En julio de 2018, México vivió el mes más violento de su historia: más de 2.500 homicidios dolosos en todo el país, lo que evidencia que el grave problema de seguridad que se vive en las calles continúa vigente, incluso a pesar de que el número de asesinatos no haya vuelto a alcanzar aquella cifra. Quizás por eso, el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador anunciaba esta semana un replanteamiento en su estrategia para combatir la emergencia forense que representan los casi 40.000 desaparecidos acumulados en los últimos 13 años y al tiempo que anunciaba cinco nuevos institutos forenses y 15 cementerios en nueve estados del país. Tal vez la violencia siga siendo un mal endémico de México, pero la idea es que, al menos, los ciudadanos puedan enterrar a sus muertos.
"Hay que replantear el rumbo y hay que concretar una política que nos garantice el trato digno y la identificación de los cuerpos que se encuentran en los servicios forenses y fosas comunes e incluso en fosas clandestinas", aseguraba el lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, al presentar el Informe del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Con los terribles datos de los últimos 13 años, no dudó en calificar la emergencia forense que se vive en México de "muy severa", al tiempo que explicaba que, para resolverla, se requiere afrontarla "con toda firmeza".
Las autoridades mexicanas confirman que, desde 2006, hay en el país 37.443 cadáveres sobre los cuales no existe claridad ni en el certificado de defunción ni en la realización de la autopsia. El problema es que, en México, la cantidad de asesinatos, con cadáveres mutilados o en los que directamente no hay restos, ha ido provocando un cúmulo de casos sin resolver en los últimos ante los cuales las autoridades son incapaces de hacer frente. De esos casi 40.000 cadáveres, a día de hoy hay 8.116 cuerpos sin identificar apilados en los 263 centros mortuarios del país, lo que representa una sobreocupación de 2.945 cadáveres, según el Gobierno.
Paradójicamente, México no es el país con la mayor tasa de asesinatos del mundo. Con una media de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, se sitúa en el puesto 20 en este apartado, muy lejos de otros como Lesoto (65,2 asesinatos por cada 100.000) y Venezuela (65 muertes violentas). La diferencia es que, al ser un país con tanta población, con más de 129 millones de personas, en términos absolutos sí es uno de los países con un mayor número de asesinatos cometidos.
Sin medios para realizar el trabajo forense en todos los casos
Algunos de los crímenes en México se cuentan entre los más crueles del planeta. Los cárteles representan uno de los grandes males del país: el narcotráfico les proporciona más de 500.000 millones de dólares al año en ganancias, lo que también evidencia el poder que tienen entre la población. Los asesinatos son el pan de cada día en lugares como Ciudad Juárez y dejan un rastro de cuerpos brutalmente mutilados o decapitados a lo largo y ancho del país. Por eso, el plan forense de México pasa por "evitar que se siga acumulando el rezago" y resolver la atención de los casos del día a día, los que están en espera y la atención de las fosas clandestinas.
En este sentido, Encinas cree que se debe reorientar el trabajo forense con protocolos homologados que den prioridad a la identificación con equipos multidisciplinares y que utilicen un material que permita la identificación dactilar, biométrica y genética. Alerta de que se ha detectado una severa falta de infraestructuras para el desarrollo de prueba de identificación de personas, escasez de personal especializado en los servicios forenses y falta de recursos para la operación efectiva de todas la especialidades forenses.
Asimismo, existe una falta de criterios homologados para la conservación y tratamiento de los cadáveres, un desconocimiento generalizado de la normativa en la materia, así como una insuficiencia de cementerios forenses en México. Según el subsecretario de Derechos Humanos, junto al incremento de homicidios y personas desaparecidas también "se alentó una práctica deleznable ya que a un gran número de cuerpos no se les practicó la necropsia y fueron inhumados indebidamente en distintas fosas comunes con el argumento que existía una sobrecarga de los servicios forenses".
Un dato sorprendente es que, entre 2006 y 2018 se registraron 2.190 fosas clandestinas utilizadas principalmente por los distintos cárteles en su guerra por el control del negocio del narcotráfico, de las cuales se lograron exhumar 3.169 cadáveres. En lo que va año, se han localizado 400 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 529 cadáveres. Así, la solución propuesta por el Gobierno pasa por la creación de institutos regionales forenses en varios estados mexicanos y la construcción 15 cementerios.
Paralelamente, también se contratará a especialistas como antropólogos y arqueólogos forenses para "atender la demanda en la intervención de inhumaciones clandestinas". El presupuesto necesario para poner el plan en marcha es de 21,3 millones de dólares, una nimiedad en comparación con el PIB de México, que ascendía a unos 1,15 billones de dólares en 2017.
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