Las 'narcocomunidades' que azotan México llevan al éxodo a 25.000 familias

La situación en México se torna cada vez más crítica, con el auge de uno de los escenarios más temidos por las fuerzas policiales. Las denominadas 'narcocomunidades' (emplazamientos controlados por los narcos, que se instalan por la fuerza en decenas de localizaciones) provocan la huida y el éxodo de cientos de personas amenazadas por la violencia.

En Sinaloa de Leyva, en el Estado de Sinaloa, vivían hasta noviembre del pasado año más de un centenar de familias, pero ya no queda ninguna. Idéntico escenario padece el pueblo cercano de Ocarague, donde las bandas de narcos han arrasado todo lo que encontraron a su paso: quemaron viviendas, cultivos y también incendiaron el ganado.

El escenario en México comenzó a cambiar en 2011, cuando se desató hasta límites inéditos de violencia la guerra entre el temible Cártel de Sinaloa y sus aliados del clan Beltrán Leyva. Fue tal la batalla a base de sangre y fuego por el reinado el narcotráfico, que en el conocido Triángulo de Oro (integrado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua), en los últimos años la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 30,17, de acuerdo con los datos oficiales de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado mexicano.

Lo más grave de todo es que, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría, la guerra salvaje entre los narcos ha provocado el desplazamiento forzoso de 25.000 familias que antes habitaban la frontera serrana donde se emplazan las mencionadas ciudades. Ese espacio se ha convertido hoy en la segunda zona de producción de amapola del país, detrás del Estado de Guerrero.

En el municipio de Choix, al norte de Sinaloa, la gente escapa cada noche con los puesto. Desde 2012 a la fecha se han producido en la región casi 200 muertes a la semana, según la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa.

Los principales afectados son las miembros indígenas de la etnia Rarámuri, que escuchan balaceras tan frecuentemente como el sonido del viento. También escapan de El Saucito, otra comunidad serrana cercada por los narcos.

Este organismo asegura que los desplazados a la fuerza no tienen ningún tipo de garantías de regresar a sus hogares. En sus informes, abundan los casos como el de una familia que residía en la localidad de Guamúchil, intentó regresar a San José de los Hornos y los narcos mataron a sus tres miembros.

El peor drama de México es que el Gobierno en la actualidad no reconoce la figura legal de los desplazados. Son las familias que huyen de la muerte y la violencia narco. Migran a otras ciudades, pero sin ninguna condición de salud, trabajo y vivienda previsible.

A finales del pasado año, en la localidad de El Manzano (al sur de la Sierra de Chihuahua) residían de manera estable medio centenar de familias rarámuris. Éste es hoy uno de los epicentros mundiales en el cultivo de marihuana y amapola, que han desplazado al maíz. Los negocios del narcotráfico han influido tanto en la vida de la comunidad, que el 90% de sus pobladores lo han abandonado.

Los sicarios de Sinaloa controlan todo a su antojo en esas latitudes. Obligan a la gente a trabajar en sus tierras. Hace un mes un grupo da narcocriminales arrasó otra vez el pueblo y despojó de sus pertenencias a quienes seguían allí.

Ganado, vestimentas, alimentos, cultivos... Las narcocomunidades solo ofrecen tres opciones a los moradores de decenas de pueblos fantasmas en México: cultivar amapola, morir o escapar. La mayoría prefiere escapar como puede, pero sin rumbo ni dirección definida.

En Tarahumara, por ejemplo, vive el 90% de la población indígena de Chihuahua. Son 104.014, la gran mayoría rarámuris, de acuerdo con el último censo. Desde hace ocho años, ese inmenso lugar se está vaciando de pobladores, después de que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Sus indígenas están cada vez más acorralados.

Amnistía Internacional denuncia que hay unas 1.689 personas desaparecidas solo en ese estado. Tan solo en el municipio de Cuauhtémoc, el gobierno admite oficialmente 351 casos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto, denunció en octubre del año pasado que entre 2009 y 2015 hubo al menos 1.908 casos de desplazamiento forzado en esa zona, producto de la violencia, siendo los municipios de Urique, Chinípas y Valle de Juárez los más afectados. De este modo, los pueblos fantasmas se encadenan a un flagelo de enormes magnitudes.