal.

La violencia se extendió pronto al Nilo Azul en septiembre de 2011, donde el presidente sudanés Omar al-Bashir, destituyó posteriormente al gobernador democráticamente elegido del SPLM-N.

Las fuerzas de Jartum también han bombardeado deliberadamente viviendas civiles, escuelas y hospitales, un incumplimiento directo de las obligaciones de Sudán contraídas en virtud de la Carta Africana, así como del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los informes de los refugiados que huyen de la violencia describen los asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas del gobierno de Sudán contra civiles sospechos de tener vínculos con el SPLM-N. De hecho, en julio de 2011, las imágenes de satélite, proporcionadas por el proyecto Satélite Sentinel de Enough Project evidencian la existencia de fosas comunes en Kordofán del Sur.

Debido a que el Gobierno sudanés deniega la entrada a los observadores independientes, no hay disponibles cifras precisas de las víctimas civiles. No obstante, Naciones Unidas, estima que, desde junio de 2011, más de 366.000 personas han sido desplazadas internamente o afectadas gravemente por los combates.

El Departamento de Estado de EEUU estima que otras 140.000 han huido a los campamentos de refugiados de Sudán del Sur y de Etiopía.

Los ataques contra la población civil han tenido lugar fundamentalmente durante las temporadas de siembra y cosecha, socavando gravemente las reservas de alimentos disponibles en los dos estados.

Agravando la situación se encuentra la rotunda negativa de Jartum a permitir que las organizaciones internacionales presten ayuda humanitaria o ayuda alimentaria a los civiles que residen en zonas controladas por el SPLM-N.

De acuerdo con la Red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna, las zonas del sur del Nilo Azul y Kordofan del Sur están experimentando actualmente niveles de emergencia de inseguridad alimentaria, un nivel por debajo de la hambruna.

En particular, Ahmed Haroun, el gobernador de Kordofán del Sur, junto con el presidente Bashir y el primer teniente general Abdelrahim Mohamed Hussein, el ministro sudanés de Defensa, están todos bajo órdenes de arresto internacional de la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos en Darfur.

El mandato de la CPI se limita actualmente a la investigación de los crímenes cometidos en Darfur. En gran parte Sudán no ha consentido la jurisdicción de otros comités de derechos humanos internacionales al nivel de Naciones Unidas.

Esto deja a la Comisión Africana como uno de los pocos foros disponibles para Enough Project, en nombre de los civiles sudaneses víctimas de Jartum, para hacer una petición contra el Gobierno de Sudán por sus violaciones evidentes de la Carta Africana y relacionadas con las leyes internacionales.

Cuando se reúna la Comisión Africana, la República de Sudán presentará un informe sobre su historial de derechos humanos. El proyecto de documento, recientemente publicado, no contiene ni una palabra sobre el cerco del Gobierno en el Nilo Azul y en Kordofan del Sur.

En la misma sesión, la Comisión tendrá en cuenta la petición de Enough Project, que describe una realidad totalmente diferente. La petición proporciona a la Comisión Africana y a la comunidad internacional en general la oportunidad de examinar de cerca las atrocidades más recientes cometidas por el gobierno sudanés contra su propio pueblo.

Desalentadoramente, estas atrocidades no son nada nuevo, sino que son la última entrega de un patrón de violaciones de derechos humanos que Jartum ha cometido contra los civiles sudaneses de Sudán del Sur, Kordofan del Sur, Nilo Azul, la zona de Abyei, Beja, y en Darfur desde por lo menos la década de 1990.

En efecto, la Comisión Africana ha aceptado previamente las peticiones relacionadas con el genocidio en Darfur.

Ha llegado el momento de poner fin a las atrocidades y al ciclo de impunidad. Pedir a la Comisión Africana que acepte la petición de Enough Project y posteriormente revisar las acciones del gobierno de Sudán respecto a los abusos de derechos humanos en Kordofán del Sur y en el Nilo Azul es un paso hacia este objetivo.

Mark H. Tuohey es un socio en la oficina de Washington, DC, de la Brown Rudnick LLP, y ex Presidente del Distrito de Columbia. John C. Bradshaw es Director Ejecutivo de Enough Project, una organización de derechos humanos de Washington, DC.

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