¿Serán los vietnamitas los siguientes en 'ocupar' la calle?

Hace cuatro años el futuro parecía prometedor para Vietnam.

Inversores y economistas proclamaban que este mercado emergente de 86 millones de personas se convertiría en un "tigre asiático", el siguiente país en lograr la condición de nación de renta media atrayendo inversiones extranjeras.

Empresas que otrora demandaban mano de obra china se diversificaban hacia Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, buscando personal joven y barato.

Multinacionales como Intel y Samsung lideraron la apuesta cuando decidieron construir plantas en Vietnam por valor de 1.000 y 670 millones de dólares (719 y 482 millones de euros) respectivamente.

Pero la economía vietnamita está ahora sobrecalentada y muestra señales del tipo de problemas que han desencadenado los movimientos de indignados en el resto del mundo.

¿Serán los habitantes de Hanói los siguientes en ocupar la calle?

La reacción desde arriba

Las autoridades están tomando medidas cosméticas para recortar la inflación y el déficit presupuestario.

En septiembre la inflación alcanzó el 22% interanual, diluyendo el atractivo de la mano de obra barata de Vietnam frente a otros países del sureste asiático como Malasia y Camboya.

Pero si las autoridades desean de verdad reactivar el decreciente optimismo, primero tendrán que controlar las temerarias y opacas empresas gubernamentales (SOE por sus siglas en inglés),  unos monstruos burocráticos que están saboteando la capacidad competitiva del país.

Las SOE son la causa del desproporcionado aumento de la tasa de inflación vietnamita y del hundimiento de competidores privados mucho más competitivos.

Las SOE en Vietnam son los pilares de la economía de orientación socialista, y el feudo de la élite comunista. La mayoría son derrochadoras, y consumen casi la mitad del nuevo capital vietnamita para producir el equivalente a una cuarta parte de su PIB. Es decir, apenas un 25%.

El origen de su declive se remonta a cuando, entre 2007 y 2010, estos conglomerados gubernamentales se aprovecharon de un aumento de 100.000 millones de dólares en la disponibilidad de crédito doméstico, lo que les permitió invertir de forma poco rentable en otros sectores, explica Edmund Malesky, economista de la Universidad de California en San Diego.

El crédito barato, a su vez, provocó un aumento de la demanda por encima de la capacidad industrial, elevando los precios al mismo tiempo que subían los precios globales de los alimentos y el combustible.

Y los políticos favorecieron a estas empresas, aislándolas de las dificultades del mercado.

El caso Vinashin

Uno de los casos más conocidos es el de Vinashin, un astillero privilegiado políticamente que el primer ministro Nguyen Tan Dung promocionó como el modelo para introducir a Hanói en la economía global.

En diciembre de 2010, el astillero no pudo pagar un préstamo de 600 millones de dólares (431 millones de euros) otorgado por Credit Suisse. El fabricante de navíos había acumulado una deuda de 4.400 millones de dólares por alejarse de manera inepta de su especialidad, dedicándose a gestionar hoteles y fabricar motos, entre otras operaciones.

Cuatro meses del incurrir en el impago, las autoridades detuvieron al ex presidente del grupo, Pham Thanh Binh, acusándole de manipulación contable. El mes pasado nueve ejecutivos de Vinashin fueron acusados oficialmente de violar las leyes y causar pérdidas al estado por valor de 43 millones de dólares.

La agencia Moody's, que menciona un posible colapso financiero, ha degradado la calificación crediticia de Vietnam, lo que ha aumentado el coste del dinero que pide prestado a los mercados internacionales.

Hoy en día, tanto el astillero como sus gestores no se comunican con sus acreedores, y no está claro cuándo pagarán, si es que lo hacen.

Los acreedores a su vez probablemente no emprenderán acciones legales ante los débiles tribunales de Vietnam, y especialmente cuando se trata de un país en el que se necesita el beneplácito de los políticos para asegurar futuros negocios.

"Estas SOE son muy poderosas, e interactúan regularmente con los máximos líderes", asegura Malesky.

Los analistas se temen que puedan estar cocinándose otros colapsos similares, sobre todo si se tiene en cuenta la poca transparencia en los negocios de estas empresas.

¿Resultados?

En lugar de tomar medidas para frenar los excesos de las empresas estatales, los líderes vietnamitas se han centrado en hacer una reestructuración que tan sólo aborda la superficie del problema. En abril introdujeron un paquete de medidas que aumentaron los intereses de los préstamos y frenaron el crecimiento del crédito.

Pero si los políticos quieren fomentar la innovación y el crecimiento en Vietnam, deberían de desviar el capital de los gigantes estatales hacia empresas privadas más competitivas, además de reducir el crecimiento del crédito para moderar la inflación.

Esta estrategia ha funcionado en China, en donde las SOE ya no dependen totalmente del gobierno para tener crédito.

Vietnam ya tiene leyes que cumplen los estándares internacionales y facilitan el establecimiento de competidores privados, lo que ha permitido cierto grado de reformas.

Al final de 2008 se habían reestructurado unas 5.000 SOE, de las cuales 3.400 se habían "capitalizado", el término que el gobierno vietnamita usa para referirse a la posibilidad de que los ciudadanos corrientes compren acciones.

Pero las autoridades aplican las leyes con lentitud y de manera inconsistente, asegura Denny Cowger, abogado empresarial de Duane Morris, un bufete de EEUU con oficinas en Ho Chi Minh y Hanói.

El primer ministro Nguyen Tan Dung, por ejemplo, emitió una directiva ordenando a todos los gigantes estar "capitalizados" en julio de 2010, pero muchos han incumplido el plazo.

Los líderes sí mandaron sin embargo un claro mensaje a Vinashin después de su impago: que el estado no cubrirá el préstamo de 600 millones de dólares, sea cual sea su respaldo político, lo que contrasta con posturas anteriores.

Están, en esencia, advirtiendo a otras SOE que son responsables de sus actos, aunque ello suponga que el gobierno no devolverá el dinero prestado por acreedores europeos por créditos que ellos respaldaron.