Cuando la actriz asturiana Paula Echevarría subió en abril de 2019 a su perfil de Instagram una foto en la que lucía unas llamativas gafas de sol las reacciones de sus seguidores no fueron especialmente amables. "¿Cómo no te avergüenza usar Hawkers?", le respondió una mujer. "Por favor, Paula, investiga un poco acerca de la gente que promocionas", dijo otra.
¿Por qué Hawkers levantaba tantas suspicacias? Porque detrás de esta compañía estaba Alejandro Betancourt, un inversor y emprendedor venezolano. Es presidente del consejo de administración de Hawkers y uno de sus principales accionistas.
Lo que enfurecía a los seguidores de Paula Echeverría era que Betancourt se había hecho rico gracias a sus negocios con el chavismo. Según la organización de periodistas independientes OCCRP, Betancourt recibió a través de su empresa Derwick unos 5.000 millones de dólares entre 2009 y 2011 para construir plantas termoeléctricas para la Corporación Eléctrica Nacional, una empresa estatal creada por el Gobierno de Hugo Chávez. La idea era que el sistema nacional eléctrico no dependiera tanto de la conocida planta hidroeléctrica del Guri. Betancourt y sus socios consiguieron importar turbinas para poner en marcha las termoeléctricas, tal y como reconoce en su página web alejandrobetancourt.es.
El problema fue que, en abril, de 2019 Venezuela sufrió el mayor apagón de su historia. El país quedó varios días sumido en la oscuridad, con cortes intermitentes de luz que pudrieron el contenido de las neveras, paralizaron la venta a través de terminales y colapsaron los hospitales.
Fue entonces cuando se buscaron culpables y entre ellos, muchos venezolanos señalaron a Betancourt y a Derwick. "La generación termoeléctrica del país está por los suelos", confesó entonces Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem) del Colegio de Ingenieros venezolano. "De los 16.000 megavatios instalados, se dispone de 2.500 MW. No hay complementariedad entre la generación termoeléctrica y la generación hidroeléctrica [Guri]. Si se cayó la generación hidroeléctrica, queda muy poca generación termoeléctrica", aseguró Cabas refiriéndose a las plantas de Dewick, es decir, de Betancourt.
El exembajador de EEUU en Venezuela, los periodistas de la OCCRP, Transparencia Internacional y hasta una comisión del Parlamento de Venezuela echaron las culpas a la empresa de Betancourt. Esa es la razón por la que miles de venezolanos no quieren saber nada de este inversor que a través de su empresa O’Hara Financial también se hizo con un paquete de acciones de Hawkers, que es una empresa española fundada en Elche. Hoy es presidente del consejo de administración.
El único avión operativo de Plus Ultra
Con parecida furia se han expresado los venezolanos en España contra las ayudas del Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra. Les sorprendía que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le hubiera concedido 53 millones de euros en marzo de 2021 para evitar su quiebra. Lo sorprendente era que, como reveló la prensa, Plus Ultra solo tenía un avión operativo. Al indagar un poco en el registro mercantil, los medios descubrieron que la mayoría de los accionistas eran venezolanos. El 47,3% del capital era propiedad de Snip Aviation. Tres directivos venezolanos: figuran en su consejo: Rodolfo José Reyes Rojas, presidente; Raif El Arigie Harbie, vocal, y Roberto Roselli Mieles, consejero delegado de Plus Ultra y apoderado.
Según una investigación del diario 'El País', "todos ellos han sido relacionados con negocios amparados por el beneplácito de la administración del presidente venezolano Maduro y de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez". Para el Gobierno español, las ayudas a Plus Ultra se han convertido en un calvario por la críticas que ha levantado. Si se comparan las ayudas a Air Europa (475 millones de euros) con las de Plus Ultra (53 millones), proporcionalmente, la aerolínea de capital venezolano sale más beneficiada. La razón es que Air Europa operó más de 165.000 vuelos en 2019, y Plus Ultra solo 823.
El Gobierno justificó la ayuda a Plus Ultra porque es una empresa estratégica que conecta vuelos desde España con Venezuela, Perú y Ecuador a precios asequibles para los migrantes. Según el acuerdo crediticio, la compañía tiene que devolver esas ayudas en un plazo de siete años. Desde sus inicios, en 2011, la aerolínea hispano-venezolana nunca ha ganado dinero.
El blanqueo de 'capital chavista'
El caso de Banco Madrid fue mucho más grave e implicó a varios países. En 2015, la unidad antiblanqueo del Tesoro estadounidense (FinCEN), emitió un informe donde consideraba que el grupo andorrano Banca Privada d’Andorra "facilitó transferencias por un valor de 4.200 millones de dólares relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos". Por ello, las autoridades norteamericanas calificaban a BPA de "entidad sometida a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales".
Las autoridades andorranas, sin perder un segundo, tomaron el control del BPA. El BPA era accionista de Banco Madrid, de modo, como efecto carambola, el Banco de España intervino Banco Madrid, una entidad dedicada a la banca privada y gestión de grandes fortunas.
Poco después, el diario 'El Mundo' revelaba que varios ex altos cargos chavistas habían empleado el Banco Madrid para blanquear dinero. Se trataba del ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado; el antiguo viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón; el exdirector de Seguridad del régimen de Chávez, Carlos Luis Aguilera Borjas; el exdirigente de la petrolera estatal PDVSA Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el empresario Omar Farías.
A raíz de la intervención de Banco Madrid, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectó pagos en una cuenta a Nervis Villalobos, Viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006. Fueron 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, unos 88 millones de euros.
En marzo de 2021, el diario 'El País' reveló que Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente Hugo Chávez, había recibido la suma de 1,7 millones de euros por "asesoramiento energético". Lo raro es que el pagador es una editorial de libros de cocina con sede en Madrid y con títulos como 'Cien postres riquísimos'.
Javier Alvarado era un chavista bien conocido por los venezolanos de la oposición. Fue ministro de Desarrollo Eléctrico y director de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad. Las investigaciones periodísticas indicaban que Alvarado había comprado propiedades en Madrid, Cartagena de Indias y Miami. Además, desvió 15 millones de dólares, a Suiza, Luxemburgo y Dominica. Para la policía de andorra, Alvarado también era un viejo conocido: se había valido de su puesto político para saquear la compañía estatal PDVSA, y era una de los chavistas que aparecían en la lista de operaciones fraudulentas que provocaron la intervención de Banca Privada d’Andorra y de Banco Madrid
Se sospecha que Alvarado y a sus secuaces, según las investigaciones, obtuvo ese dinero exigiendo comisiones a las empresas de energía o de maquinaria que querían operar en Venezuela. Hoy, Alvarado tiene un proceso abierto en la Audiencia Nacional, y EEUU ha pedido la extradición. Alvarado tiene también la nacionalidad española.
¿Cuánto dinero ha salido de Venezuela de forma ilegal desde que gobierna el chavismo?
Un informe realizado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y hecho público en 2018 indicaba que desde 2002 existía un plan diseñado por Chávez y directivos chavistas para desviar al exterior dinero de los beneficios de PDVSA, que luego sirviera para financiar actividades del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Los directivos abrían cuentas en varios países europeos, entre ellos España. Compraban bonos ingleses, propiedades o hacían cambios de divisas aprovechando los tipos preferenciales en Venezuela. En el camino se quedaron millones de dólares en comisiones y en desvíos de dinero. El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU calculó que a lo largo de los años, el expolio fue de 20.000 millones de dólares anuales. Si se sacan cuentas, fueron más de 300.000 millones de dólares desde entonces.
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