La alta funcionaria británica Sue Gray vuelve este lunes a estar en boca de todos ante la inminente publicación de su esperado informe, que amenaza con poner en cuestión la gestión y credibilidad del primer ministro, Boris Johnson, aunque se espera que hoy solo se conozca una pequeña parte de su investigación. Su informe sobre el conocido como "Partygate "-el escándalo público generado por las fiestas y reuniones sociales organizadas en la sede del Gobierno durante la pandemia- marca un antes y un después para el jefe del Ejecutivo, que atraviesa el momento más frágil de su carrera.
Al menos hasta que Scotland Yard anunció la pasada semana que abriría su propia investigación sobre esos encuentros, la popularidad de Gray cobró dimensiones estratosféricas al considerarla máxima responsable en esta turbia saga de colocar cada pieza en su sitio. Al parecer, a Gray, que siempre ha presumido de rabiosa imparcialidad, no le sentó bien que la policía le solicitara que evitara en su documento interferencias en los aspectos en los que se centra la pesquisa policial, que sigue en curso.
La respetada funcionaria ocupa desde mayo de 2021 el cargo de segunda secretaria permanente del Ministerio del Gabinete (similar al de Presidencia), lo que la ha convertido también en la encargada de dirigir pesquisas públicas como la del incendio de la Torre Grenfell, en Londres, en el que murieron 79 personas.
Sus allegados le atribuyen fama de trabajadora exhaustiva, con un marcado sentido de la justicia. De ella dicen que es implacable y no se amedrenta a la hora de adoptar decisiones complicadas. Antes de asumir ese puesto, supervisó las finanzas en Irlanda del Norte -desde 2018 a 2021- y previamente había trabajado -entre 2012 hasta 2018- como directora general de Ética y Propiedad, donde se curtió en la indagación de posibles violaciones de normas por funcionarios.
Su participación tuvo mucho que ver con algunas sonadas dimisiones de ciertos políticos británicos, como la del diputado tory Andrew Mitchell (2012), el extitular de Defensa Liam Fox, en 2011, y, hace cuatro años, la del exsecretario de Estado Damian Green por quebrar el código ministerial que regula las buenas prácticas de los cargos públicos. En su heterodoxa trayectoria figura además una etapa al frente de un pub en Irlanda del Norte en la década de los 80, que rigió junto a su marido, un cantante de música "country" originario de esa región.
No se conocen sus filiaciones políticas y, como funcionaria, Gray ha de mostrarse totalmente imparcial, acatando el Código funcionarial, que prohíbe que los posicionamientos personales influyan en sus juicios. Pese a todo, han proliferado a lo largo de las últimas semanas descripciones de ella que dibujan a una mujer adepta a llevar las riendas y a mantener una férrea disciplina con las cuentas públicas, además de tener una predilección personal por el karaoke.
El diario "The Times" recordaba recientemente que, en una fiesta de despedida en 2005 del entonces ministro del Gabinete Andrew Turnbull, Gray controló la lista de invitados y se aseguró de que cada uno tuviese acceso a una sola bebida gratis. "Después, cada uno tenía que pagarse lo suyo, antes de que fuesen los contribuyentes quienes acarreasen con la factura", dijo a ese periódico Ryan Heath, un exfuncionario que trabajó con Gray y acabó en malos términos con ella.
Su crucial informe debía ahondar, entre otros, en varios encuentros sociales que se llevaron a cabo en Downing Street durante los tres confinamientos, mientras la población era obligada a acatar severísimas restricciones que limitaban la interacción social. En un momento en el que las filtraciones a la prensa se han convertido en algo cotidiano en el Reino Unido, apenas se han revelado hasta su difusión detalles acerca del trabajo de Gray, sobre la escala o el contenido de su informe.
Para establecer los hechos, la pesquisa interna de Gray ha contado con la cooperación de abogados del departamento legal del Ejecutivo, asesores especiales y funcionarios. También se le ha dado luz verde al acceso a todo tipo de pruebas relevantes, como comunicaciones internas, correos electrónicos, invitaciones registradas en calendarios oficiales y registro de entradas y salidas a Downing Street; pero también ha entrevistado a personal de la oficina oficial del "premier" y, según algún medio, ha requisado teléfonos móviles a funcionarios. Ahora queda por ver cómo las conclusiones del informe -cuya versión final podría tardar todavía muchas semanas en conocerse- condicionan el futuro de Johnson
