Cualquier estado de la Unión Europea podrá establecer controles fronterizos nacionales cuando las fronteras sean ingobernables por la presión de la inmigración u otros fenómenos críticos, pero siempre previo acuerdo con los Veintisiete.
Los Veintisiete han aceptado las exigencias formuladas por Italia y, sobre todo, Francia, tras la crisis por la llegada de inmigrantes de Túnez a raíz de la revuelta ciudadana en el país norteafricano y han introducido hoy este matiz al tratado de libre circulación europea Schengen.
Se ha aprobado un mecanismo de salvaguarda para hacer frente a circunstancias excepcionales que pusieran en peligro el funcionamiento general de la cooperación de Schengen, sin que afecte a los derechos de libre circulación de los habitantes de la Unión Europea. Ahora la Comisión Europea deberá desarrollar el plan.
José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "tranquilo" tras la aprobación de este punto en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, puesto que el plan prevé garantizar el derecho básico de la Unión Europea a la libre circulación.
El presidente español ha subrayado que la medida sólo podrá aplicarse en ocasiones excepcionales, cuando se produzcan "desplazamientos migratorios masivos ante una catástrofe". Ha añadido que al tratarse de circunstancias excepcionales "está justificado tomar medidas excepcionales".
Antes de proceder a la reintroducción de controles fronterizos, se aplicarán otras medidas como visitas de inspección, respaldo técnico y económico y asistencia de la Agencia de Control de Fronteras (FRONTEX).
Dos nuevos supuestos
En la actualidad, los Estados miembros ya pueden reintroducir unilateralmente los controles fronterizos interiores alegando motivos de seguridad u orden público. A raíz de la petición de París y Roma, Bruselas se han introducido dos nuevos supuestos: que un Estado miembro sea incapaz de controlar su frontera (caso de Grecia en su frontera con Turquía) o que se produzca un flujo masivo de inmigrantes (como tras las revueltas árabes).
Francia y Países Bajos son los países que reclamaban con más énfasis poder reintroducir controles en caso de fuertes flujos migratorios, con el apoyo parcial de Italia y Alemania. Muchos Gobiernos rechazan que el cierre de fronteras se someta a supervisión de Bruselas, como pretende el Ejecutivo comunitario.
La creación de esta cláusula de salvaguarda exigirá modificar las reglas del espacio Schengen. Los Veintisiete piden a la Comisión que presente sus propuestas legislativas en otoño.
En todo caso, los jefes de Estado y de Gobierno insistían ya en el borrador de esta medida en que "la libre circulación de personas es uno de los logros mayores y más tangibles de la integración europea y un derecho fundamental de los ciudadanos".
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