Con un enorme lingote de oro en la mano, Nicolás Maduro subió en marzo de 2018 una foto a Twitter en la que decía que Venezuela tenía "la cuarta mina de oro del mundo" con 54.300 millones de euros en reservas. En otro tuit, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, afirmaba que la mina contenía, según los cálculos certificados por la empresa Gold Reserve, unos 52 millones de onzas troy (cerca de un millón y medio de kilos, decía el ministro).
La noticia se difundió en castellano por los países hispanohablantes gracias a un teletipo de la agencia Efe. Pero Metal Bulletin, la revista más influyente del mundo del sector mineral, apenas le prestó atención. A día de hoy, de aquella prometedora explotación minera, no hay tantas buenas noticias. La empresa canadiense Gold Reserve que iba a levantar dos instalaciones para extraer oro en el llamado Arco Minero, al sur de Venezuela, no ha hecho nada. En los rankings mundiales de los países con las diez mayores reservas de oro, la famosa mina de Venezuela no aparece, a pesar de que el país posee unas indiscutibles reservas.
¿Qué ha pasado?
En primer lugar, que las relaciones entre el gobierno de Venezuela y Gold Reserve son sospechosamente malas desde hace tiempo.
En 1992, cuando cuando Carlos Andrés Pérez era presidente de Venezuela, esta empresa firmó un acuerdo para explotar las reservas de oro. El Proyecto Brisas, situado en el estado Bolívar (rico en minerales) requirió que la empresa invirtiera 300 millones de dólares durante 17 años en "exploración de tierras, desarrollo, equipos y costes de ingeniería", según afirma la propia empresa en su página web. Pero en 2008, Chávez, siguiendo su línea de cortar relaciones con las multinacionales, dio por terminado el contrato.
Los canadienses emprendieron una lucha en los tribunales internacionales para conseguir una compensación. En 2014, la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) estableció que el gobierno de Venezuela (ahora con Nicolás Maduro), tenía que compensarles con 740,3 millones de dólares.
Maduro no les hizo caso durante dos años, y los intereses incrementaban la cifra final. En 2016 el gobierno de Venezuela y Gold Reserve llegaron a un pacto por el cual el país pagaría 792 millones de dólares para cumplir con el laudo internacional, y, además, le pagaría otros 240 millones de dólares adicionales por los datos técnicos de la mina en manos de Gold Reserve. En total 1.032 millones de dólares.
Para suavizar las cosas, fue en ese mismo año de 2016, que Venezuela y la empresa crearon una sociedad conjunta con mayoría venezolana (55% de las acciones en manos del estado) llamada Siembra Minera, para explotar de nuevo la franja aurífera. Parecía que las cosas se arreglaban.
Construirían dos plantas: una pequeña en dos años, y una mayor planta de explotación de oro en cuatro años, es decir, todo estaría listo para este año de 2020.Pero el gobierno solo pagó a los canadienses 254 millones de dólares. Como no les pagaba los restantes 859 millones (con intereses) Gold Reserve calificó la actitud como "delictiva". La empresa confesó que no tenía recursos para explotar ni construir las plantas.
La verdad es que el anuncio de "la cuarta mina de oro del mundo" era una gigantesca campaña de comunicación del gobierno de Maduro, que incluía "foto de presidente con lingote" e informe técnico de Gold Reserve. Pero cualquiera que se hubiera molestado en leer el informe de la empresa canadiense (se puede consultar en la página web) comprobará que en ningún momento se habla de "la cuarta mina del mundo", y además la empresa era extremadamente cautelosa cuando hablaba de "reservas". Solo eran cálculos preliminares.
Para Gold Reserve las cosas se han puesto incluso peor. El año pasado, el gobierno de EEUU aprobó una Orden Ejecutiva por la cual bloqueaba todos los activos de Venezuela. De modo que la explotación de las reservas de la "cuarta mina de oro más grande del mundo" se quedó en papel mojado. El gobierno de Maduro no puede producir oro en cantidades industriales de oro, porque no ha pagado a la empresa sus deudas, y aunque las hubiera pagado, no puede vender nada oficialmente en el exterior ya que EEUU prohíbe a cualquier país comprar ese oro.
Eso lleva al gobierno a ser protagonista de noticias más propias de películas como 'Diamantes de sangre'. En la película protagonizada por Leonardo Di Caprio, las minas de Sierra Leona habían caído en manos de guerrilleros, que se financiaban con las ventas de diamantes en el mercado internacional: los diamantes de sangre.
