El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, colocó a Arturo Cubillas y a Xabier Arruti, dos históricos etarras exiliados en Venezuela desde hace décadas, en la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) y en Gas Comunal, respectivamente, dos empresas públicas -las más importantes- encargadas de garantizar alimentos y gas doméstico a los venezolanos.
Precisamente son estos dos recursos -los alimentos y la energía- los más demandados por los venezolanos, ante una situación gravísima de escasezy de precios inasumibles por prácticamente toda la población.
Arturo Cubillas, acusado de tres asesinatos en España en la década de los ochenta y que fue reclamado por la Audiencia Nacional por ser supuestamente el vínculo entre ETA y las FARC, desempeñó hasta finales de 2014 cargos en la Corporación Venezolana de Alimentos, un consorcio que agrupaba a una treintena de sociedades nacionalizadas, entre ellas la española Agroisleña.
CVAL, creada en 2010, fue intervenida en septiembre de 2014 para garantizar la eficacia y la eficiencia de los procesos administrativos y operacionales de la empresa, ante la deficiente gestión en el suministro de alimentos.
La intervención tenía como intención "establecer un sistema de centralización para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, además de rectificar y reimpulsar el funcionamiento de las empresas estatales para poder generar una cadena agroproductiva nacional que integre la producción primaria, la industrialización y la comercialización", según recogía la Gaceta Oficial de Venezuela.
Corrupción en la empresa de Cubillas
Ahora se ha conocido un gravísimo escándalo de corrupción precisamente relacionado con los que fueron altos directivos de la Corporación Venezolana de Alimentos -la empresa en la que trabajó Cubillas- responsables del abastecimiento del pueblo venezolano.
Mientras los venezolanos hacen largas colas fuera de los establecimientos de la red pública en busca de productos alimentarios a precios regulados y otros pagaban precios especulativos por no tener acceso a ellos, los directivos de la empresa, designados solo unas semanas después de la salida de Cubillas, "desviaban la mercancía, dejando vacíos los anaqueles del país", según informa El Diario de los Andes.
Los altos cargos revendían la comida, a la que deberían haber tenido acceso los venezolanos a precios regulados, simulando ventas para apropiarse de fondos públicos.
Cubillas logró una importante promoción dentro del Gobierno boliviariano y se convirtió en un alto cargo en el Ministerio de Tierras. Su sueldo en 2015 rondó los 7.150 bolívares mensuales -más de 1.000 euros mensuales-, un elevado sueldo para la mayoría de los venezolanos.
Como responsable de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), su anterior cargo, Cubillas se encargó personalmente de llevar a cabo expropiaciones que afectaron a terratenientes y empresas españolas. Así lo confirma diversa documentación en la que aparece la firma de Cubillas como mediador en conflictos agrícolas y en ocupaciones.
Arruti, en Gas Comunal
Mientras, Xabier Arruti, muy vinculado a los partidos del régimen y uno de los primeros etarras que recaló en Venezuela, que ha sido delegado chavista en Chichiriviche y ex director general de la alcaldía del municipio de Monseñor Iturriza en el Estado de Falcón, ocupó, hasta hace tres meses, un destacado cargo en la compañía pública Gas Comunal. Por su labor recibió 16.756 bolívaresmensuales en 2015 (2.356 euros mensuales).
PDVSA Gas Comunal es una compañía de servicio público que se encarga del suministro de gas domiciliario. Alineada con la política socialista del Estado como una empresa estratégica, capaz de combinar competencias, habilidades y recursos para atender las necesidades de la población, proteger el medio ambiente y participar con las comunidades en la construcción colectiva.en 2014, un sueldo que duplica el mínimo de los venezolanos.
Como objetivos tiene garantizar el suministro de GLP y Gas Metano en forma oportuna, confiable y segura a las comunidades y reforzar la infraestructura actual de GLP y gas doméstico, según recoge se recoge en la web oficial.
Los venezolanos son incapaces de encontrar gas doméstico con facilidad. En las zonas más pobres y populares la distribución de este recurso resulta muy ineficiente. Los que lo consiguen, pese a que su precio está regulado, pagan unos precios desorbitados, difícilmente asumibles por la mayoría de los venezolanos.1.440 empresas expropiadas (150, de españoles)
El régimen bolivariano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro muestra una tendencia evidente y constante: la política firme de expropiaciones de empresas y fincas agrarias, industriales y urbanas no ha cesado en más de una década.
En ese contexto, según datos de la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, durante el Gobierno de Chávez (1999-2013) las empresas expropiadas se elevaron a 1.190. Si se suman a las nacionalizadas por su sucesor, Nicolás Maduro, el número supera ya las 1.440, de acuerdo a las cifras que maneja la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), un organismo venezolano que congrega a los principales productores de Venezuela.
El objetivo de esas expropiaciones era garantizar el suministro de recursos a bajos precios, pero la realidad ha demostrado exactamente lo contrario. La escasez de alimentos, fármacos y recursos energéticos desnuda una crisis humanitaria sin precedentes en el país latinoamericano.
Según la estadística que maneja el Consulado General de España en Caracas, las autoridades venezolanas llevan expropiadas un total de 106 fincas agrarias y otras 46 urbanas e industriales a ciudadanos españoles.
Los cinco sectores económicos donde hubo un mayor número de expropiaciones de empresas en los últimos años han sido el de la construcción, el agroindustrial, la actividad petrolífera, comercial y de alimentos.
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), de la Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE), calcula que sólo entre el 2005 y el 2010 las expropiaciones sumaron 1.167 empresas. De este total, 256 compañías operaban en el sector de alimentos, 155 en comercio y 78 en el petrolero.Comisión de investigación por las expropiaciones
Alarmada por este escenario, la Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido abrir hace escasos días una investigación sobre la situación de las empresas y propiedades que fueron expropiadas por el Ejecutivo venezolano durante los últimos doce años.
El Parlamento decidió que, a través de la comisión de Finanzas de la AN, "se investiguen la expropiaciones de fincas, empresas y agroindustrias, para saber el estatus actual y comparar los niveles de productividad antes y después de la expropiación", señala el texto aprobado con el voto de los opositores.Agroisleña, el caso español más emblemático
El caso más emblemático de expropiaciones a empresas españolas es el de Agroisleña, fundada por el empresario Enrique Fraga, y dirigida por su hijo Raúl, originarios de las Islas Canarias, que se convirtió en el principal centro de financiación para pequeños agricultores de Venezuela. Esta empresa llegó a ser la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos repartidos por todo Venezuela. En 2009 fue expropiada, y el Estado venezolano administró la firma sucesora, de capital estatal, denominada Agropatria.
El ministro venezolano de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, descartó esta semana que la negociación con los dueños de Agroisleña puedan considerar su reprivatización. No obstante, existe un litigio abierto para definir el precio por el que el Gobierno venezolano debe pagar por la expropiación.Las multinacionales españolas, amenazadas
Existen numerosos ejemplos de intervención gubernamental a multinacionales en Venezuela. La francesa cementera Lafarge, la suiza Holcim, la mexicana Cemex y la norteamericana Cargill son algunos de los nombres que componen la larga lista de empresas confiscadas en más de una década. En el caso de las españolas, surge nítido el caso por el que el Gobierno venezolano formalizó la compra del Banco de Venezuela al Santander, con valor inicial de casi 1.000 millones de euros en 2009, de manera forzosa.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios