Cuando el Gobierno de un país declara toques de queda y suspende la conexión a Internet de los móviles, es que la situación en las calles ha llegado al límite. Más aún si, a raíz de protestas y tumultos, han muerto tres personas y otras han resultado heridas. Así está India en estos momentos. La aprobación de una ley de ciudadanía basada en criterios religiosos ha caído como una bomba, cuya metralla sale disparada en forma de coches incendiados, enfrentamientos entre manifestantes y policía, dardos cruzados en la Cámara alta, acusaciones y complicaciones en el ámbito internacional. ¿El sector más enfadado? El musulmán.
El miércoles 11, el Parlamento indio aprobó una ley para agilizar el camino hacia la ciudadanía a minorías religiosas. Se trata de grupos que escapan de la persecución a la que están sometidos en estados colindantes al noreste del país como Bangladesh, Pakistán y Afganistán. De esta forma, los inmigrantes irregulares que puedan demostrar que llegaron a India antes del 31 de diciembre y que profesen alguna de las religiones que contempla la medida -hindú, sij, budista, jainista parsi y cristiana- podrán conseguir ser ciudadanos de pleno derecho.
Aparentemente, el primer ministro Narendra Modi, de la formación política Bharatiya Janata Party, busca proteger a las minorías antes mencionadas, pero la población musulmana de la India ha puesto el grito en el cielo por no ver el nombre de su credo entre los beneficiados por la nueva ley. Y no solo ellos, partidarios de la laicidad del estado –que, por otra parte, promulga su propia Constitución– también se han sumado a las protestas.
Las acusaciones más fuertes en el terreno institucional han llegado desde la oposición al Gobierno. “En 1935 había leyes de ciudadanía para proteger a las personas con sangre alemana… Hoy tenemos un proyecto de ley defectuoso que quiere definir quiénes son los verdaderos ciudadanos indios”. El miembro de la oposición Derek O'Brien comparaba, así, la ley recién aprobada con las que Adolf Hitler impuso durante la Alemania nazi. Los dos puntos más criticados por los contrarios al Gobierno de Modi son, por una parte, la vinculación entre la ciudadanía y la religión, que no debería ser tal según la carta magna del país; y, por otro, la situación en la que deja a los millones de musulmanes que viven en India.
Según ha asegurado el Ejecutivo, el paso siguiente a la aprobación de la ley es crear un registro de ciudadanía. A ojos de la oposición, es en ese punto donde puede tener lugar la mayor injusticia: los musulmanes deberán demostrar que ya eran ciudadanos residentes en la India y no refugiados de Bangladesh, Pakistán y Afganistán para poder ser considerados ciudadanos y no convertirse en una especie de apátridas.
La reacción de los miembros del Gobierno no se ha hecho esperar. "No dañará, ni siquiera un poco, a ninguna minoría. Especialmente a nuestros hermanos y hermanas musulmanes que viven en este país. Debido a que este proyecto de ley solo otorga ciudadanía, no se la quita a nadie”. De esta forma ha intentando calmar las aguas el Ministro del Interior, Amit Saha, que asegura que los indios musulmanes no deben de tener ningún miedo, pese a las acusaciones de "crear un proyecto de ley para ir en contra de una comunidad", aunque sea de forma velada, lanzadas por el opositor Kapil Sibal.
Dos muertos, 11 heridos de bala y toque de queda
El estado de Assan ha sido en el que más -y más abundantes- protestas se han producido en los cuatro días posteriores a la implantación legislativa. También fue en allí donde murieron dos personas, el jueves, durante los enfrentamientos entre manifestantes y policía y otra el viernes. Los ciudadanos indios salieron a la calle a pesar del toque de queda impuesto por el Gobierno. Sin embargo, en en Assan, las protestas no clamaban por la inclusión del islam entre las religiones que contempla la ley, sino por algo muy distinto. Los indios de poblaciones fronterizas con Bangladesh, Pakistán y Afganistán se quejan de que al conceder la ciudadanía a tantos bangladesíes, ellos mismos se van a sentir extraños en su propia tierra.
El toque de queda que decretó el Gobierno no tuvo el efecto deseado –tampoco la suspensión de la conexión a Internet en los móviles– y los barrios de Assan se inundaron de indignados de todos modos. Fue en esa tesitura en la que la policía utilizó munición real y gases lacrimógenos para disuadir a los participantes en la manifestación.
Human Rights apunta a la 'hinduización' del país
A las sospechas de las intenciones 'nacionalistas hinduístas' del Gobierno de Modi, que desde su llegada ha cambiado nombres de ciudades con sonoridad islámica y ha alterado libros de texto con la voluntad de minimizar la contribución de musulmanes indios, se suma la valoración de Human Rights, que puede haber dado una de las claves del asunto.
La organización señala que algunos de los grupos perseguidos en los países colindantes con la India, como los ahmadiya de Pakistán y los rohingyas de Myanmar, son musulmanes. ¿Por qué el Gobierno indio no quiere asegurarles la misma protección que a las otras minorías religiosas? La acusación de Human Rights -“el Gobierno indio está creando bases legales para despojar a millones de musulmanes del derecho fundamental de igualdad de acceso a la ciudadanía”- se añade a las lanzadas por la oposición y parte de la ciudadanía del país.
El Gobierno de Modi está en entredicho. La ONU también ha reconocido su "preocupación" por la discriminación hacia los musulmanes que entraña la nueva ley y no parece que el ánimo en las calles se vaya a calmar en los próximos días. Salvo a los ciudadanos que podrán agilizar la consecución de su ciudadanía, la ley no ha parecido gustar a nadie. El Ejecutivo indio tendrá que manejárselas para conseguir sacar los pies de las aguas movedizas en las que se ha metido. Su forma de actuar en los próximos tiempos evidenciará si, verdaderamente, la implantación de la ley se ha hecho desde la buena fe o si, por el contrario, esconde alguna oscura intención. Un tropiezo o un paso en falso puede llevar a Modi a quedar mundialmente retratado.
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