"Lo que yo digo es que lo de hoy no es una derrota", gritaba en el estrado del Senado argentino Fernando Pino Solanas, que a sus 82 años el jueves votó a favor de la despenalización del aborto,"porque hemos logrado colocar (el aborto) en el debate nacional". Pese al rechazo del proyecto de ley que trataba de modificar la ley de interrupción del embarazo, que data de 1921 y establece condenas de hasta tres años de cárcel, el Ejecutivo de Mauricio Macri se plantea flexibilizar el Código Penal para evitar que las mujeres vayan presas.
La presión de los miles de pañuelos verdes que ayer protestaron frente al Senado, hizo que Macri, que desde el principio se ha mostrado contrario y ha bloqueado la mera entrada de la medida a debate, asegurara que el debate sobre la legalización del aborto "va a continuar". El proyecto para la reforma que sopesa el propio Gobierno, será presentado el próximo 21 de agosto, y deja en manos de los jueces la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer.
El nuevo documento mantiene el aborto como delito, pero indica que "la tentativa de la mujer embarazada de causar su propio aborto no es punible". Y deja la condena a decisión del juez, que "podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad".
La despenalización del aborto para las mujeres es un tema en el que habría consenso aun entre los senadores que votaron en contra del proyecto de legalización, según el diario argentino Clarín, que confirma que el Gabinete del Gobierno ha asegurado estar analizando el tema, aunque el tema "no está cerrado". Incluso si hubiera consenso dentro del Ejecutivo, el texto deberá pasar luego el filtro del Congreso, con lo que el tema volverá a debate.
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