Los ricos en la India son los mismos que los de hace 30 años

Poco después de que el empresario Anil Ambani saliese el mes pasado de la sede de la Oficina Central de Investigaciones de la India, tras una entrevista de dos horas sobre temas fiscales, su compañía difundió un comunicado de prensa. En la nota, el grupo Reliance Anil Dhirubai Ambani, valorado en unos 80.000 millones de dólares, aseguraba que Ambani no había sido "llamado a declarar" por los investigadores federales indios, sino que simplemente se había reunido con ellos por unos "asuntos" relacionados con un escándalo de las telecomunicaciones que la prensa del país ha bautizado como el caso del "espectro 2G".

Pero la expresión adusta del multimillonario mientras los fotógrafos disparaban sus flashes reflejaba una historia totalmente diferente. Por muy imposible que pareciese tan sólo 24 horas antes, su comparecencia había sido filtrada y escenificada para los medios.

Durante las últimas semanas, esas entradas de peces gordos en la sede de la Oficina Central de Investigaciones (CBI por sus siglas en inglés) para hacer "clarificaciones" se han convertido en un auténtico desfile del quién es quién en el mundo empresarial indio.

Por el CBI ya han pasado Krishna Kumar, mano derecha de Ratan Tata y presidente de Tata Realty; Prashant Ruia, heredero y presidente del grupo Essar, valorado en 15.000 millones de dólares; el presidente del consejo del grupo Videocon (4.000 millones de dólares), Venugopal Dhoot; y el director ejecutivo del grupo Unitech (650 millones de dólares), Sanjay Chandra.

Su músculo bien puede ser el motor detrás del 8,6 por ciento de crecimiento económico de la India previsto para 2011. Sus compañías son además impulsoras en buena parte del despegue de la clase media india, un fenómeno que sacará a unos 300 millones de ciudadanos de la pobreza en las próximas dos décadas, según McKinsey & Co.

Pero aunque no se haya demostrado aún nada ante los tribunales, y todas las compañías afectadas por el escándalo hayan negado haber cometido irregularidades, a ojos de la opinión pública los grandes capitanes de la industria india se han convertido de la noche a la mañana en los "magnates del robo". De hecho, el Tribunal Supremo ha dado instrucciones al CBI para que persiga a los culpables "aunque sean millonarios o salgan en la lista Forbes".

Aunque el horizonte parezca oscuro, el actual escándalo podría marcar el inicio de un muy necesitado cambio.

Al igual que durante la Edad Dorada de EEUU, cuando banqueros e industriales como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y John Pierpont Morgan amasaron enormes fortunas, los prósperos empresarios de la India han sacado provecho del rápido crecimiento económico del país y durante la última década han escalado rápidamente en las listas de los más ricos del mundo.

Pero mientras Forbes celebraba el auge de los multimillonarios indios hechos a sí mismos y los defensores del libre mercado explicaban que se debía a la decisión de liberar a la economía en 1991 de las cuotas gubernamentales a la industria, algunos aspectos del enorme crecimiento de la riqueza india fueron pasados por alto.

Si se toman en cuenta las relaciones familiares, la más reciente lista de los 10 indios más ricos elaborada por la revista Business World se parece bastante a la que se habría podido hacer en la década de 1980, con nombres como Tata, Birla y Ambani, sólo que las cifras que se manejan ahora son mucho mayores.  Pese a las afirmaciones de que las grandes empresas indias florecen sin la participación del estado, lo cierto es que prácticamente todos los nombres de esa lista han logrado inmensos beneficios mediante el acceso o adquisición de recursos propiedad del gobierno.

Mientras tanto, todas las grandes fortunas han ido aumentando su influencia en política y en el control de las legislaciones reguladoras, lo que a su vez ha disparado la preocupación sobre la silenciosa transformación de la mayor democracia del mundo en la mayor oligarquía del mundo.

