Si al mapa electoral de los comicios presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2016 se le superpone otra plantilla con las zonas de mayor densidad rural, el resultado es prácticamente un calco. Eso lo sabía el presidente norteamericano, Donald Trump, en 2016 y ahora admite que sus opciones de seguir cuatro años más en el poder a finales de este 2020 pasan por mantener el apoyo del campo que ya le sembró el camino a la Casa Blanca. Cueste lo que cueste.
Para ser exactos, le cuesta ya cerca de 30.000 millones de dólares en ayudas directas extraordinarias, más del doble de lo que Barack Obama destinó para el rescate del sector de la automoción (las ciudades son territorio demócrata) en 2009 tras el estallido de la crisis global. Mientras que el campo en España toma las calles de las grandes ciudades y Sánchez promete ayudas y en la Unión Europea parece que no había otro momento para anunciar un recorte del 14% en el volumen de la próxima Política Agraria Común, en Estados Unidos, los 2,6 millones de americanos (un 2% de la población total) que viven de lo que dan sus granjas esperan que pase la tormenta.
La meteorológica, que ha dejado en el Granero de América (el Medio Oeste) la temporada más lluviosa de la historia entre el otoño de 2018 y el verano de 2019. Pero también la comercial, aquella a la que Trump se lanzó en un pulso suicida con China o con quien se le ponga delante. Sea como sea, lo que importa es que, como dice la última nota de prensa oficial del Departamento de Agricultura, de hace apenas unos días, "los pagos se hagan efectivos a final de semana en las cuentas bancarias de los granjeros".
Será este, el ordenado a principios de febrero, el tercer bloque del Market Facilitation Program (MFP), un sistema de ayudas directas que engordó la Administración republicana a partir de 2018 a través de un sistema similar al que se usó para pagar el Muro de México. O sea, sin necesidad de pasar por el Congreso donde los demócratas tienen mayoría.
Desde entonces, las cantidades se han incrementado hasta completar un aguinaldo de casi 20.000 millones de dólares abonados durante el pasado año, algo que no se veía desde 15 años atrás y que en 2019 ya supuso uno de cada cinco dólares de los ingresos totales de los agricultores. ¿La razón esgrimida por Washington?: "Ayudar a los agricultores que padecen los daños a consecuencia de las injustificadas represalias comerciales adoptadas por países extranjeros".
Es una forma de culpar al empedrado como cualquier otra. Sobre todo, porque gran parte de esos cheques se destinan a cubrir el agujero de unos 15.000 millones de dólares que se ha formado en las exportaciones agrícolas a China entre los 21.400 millones que se vendieron en 2016 (primer año de Trump) a los 6.600 millones con los que se cerró el pasado ejercicio.
Aun así, el agricultor americano está muy lejos de los buenos tiempos y, de no ser por esta respiración artificial, sus ingresos globales caerían en picado y se hundiría un sector más estratégico por su simbolismo que por su peso real en la economía. Su mejor tiempo reciente se dio en el año 2013, cuando los ingresos totales de la agricultura alcanzaron un pico que es un 30% superior a la cantidad de 2019 (sumadas las ayudas ya); fue entre 2012 y 2013 cuando los Estados Unidos exportaban a China más productos de su tierra que nunca.
Ahora, los granjeros se ponen a cubierto bien pertrechados de cheques en el banco. "Son unos grandes patriotas", se justificaba Trump cuando anunció la lluvia de ayudas directas. Porque la fría macroeconomía no sostiene el empeño. Según las últimas cifras del Banco Mundial, la aportación de la agricultura al Producto Interior Bruto de Estados Unidos es de apenas el 0,9% (en España llega al 2,8%) con poco más de dos millones de granjas (el 98% consideradas familiares y nada que ver con las siete millones de explotaciones que había antes de la Segunda Guerra Mundial).
Eso sí, en caso de añadir a la ecuación al resto de sectores adyacentes (desde distribución a venta de comidas en supermercados y restaurantes) el montante se va por encima del billón de dólares de valor (el PIB total de España es de 1,3 billones de dólares) y genera algo así como el 11% del total de empleos que se generan en los Estados Unidos.
Tampoco habría que desdeñar (se podría defender la Casa Blanca, de la que proceden todas estas cifras) que Estados Unidos vende al resto del mundo una cuarta parte de su producción agrícola a cambio de 140.000 millones y que es de los pocos apartados de su balanza comercial con superávit. En esta oferta, los productos estrella de la tierra americana son, por este orden, el ganado bovino, el maíz y la soja.
Luego está un problema que es endémico en todo el planeta rural, ya sea de economías avanzadas o en vías de desarrollo: la cadena de precios que se multiplica desde el origen hasta las estanterías finales. En Estados Unidos, pese a todo el cariño en forma de dinero de Trump, tienen un problema similar al que ha lanzado a los tractores españoles a las calles. Según la American Farm Bureau Federation, una organización que reúne a los agricultores en Estados Unidos, el granjero solo recibe 15 céntimos de cada dólar que cuesta un producto en su venta final al público. Hace 40 años, en 1980, eran 31 céntimos.
Por comparación, y usando de base los últimos datos de precio en origen y de venta en España, un agricultor recibe por un kilo de coliflor 50 céntimos y al final se cobran casi dos. Es decir, que recibe unos 25 céntimos de su precio definitivo. Con el brócoli, que es el producto de mayor desviación, el que lo planta y recolecta solo recibe unos diez céntimos por euro.
De regreso a Iowa o Illinois, el granjero americano, cuya edad media es de 46 años y hay cierta posibilidad de que sea joven (un 25% lleva en el negocio menos de diez años) y sea veterano de las Fuerzas Armadas (un 11% ha servido en ellas), prepara las cosechas que se recogerán en los próximos meses y que supondrán que, solo en el día del 4 de julio, los americanos gasten en comida 7.000 millones de dólares.
Para entonces, las elecciones estarán más cerca y, de momento, Trump puede sentirse satisfecho por la rentabilidad política de sus ayudas: en su última encuesta conocida a finales de enero, la publicación 'Farm Journal' arrojó un índice de popularidad entre los agricultores hacia su presidente del 83%, el máximo de su mandato.
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