El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tomado posesión para un segundo mandato, en una ceremonia celebrada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin apenas presencia de mandatarios extranjeros, lo que evidencia el escaso respaldo que tendrá de la comunidad internacional en este nuevo periodo.
"Juro, a nombre del pueblo de Venezuela, por el legado de nuestros antepasados (...), de nuestro amado comandante Hugo Chávez (...), que no daré descanso a mi brazo ni reposos a mi alma y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", ha dicho ante el jefe del TSJ, Maikel Moreno.
Maduro ha completado su juramento prometiendo "defender la independencia e integridad absoluta de la patria", "procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo" y "construir el socialismo del siglo XXI".
La Unión Europea ha bocoiteado la toma de posesión tras imponerse en las elecciones presidenciales de mayo que, para el bloque, "no fueron ni libres ni justas", al tiempo que ha amenazado con adoptar más sanciones si se siguen socavando la democracia y los Derechos Humanos en el país, aunque mantendrá los canales de diálogo abiertos en apoyo a una solución democrática a la crisis.
Por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "usurpar" el cargo por iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni la gran parte de la comunidad internacional, al tiempo que ha abogado por iniciar una transición que devuelva la democracia al país.
A continuación, Moreno le ha proclamado presidente para el periodo 2019-2025 y le ha impuesto los atributos presidenciales de Venezuela, el collar y la banda, en medio de los gritos de "victoria" del público, que ha estallado en aplausos con las menciones a Chávez.
La ceremonia que ha tenido lugar en la sede del TSJ en Caracas porque la Asamblea Nacional, institución venezolana que según la Constitución debía acogerla, se ha negado a servir de escenario por considerar que el líder 'chavista' es un "usurpador" del cargo.
También es habitual que a las tomas de posesión acudan emisarios extranjeros, pero esta vez Maduro solo ha contado con el respaldo de cuatro presidentes: el cubano Miguel Díaz-Canel, el nicaragüense Daniel Ortega, el boliviano Evo Morales y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén. Trece países del Grupo de Lima -- Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía--, Estados Unidos y Canadá, así como la UE y sus estados miembro, incluido España, han decidido no acudir.
México, el otro integrante del Grupo de Lima, ha optado por enviar al encargado de negocios de su Embajada en Caracas, rebajando con ello el nivel de representación que correspondería por reciprocidad, dado que Maduro sí acudió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, celebrada el 1 de diciembre en Ciudad de México.
Todo ello hace patente la negativa de la oposición venezolana y de buena parte de la comunidad internacional a reconocer el nuevo mandato de Maduro, en consecuencia con su decisión de no reconocer tampoco los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo por considerar que fueron fruto de un proceso fraudulento.
El Grupo de Lima ha anunciado que, a partir del 10 de enero, iniciará una ofensiva diplomática contra Maduro y su Gobierno para forzarle a celebrar unas elecciones "creíbles". Estados Unidos y la UE ya han ampliado su lista de sanciones contra la cúpula venezolana.
"La UE lamenta profundamente que se hiciese caso omiso de su llamamiento para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano y que el presidente Maduro emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas", ha subrayado la UE en una declaración de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, consensuada previamente por los 28.
El bloque ha recordado a Maduro que las elecciones presidenciales de mayo "no fueron ni libres ni justas" y que "sus resultados carecieron de credibilidad, ya que el proceso electoral no proporcionó las garantías necesarias para la celebración de elecciones integradoras y democráticas".
La UE ha sancionado a un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek Halabi y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, por el deterioro democrático y de la represión civil y ha impuesto un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna a Venezuela.
En el texto pactado, el bloque ha instado a Maduro "a reconocer y respetar la función y la independencia de la Asamblea Nacional, como institución elegida democráticamente, a liberar a todos los prisioneros políticos, a respetar el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y a hacer frente de inmediato a las acuciantes necesidades de la población".
La situación política, económica y social en Venezuela, ha alertado la UE, "sigue degradándose" y ha "aumentado los estragos de la crisis" en los países vecinos, en alusión a la crisis de refugiados venezolanos, al tiempo que ha reiterado su convencimiento de que "la única salida duradera a la crisis en Venezuela pasa por una solución política, democrática y pacífica".
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