"Todavía tenemos el poder económico concentrado en las manos de relativamente pocos", explica Pramath Sinha, un ex socio de McKinsey & Co que en 2007 fundó 9.9 Media-Worx. "Si empiezas a escribir los nombres, la lista se acaba rápidamente".

Aproximadamente desde el año 2000, que es cuando empezó a despegar el crecimiento indio, se venía extendiendo la idea de que el desmantelamiento del llamado "Raj de las licencias" en 1991 había supuesto un golpe mortal a la corrupción, y que aunque siguiese existiendo el fraude se había logrado abrir la puerta a la creatividad y dinamismo de los empresarios emprendedores.

Pero la reciente oleada de supuestos escándalos y el análisis en profundidad de las compañías que han dominado los negocios indios desde la liberalización de la economía demuestra que quizás lo cierto sea más bien lo contrario: que la influencia del Gobierno es más importante que nunca, y que la dependencia del estado en las grandes corporaciones indias ha otorgado a los empresarios aún mayor peso político.

Hasta 15 empresas de una reciente lista de los 25 principales grupos empresariales de la India también figuraban en el "top 25" de 1969, cuando entró en vigor la Ley de Monopolios y Prácticas Comerciales Restrictivas, indica Surajit Mazumdar, profesor del Instituto de Estudios en Desarrollo Industrial de Nueva Delhi.

Pese a la liberalización "las cosas no han cambiado mucho realmente", asegura. "Los nuevos nombres proceden esencialmente de grandes grupos o firmas internacionales. Así que en cierta manera lo que se ha conseguido es un proceso de competición entre los grandes y los dominantes".

De hecho, existen sólidos argumentos a favor del apoyo de sucesivos gobiernos indios a los dinámicos magnates del país. A mediados del siglo XIX, en el ensayo que acuñó la frase "capitanes de la industria", el historiador escocés Thomas Carlyle le dijo a una Inglaterra cada vez más preocupada por la situación de sus trabajadores en el punto álgido de la Revolución Industrial: "El gobierno puede hacer mucho, pero de ninguna manera puede hacerlo todo".

Y en la India, eso parece realmente cierto. Mientras que la corrupción acapara 9 de cada 10 dólares que se invierten en proyectos gubernamentales, los diez principales grupos empresariales del país suponen una quinta parte de la economía nacional. El grupo Tata de Ratan Tata supone por si solo el 5 por ciento del PIB indio, mientras que Reliance Industries, de Mukesh Ambani, contribuye con otro 3 por ciento, y el grupo Aditya Birla, de Kumar Birla, otro 2 por ciento.

Resulta fácil por lo tanto ver por qué los planificadores estatales puedan ceder la responsabilidad de proveer servicios esenciales al país a compañías como Tata, que en la ciudad de Jamshedpur (sede de su principal empresa, Tata Steel) construye carreteras e infraestructuras sanitarias básicas y de salud mucho mejores que en otras grandes urbes indias.

Al fin y al cabo, las cesiones de terreno que permitieron la construcción del ferrocarril norteamericano durante la Edad Dorada no sólo contribuyeron a crear las fortunas de ocho de las cuarenta familias más ricas de la historia de EEUU, sino que ayudaron a multiplicar por cuatro el PIB del país y casi duplicaron los ingresos per cápita de sus ciudadanos medios entre 1856 y 1900, según el profesor Ballard C. Campbell, de la Northeastern University.

Pero quienes critican las políticas afines a los empresarios de esta edad dorada de la India dicen que bajo la escusa de estimular la industrialización y la construcción de casas, carreteras, puentes y puertos, los líderes del país parecen haber olvidado que el gobierno puede hacer cualquier cosa excepto dar terrenos y recursos públicos a los grandes capitalistas, aún cuando disminuyan las partidas presupuestarias para programas sociales destinados a favorecer el "crecimiento inclusivo".

Teniendo en cuenta la enorme población de la India, resulta difícil imaginar un escenario en el que la industrialización pueda crear un mercado laboral compacto que se traduzca en los incrementos salariales que se dieron en EEUU durante su Edad Dorada. Además, dicen los críticos, los grandes acuerdos empresariales en la India no se están cerrando únicamente con miras a aumentar la riqueza de la nación, sino que en la trastienda los políticos del país están firmando un buen montón de leyes y contratos con el único objetivo de beneficiar sus propios bolsillos.

"Existen prácticas fraudulentas en todas las áreas en las que el gobierno mantiene el control sobre recursos limitados, bien sean minerales, bosques, frecuencias, espectros [de telecomunicaciones], agua o tierra", asegura el escritor y activista Praful Bidwai, que se encuentra entre los críticos más acérrimos de las actuales políticas económicas de su país. "La apropiación de tierras es extraordinaria. Nunca había ocurrido a esta escala".

Quizás esa sea la razón por la que las recientes leyes de la India en torno a áreas como las telecomunicaciones, la construcción y la minería parezcan lo suficientemente flexibles como para dar cabida a los nuevos "magnates del robo".

El escándalo del espectro 2G acapara estos días la atención de la India. Pero las sospechas del CBI de que industriales multimillonarios utilizaron empresas pantalla para violar las leyes y pagaron sobornos al ex ministro de Telecomunicaciones Andimuthu Raja son sólo la punta del iceberg. Si bien se puede argumentar que gracias a esos supuestos acuerdos fraudulentos el pueblo indio se ha beneficiado de un creciente mercado de la telefonía móvil a precios asequibles, ese tipo de justificación es mucho más difícil de explicar cuando se aplica a otras políticas gubernamentales, como la creación de las zonas económicas especiales (SEZ por sus siglas en inglés) y los derechos de explotación minera.

Desde 2005 las SEZ han permitido a las grandes constructoras adquirir cientos de miles de hectáreas de tierras, ignorando (con ayuda del Estado) las protestas de los pequeños propietarios. Con el supuesto objetivo de impulsar la creación de industrias generadoras de empleo, la India ha concedido a los promotores y empresas en determinadas zonas amplias exenciones aduaneras y fiscales.

Pero la mayor parte de las SEZ se han desarrollado en zonas atractivas, que no necesitaban incentivo alguno, y muchas de ellas han acabado siendo zonas residenciales o complejos de oficinas para el sector tecnológico. Además, muy pocos de los 400.000 puestos de trabajo creados gracias a ese plan han permitido absorber a los campesinos desplazados por las propias SEZ y en general su efecto parece haber exacerbado la desigualdad en lugar de reducirla, explica Loraine Kennedy, vicedirectora del Centro de Estudios de la India y de Asia del Sur (CEIAS), en París.

De manera similar, en el sector minero varios gobiernos estatales han obligado a los habitantes de los bosques y grupos indígenas a entregar sus recursos minerales a magnates como Anil Agarwal, de Vedanta Resources. Si la industrialización desplazó a unos 2,6 millones de personas en el país entre 1959 y 1991, la mayor parte de tribus indígenas, el ritmo de los proyectos mineros se ha acelerado en los últimos años, según un informe reciente de The Times of India. Entre 1998 y 2005 se otorgaron anualmente 216 permisos a empresas para extraer minerales de los bosques indios (frente a los tan sólo 19 permisos anuales entre 1980 y 1997).

La concentración de riqueza resultante de todas estas prácticas es abrumadora. Si se analiza la lista Forbes, la riqueza combinada de los 10 indios más ricos es de unos 150.000 millones de dólares, un 12 por ciento del PIB de su país en 2010, los ingresos anuales de unos 150 millones de sus conciudadanos.

Pero es la influencia y el amplio poder de los nuevos magnates y el cambiante carácter del sistema político indio lo que despierta más preocupación. Según un análisis realizado por la Asociación india para las Reformas Democráticas (ADR), el número de parlamentarios con más de 10 millones de rupias en activos (conocidos como los "crorepatis") se duplicó entre 2004 y 2009.