Una ley seca, el arma secreta de Colombia para frenar una nueva oleada de protestas

Conforme pasan las semanas, las protestas se extienden por Sudamérica a un ritmo imparable: tras haber zarandeado ya los gobiernos de Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela, esta semana es Colombia quien se enfrenta a las jornadas de mayor oposición al presidente, Iván Duque, desde que asumiera el poder en agosto de 2018. Por eso, el país ha cerrado hasta la madrugada del viernes sus pasos fronterizos para evitar la entrada de extranjeros que puedan alterar el orden público el jueves, día grande de las protestas contra el Gobierno. Una medida a la que se suman otras realmente excepcionales, como el toque de queda o la prohibición de la venta de alcohol en todo el país.

Se espera que decenas de miles de personas se unan este jueves a las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, el líder derechista que relevó a Juan Manuel Santos en el poder y cuya popularidad ha disminuido constantemente durante el último año. En buena parte, por la crisis de los presupuestos de su Gobierno (que derivó en la imposibilidad de implementar la reforma que planeaba el presidente), así por el conocido como el 'caso de los falsos positivos', un escándalo que arrastra Colombia desde 1978 y que involucra a miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes, o ejecuciones extrajudiciales, haciéndolos pasar como bajas en combate. Un caso que, desde entonces, suma más 2.200 asesinatos, y que ahora salpica al nuevo Ejecutivo por ocultación de pruebas.

Pero, concretamente, las protestas de esta semana han sido convocadas en respuesta a una variedad de problemas sin respuesta: algunos manifestantes protestarán contra la falta de progresos para alcanzar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla revolucionaria que retomó su actividad a finales de agosto; otros manifestantes están indignados por la sucesión de asesinatos de líderes indígenas y activistas locales; y otros siguen con malestar los escándalos de corrupción en el Gobierno. El último, un bombardeo a las FARC que costó la vida de ocho menores, terminaba con la dimisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el pasado 7 de noviembre.

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Como medidas excepcionales, Colombia estará cerrada a cal y canto, con una estricta aplicación de una 'ley seca' con el pretexto de que los manifestantes no se violenten aún más por los efectos del alcohol. Por ejemplo, tal y como señala 'RCN Radio', la Gobernación de Antioquia -una de las regiones del país, donde se ubica Medellín- expedirá un decreto con siete medidas, con el que busca garantizar la seguridad durante las protestas del jueves. Entre ellas, prohibir el transporte de gasolina, pipetas de gas y la venta de alcohol.

Según cuenta el citado medio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha advertido que habrá ley seca en toda la región, entre la medianoche del miércoles y las 8 de la noche del jueves (hora de Colombia), pese a que la Alcaldía de Medellín había descartado inicialmente esta restricción: "Vamos a decretar en todo el departamento de Antioquia la ley seca. Si el movimiento continúa después de las 8 de la noche, volveríamos a sacar un decreto para extenderla [...]. Quiero solicitarle a los alcaldes que declaren el estado de alerta de seguridad ciudadana".

Por otra parte, Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior de Colombia, explicaba el lunes que algunos de los motivos de la huelga eran "falsos". Simultáneamente, la cuenta de la presidencia del país tuiteaba un vídeo que pone en contraste imágenes de colombianos sonrientes en sus puestos de trabajo, frente a algunos manifestantes enmascarados. "No permitamos que un llamado a destruir lo que hemos construido vaya en contra de quienes somos como colombianos", rezaba el mensaje.

"El Gobierno nacional, con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas del próximo jueves 21 de noviembre, ha tomado la decisión de cerrar las fronteras (terrestres) y fluviales", según explicaba el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, que añadía que el cierre de los doce pasos limítrofes se aplica para las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, que serán reabiertas "el 22 noviembre a las cinco de la mañana (10.00 GMT)".

De las fronteras colombianas, la que tiene más extensión es la de Venezuela, con 2.219 kilómetros, mientras que con Panamá comparte una línea limítrofe de 266 kilómetros en su totalidad selváticos en la región del Tapón del Darién, en la que no hay pasos transfronterizos oficiales. Una decisión que responde a que las autoridades colombianas hayan expulsado en los últimos días al menos a 15 extranjeros, en su mayoría venezolanos, después de que los servicios de inteligencia aseguraran que estaban en el país incitando a la violencia.