Las minas de oro de Venezuela han caído en manos del hampa. Como no hay un sistema industrial moderno para explotar las minas, al Arco Minero acuden miles de trabajadores que extraen el oro con rudimentos casi prehistóricos. Pero la producción es controlada por grupos de pranes (delincuentes) que exigen su parte del negocio. A su vez, los pranes corrompen a la policía y al ejército de la zona, quienes están por encima de esta cadena de corrupción. A veces, los pranes se enfrentan por el control de una misma zona. Estas luchas pueden desembocar en decenas de muertos. Algunos cadáveres han aparecido descuartizados al
final de un pozo. “Al igual que los diamantes de sangre [en África], el oro que se extrae de Venezuela, fuera de cualquier protocolo, es oro sangriento", dijo el general Manuel Cristopher Figuera, ex jefe del servicio de inteligencia de Venezuela, a la CNN.
Además, las minas de oro se están explotando de la manera más salvaje: la erosión hidráulica del suelo, la deforestación y el uso indiscriminado e inapropiado del mercurio, han creado una "tormenta perfecta". Están devastando el ecosistema. Ha habido denuncias de partidos de la oposición y de organizaciones ecologistas, pero Maduro no ha hecho caso porque ahora el oro es una de las pocas vías de obtener divisas para un país que ha esquilmado su producción petrolera, pues las refinerías están paralizadas por puro descuido.
En 2018, el presidente Maduro anunció el Plan Oro que permitiría a Venezuela obtener un beneficio estimado de 5.000 millones de dólares anuales, por las ventas internacionales de oro. "El oro fortalecerá nuestras reservas internacionales y fortalecerá las finanzas nacionales", dijo, alegando que estaba negociando con inversores extranjeros.
Meses después, la Orden Ejecutiva de Donald Trump imponía sanciones "a las personas que brindan apoyo a Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo" con lo cual el Plan Oro se derretía.
La reacción de Maduro ha desembocado en la parte más rocambolesca de esta historia. Para sacar el oro del país y venderlo a los mercados internacionales, (y saltarse la prohibición de EEUU), el gobierno venezolano emplea cualquier medio de transporte. A mitad de febrero de este año, un avioneta procedente de Venezuela, aterrizó de emergencia en la isla de Aruba. Cuando las autoridades comprobaron el contenido, había casi una tonelada de oro valorada en 50 millones de dólares. El piloto y los dos tripulantes fueron detenidos. Ahora se encuentran en cárceles de EEUU.
Venezuela trata de colocar el oro a la desesperada por cualquier rendija. En Turquía, en Uganda o en los Emiratos Árabes. Utiliza líneas aéreas oficiales, como la turca Turkish Airlines, o de segundo rango. Una investigación de 'The Wall Street Journal' en verano de 2019 concluyó que por lo menos 7,3 millones de toneladas de oro pasaron por el aeropuerto ugandés de Entebbe. Una revelación de periodistas venezolanos, subía la cifra a más de 73 millones de toneladas a lo largo de 2018. La ventaja del oro es que es fácil de transformar y no deja rastro. Además, en las últimas semanas, su precio está subiendo gracias al coronavirus. Ante el pánico biológico, los inversores salen de la bolsa, y compran oro, plata y metales preciosos. La onza de oro ya vale 1.491 dólares. A finales de 2019 estaba en 1.350. De manera que las reservas de oro de Venezuela valen hoy un 10% más.
Para Maduro el Arco Minero es su verdadero Eldorado. Es como estar sentado en una montaña de oro. Pero las sanciones de EEUU impiden a Venezuela vender su materia prima. La empresa canadiense que podría producir oro en cantidades industriales no ha cobrado sus deudas y no ha construido nada. Y la valiosa industria del oro está en manos de mafias, policías y militares corruptos. Y de estos últimos es responsable el propio Maduro. Su ex jefe de inteligencia, el general, Manuel Cristopher Figuera, dijo a la CNN que al final de la cadena del oro está el entorno de Maduro.
"Hay compañías vinculadas al círculo familiar de Maduro que compran el oro o negocian la extracción del oro en el sur del país". "Venden una parte al banco central y la otra parte la sacan del país, sin ningún tipo de control", afirmaba en la entrevista con la cadena.
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