Cuando Sri Lanka aún no se ha recuperado del todo de los atentados terroristas que sufrió el país en abril, su presidente, Maithripala Sirisena, anunciaba este miércoles que ha firmado las sentencias de muerte para cuatro presos condenados por narcotráfico que permanecen en el corredor de la muerte, lo que pone fin a 43 años sin pena capital en el país. Quizás, el único problema que pueda tener el Gobierno es que, aunque el narcotráfico se ha convertido en uno de los grandes problemas del país (con más de 300.000 drogadictos, según las autoridades), ni siquiera hay un verdugo para ejecutar las penas.
Según los datos facilitados por el Gobierno, el 60% de los 24.000 presos del país han sido encarcelados por delitos relacionados con las drogas, lo que evidencia el grave problema que supone para las autoridades. Otro problema es la capacidad: las prisiones de Sri Lanka tienen capacidad para 11.000 personas en total, por lo que existe una sobresaturación evidente. Aunque no ha habido ejecuciones desde 1976, hay 1.299 presos esperando en el corredor de la muerte, aunque solo 48 de ellos lo están por delitos de narcotráfico, lo que arroja dudas sobre por qué los primeros ejecutados deben ser casi el 10% de los presos por narcotráfico que están en el corredor de la muerte.
"Ya he firmado la pena de muerte para cuatro [convictos]. Se llevará a cabo pronto y ya hemos decidido la fecha también", explicaba Sirisena durante un encuentro con la prensa. "Los cuatro son convictos relacionados con las drogas", recalcaba, al tiempo que incidía en lo que ha repetido en varias ocasiones: llevará adelante las ejecuciones de prisioneros que hayan sido condenados por delitos relacionados con drogas como parte del endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico en la isla.
Para ello, se inició a principios del año en una amplia convocatoria para reclutar a un verdugo y ocupar la plaza que estuvo vacante durante varios años. Pero, a pesar de que un centenar de candidatos se presentó en esa convocatoria, las autoridades siguen sin elegir el candidato. Esta situación podría demorar la ejecución de la pena de muerte de los cuatro condenados y dar así más tiempo para que las asociaciones proderechos humanos, como Amnistía Internacional, actúen para frenarlas.
Paralelamente, el Comisionado de Prisiones, T.M Thennakoon, aseguraba este miércoles que por el momento no ha sido informado de los detalles de la decisión para llevar a cabo las ejecuciones: "Aún no hemos sido informados de ninguna decisión". De ahí que el activista y secretario general de Amnistía Internacional (AI), Kumi Naidoo, pidiese este miércoles a través de un mensaje público en vídeo al presidente Sirisena que detenga sus planes de reanudar la pena capital para estos cuatro condenados.
"Me dirijo a usted para abogar por la vida de estas personas que pronto serán ejecutadas en Sri Lanka si usted revive la pena de muerte", dice en el vídeo el activista sudafricano quien recuerda que la última pena capital implementada en el país insular se llevó a cabo cuando el hoy mandatario tenía apenas 24 años. En un comunicado divulgado por la asociación, también expresaba su preocupación por la opacidad que rodea a esta decisión de la que no se conocen más detalles, ni siquiera la fecha acordada.
De concretarse estas ejecuciones, Sri Lanka pondrá fin a 43 años sin pena de muerte. Lo paradójico es que el Gobierno del país votó para mantener su moratoria en la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. La pena capital sigue vigente en la isla para delitos como alta traición, asesinato y tráfico de drogas, aunque la última autorización presidencial para aplicar la condena se dio en 1976, por lo que en la práctica se conmuta por cadena perpetua.
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