Lunes, 22.07.2019 - 23:16 h
Rusia

¿Por qué tienen tantos 'problemas' con drogas los periodistas opositores a Putin?

En los últimos 10 años, al menos ocho periodistas y activistas críticos con Putin han sido detenidos por cargos de narcotráfico, al igual que Golunov.

Un hombre es detenido durante una manifestación para liberar al periodista Ivan Golunov
Un hombre es detenido durante una manifestación para liberar al periodista Ivan Golunov. / EFE

El caso de Ivan Golunov, el periodista encarcelado la semana pasada por un presunto delito de narcotráfico y puesto en libertad días después, tiene en vilo a Rusia. A pesar de que en un primer momento la Policía informaba de la presencia de drogas en su mochila y en su domicilio, Golunov fue puesto en libertad el martes sin cargos después de que el ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev, reconociera la ausencia de pruebas que demostraran la culpabilidad del reportero del diario digital Meduza, uno de los más críticos con el Kremlin. Sin embargo, no es el único caso de periodistas o activistas disidentes que han sido encarcelados por el mismo cargo.

En los últimos 10 años, a al menos ocho periodistas y activistas se les ha imputado un delito de narcotráfico, algo que los opositores a Putin han denunciado en repetidas ocasiones como la estrategia preferida por el Kremlin para silenciarles. De hecho, la decisión del presidente ruso de destituir este miércoles a dos generales de la Policía por el caso de tráfico de drogas contra el periodista de investigación Iván Golunov no ha hecho más que aumentar las sospechas. Por eso, la pregunta que se hacen es: ¿por qué tienen tantos 'problemas' con las drogas los periodistas y activistas opositores a Putin?

Lo cierto es que la aplicación del artículo 228 del Código Penal de Rusia, que prohíbe "la producción, adquisición, almacenamiento, transporte, envío o venta de estupefacientes o sustancias psicotrópicas", es bastante estricta: cada año, más de 100.000 personas son condenadas en virtud de este artículo, que según los activistas se ha convertido en una de las armas preferidas de las autoridades en la guerra en curso contra opositores políticos, activistas de la sociedad civil y periodistas incómodos.

En la mayoría de esos casos, los condenados denunciaron la manipulación de pruebas e infracciones procesales, afirmando que los narcóticos fueron colocados por los propios agentes. Sin embargo, los jueces rusos rara vez aceptan este tipo de alegaciones en los procesos, por lo que terminan condenando a los acusados. Y, en buena parte de los casos, con penas de prisión graves. El Gobierno de Rusia, por su parte, siempre ha negado la existencia de un procedimiento para incriminar con pruebas falsas a ninguna persona.

Un ejemplo es el caso de Martin Kochesoko, que ha pasado algo desapercibido en los medios a pesar de haberse producido también el pasado fin de semana, paralelamente a la detención de Golunov. Kochesoko, el líder de la ONG Khabze, fue arrestado el pasado 8 de junio, acusado de haber adquirido y poseer narcóticos. Según los medios locales, Kochesoko y un amigo fueron detenidos por la Policía mientras viajaban en un viaje de pesca. Los agentes registraron su coche y, supuestamente, descubrieron los narcóticos. El amigo de Kochesoko fue liberado, pero Kochesoko fue llevado a una prisión preventiva en Nalchik. Sus colegas creen que las autoridades lo están presionando mientras lo mantienen aislado en un intento por lograr que confiese.

Otro caso cercano en el tiempo es el de Oyub Titiev, conocido en Rusia por ser el director de la oficina del centro de Derechos Humanos de Grozny, en Chechenia. Se trata de una de las pocas organizaciones independientes de derechos humanos que aún trabajan en Chechenia. En enero de 2018, la Policía detuvo y registró el coche de Titiev cuando se dirigía al trabajo. Los agentes afirmaron haber encontrado un paquete de marihuana debajo del asiento del pasajero delantero.

Sin embargo, los abogados defensores argumentan que se han producido numerosas irregularidades en el caso de Titiev. Su mayor queja es que las autoridades les han negado la oportunidad de revisar los vídeos de vigilancia del arresto y de los interrogatorios de Titiev. La réplica de la policía ha sido que ninguna de las cámaras de vigilancia que operan en el área donde se detuvo a Titiev estaba funcionando en ese momento.

En marzo de este año, Titiev (de 61 años) fue declarado culpable y condenado a cuatro años de trabajos forzados después de haber pasado 16 meses en prisión preventiva. Curiosamente, el 10 de junio (un día antes de la liberación de Golunov), se anunció su puesta en libertad anticipada, que se hará efectiva a partir del 20 de junio, tras haber cumplido tres meses de su sentencia.

Aunque hay al menos otros seis casos en los que los acusados proclaman su inocencia y que han sido incriminados por la Policía mediante manipulación de pruebas, el caso de Nikolai Yars sobresale sobre todos ellos. Periodista la televisión pública de Rusia, fue detenido en 2013 después de que la Policía encontrase drogas en su coche. Yars se encontraba en ese momento trabajando para sacar a la luz pública "una gran red corrupta que traficaba a niños en Sochi", en la que sus investigaciones implicaban al alcalde de la ciudad, a jueces y a miembros de la Policía.

Según su versión, Yars se dirigía a una entrevista clave para avanzar en su investigación en el momento de la detención. La Policía afirmó haber encontrado drogas en el coche y una pequeña cantidad de la misma sustancia en el bolsillo trasero del periodista. Sin embargo, ese elemento incriminatorio fue destruido durante la prueba. Yarst pasó 10 meses bajo arresto domiciliario en espera de juicio cuando su caso fue abandonado repentinamente, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Un año después, cuando la ciudad no estaba bajo el foco mediático, su caso se reabrió y Yarst decidió buscar asilo en EEUU.

A pesar de que en ninguno de los casos existen pruebas concluyentes de que se haya producido una manipulación de pruebas o una incriminación con fines políticos, la reciente liberación del periodista Ivan Golunov por falta de pruebas ha reabierto otros casos en los que activistas y opositores reclaman que se han producido irregularidades procedimentales por parte de las autoridades con el objetivo de silenciarles.

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