Parte del exgobierno de Rafael Correa, acorralado en tribunales por corrupción

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aceptó la reformulación de cargos presentada este miércoles por la Fiscalía en contra de dos exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), a quienes se acusa de presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

En una audiencia celebrada hoy en la sede de la CNJ en Quito, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó nuevos elementos de convicción que hicieron reformular los cargos presentados contra el exsecretario jurídico de la Presidencia ecuatoriana Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, según un comunicado del Ministerio Público.

A juicio de Salazar, hay pruebas suficientes para acusar a Mera (que acudió a la audiencia ataviado con un chaleco antibalas) y Duarte de tres presuntos delitos: cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. En un primer momento, los dos exfuncionarios fueron acusados únicamente de un supuesto delito de concusión.

La Policía ecuatoriana detuvo el pasado 31 de mayo a ambos acusados con fines de investigación en el marco de las pesquisas que la fiscal general lidera, y que la prensa local ha vinculado con el caso denominado "Arroz verde", circunstancia que negó la Fiscalía en su momento mediante un comunicado. En el caso denominado "Arroz Verde" se indaga una presunta financiación irregular al movimiento político Alianza País, cuando era liderado por Correa, y que implica, entre otros, a la constructora brasileña Odebrecht.

Pamela Martínez, exasesora de Correa y exjueza de la Corte Constitucional, así como Laura Terán, ex asistente administrativa de la anterior presidencia ecuatoriana y exfuncionaria de la Corte, están en prisión preventiva desde principios de mes para prestar declaración por el caso, abierto a raíz de una investigación periodística.

Entre los principales elementos de convicción presentados hoy por el Ministerio Público se encuentra un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que revelarían variaciones en el patrimonio de Duarte.

También se han presentado nuevas versiones del exasambleísta Christian Viteri, o del esposo de Pamela Martínez, Jimmy Salazar, entre otros, así como pruebas documentales que demostrarían el vínculo que existió entre Odebrecht y Nexoglobal, empresa que pertenece a la propia Martínez.

La fiscal Salazar puntualiza en el comunicado que los procesados "serían parte de una estructura criminal organizada y actuaron concertadamente para obtener beneficios económicos". Por ello, la jueza a cargo del caso, Daniella Camacho, solicitó que este caso se acumule al proceso que se sigue en contra de Martínez y Terán, porque los hechos guardarían relación.

Asimismo, ratificó las medidas cautelares que se dictaron en su momento contra Mera y Duarte, que se encuentran en prisión preventiva desde que fueron detenidos y que tienen prohibida la salida del país, entre otros requerimientos.