Marruecos acepta la entrada de un grupo reducido de periodistas españoles en el Sáhara

El Gobierno marroquí ha aceptado permitir la entrada de un grupo reducido de periodistas españoles en el Sáhara Occidental y así se lo ha trasladado en una propuesta al Ejecutivo español, que sigue haciendo gestiones en favor de toda la prensa de este país que quiera desplazarse allí.

La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, afirmó que esperaba "muy pronto" noticias por parte de Marruecos con respecto a la petición que le ha formulado España para que acceda a autorizar la presencia de prensa española en el Sáhara Occidental.

En la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha señalado que el Gobierno español se mantiene "en contacto permanente" con Rabat para "organizar" la presencia de periodistas españolas en El Aaiún para que puedan ofrecer una "información fidedigna", algo que en su opinión es también "de interés" para Marruecos.

Ha reconocido que Rabat ha hecho una propuesta similar a la que presentó con Francia (cuyos únicos periodistas que están en la zona pertenecen a 'Le Monde' y 'Le Figaro') pero ha insistido en que España ha pedido "que vayan todos los medios", por lo que las gestiones continúan en este sentido.

Ante las críticas de los grupos parlamentarios que, con excepción del PSOE, han criticado la falta de firmeza con Marruecos por el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui y los disturbios posteriores en El Aaiún, Jiménez ha reiterado que el Gobierno español no puede hacer una valoración de los hechos, como tampoco ha hecho ningún otro Ejecutivo ni Naciones Unidas, hasta contar con datos que provengan de observadores independientes ya que las cifras de muertos, heridos y detenidos que manejan Rabat y el Polisario difieren considerablemente.

La jefa de la diplomacia española ha señalado que la organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch, que tiene un representante en la zona, ha anunciado su intención de elaborar un informe sobre lo ocurrido.

Este documento, junto con los datos que puedan recabar otros organismos con presencia en el Sáhara, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o la misión de la ONU en el Sáhara MINURSO podrán contribuir a que se determine el número real de víctimas, explican fuentes diplomáticas.

Jiménez sí ha dejado claro que España "condena la violencia en todo momento, la ejerza quien la ejerza", pero ha advertido de que hay que esperar a ver "en quién se ha producido y cómo se ha producido". También se ha comprometido a trasladar a las autoridades marroquíes cualquier denuncia sobre la muerte o desaparición de civiles que le llegue a España.

Por último, ha negado que España anteponga los intereses económicos en Marruecos a la defensa de los derechos humanos en el Sáhara. "Ofende" que alguien piense lo contrario, ha señalado.

Todos los grupos parlamentarios, con excepción del PSOE, han criticado la gestión del Gobierno en esta crisis. El diputado del PP Gustavo de Arístegui ha acusado al Ejecutivo de anteponer los intereses de España a la defensa de los Derechos Humanos, ha advertido de que Marruecos "no puede recurrir a la fuerza sin más" y tenía que haber agotado la vía de la negociación con los líderes de la reivindicación socioeconómica del campamento.

También ha pedido a Rabat que "demuestre" que no tiene "nada que ocultar" en relación a estos sucesos, se ha preguntado por qué el reino alauí evidencia "esa saña" con la prensa española y ha considerado que la política exterior del actual Gobierno hacia el Sáhara ha supuesto un "freno" a la solución del contencioso.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha advertido a la ministra de que su grupo no aprobará su gestión en esta crisis "mientras no condene con la contundencia debida los hechos" y se ha mostrado sorprendido por el "empeño" del Gobierno en "quitarse de en medio" argumentando que no es parte en el conflicto porque abandonó el territorio en 1976.

En representación de CiU, Jordi Xuclà ha indicado que el Ejecutivo debe "protestar" después de que Marruecos haya "cercenado" el derecho de la prensa de acceder a la zona y tiene que requerir a Rabat la información oportuna sobre los hechos.El diputado de ERC Joan Tardà valoró como "un paso atrás" la intervención de la ministra en comparación con la que hubiera hecho su antecesor Miguel Angel Moratinos, mientras que el diputado de IU-ICV Gaspar Llamazares le ha pedido a la ministra, sin éxito, que al menos condene como ha hecho Francia la no admisión en el Sáhara de parlamentarios nacionales.