El conflicto en Venezuela ha sumado este jueves dos víctimas mortales, elevando el número de fallecidos hasta al menos cuatro desde que comenzaron las protestas sociales a raíz del alzamiento militar liderado por el autoproclamado presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, el pasado lunes. Según Provea -una organización que ejerce sobre el terreno como observador neutral-, hay "testigos que responsabilizan [de las muertes] a colectivos paramilitares", en alusión a algunos grupos de civiles armados afines al Gobierno que podrían estar actuando en los enfrentamientos. Además, según el balance de víctimas proporcionado por varias ONG, ya hay más de 130 heridos y más de 200 detenidos por el régimen de Maduro.
La propia Provea informaba el martes del "asesinato" de Samuel Enrique Méndez, de 24 años, en el estado venezolano de Aragua. Ayer, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) denunciaba el "asesinato" de Jurubith Rausseo García, de 27 años, que murió el miércoles por un impacto de bala en la cabeza recibido durante las protestas del martes en Caracas. Por su parte, la periodista venezolana Gregoria Díaz ha dicho en Twitter que un adolescente de 16 años que resultó herido de bala en la manifestación del martes en La Victoria, Aragua, ha muerto este jueves, aunque aún no está confirmado. También habría perdido la vida un adolescente de 14 años.
Con ello, "asciende a 55 la cifra de manifestantes asesinados por el régimen de Maduro en lo que va de 2019", ha indicado el OVCS. Por otra parte, Foro Penal, que hace seguimiento de la población penitenciaria en Venezuela, ha informado de que en estos dos días se han producido al menos 205 detenciones, incluidos 15 adolescentes. La mayoría (92) se han producido en Zulia, mientras que en Caracas ha habido una decena.
Tensión con España por el "huésped" Leopoldo López
El conflicto trascendió directamente a España a última hora de la tarde, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictaba una orden de busca y captura contra el dirigente opositor Leopoldo López, quien fuera liberado el pasado 30 de abril por militares rebeldes capitaneados por Guaidó. López se encuentra junto a su familia en calidad de "huésped" en la Embajada de España en Caracas, tal y como define su estatus oficial el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. Pero la competencia jurídica de Venezuela sobre territorio español abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas.
La orden dictada por el tribunal afín al chavismo pretende ser un doble golpe de efecto en el conflicto: por un lado, trata de desviar el foco mediático de Guaidó hacia López; por otro, supone una acción que Maduro y sus aliados consideran legítima, ya que se trata de un ciudadano venezolano condenado que ha sido liberado sin que intervenga ningún juez y sin que haya concluido la pena de 13 años que cumplía en situación de arresto domiciliario.
Sin embargo, a priori el derecho internacional ampara a Leopoldo López: al no tener la condición de "asilado" o "acogido" por parte del Gobierno, España no está dando cobijo a ningún preso de otro país; al mismo tiempo, las embajadas son consideradas en todo el mundo como territorio propiedad de cada país extranjero en cuestión. Así, España no tendría la obligación de entregar a López a las autoridades venezolanas, que es básicamente la tesis que defiende Borrell y lo que fuentes expertas en derecho internacional consultadas por este diario también sostienen.
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