Donald Trump, ha emprendido una lucha global contra el aborto tan feroz que traspasa los ámbitos de la legislación y la política estadounidenses, y ha llegado a todo el planeta. Su estrategia pasa por asfixiar económicamente a todas aquellas fundaciones u organizaciones que operen dentro o fuera de EEUU y que trabajen ayudando a las mujeres embarazadas a que aborten. No importa de qué lugar del planeta se trate, ni las condiciones de concepción del bebé o el riesgo que conlleve el proceso de gestación: cualquiera que se atreva siquiera a aconsejar la interrupción del embarazo, aún sin llevarlo a cabo, está en su punto de mira.
Esta política es conocida en EEUU como Mexico City Policy (o Ley Mordaza Global en castellano) debido a que esa fue la ciudad que escogió Ronald Reagan para anunciarla en 1984. Instaba a las organizaciones no gubernamentales a que "acepten, como condición para recibir financiación del gobierno federal de Estados Unidos, no realizar ni tampoco promover activamente el aborto como método de planificación familiar en otros países". Sin embargo, había excepciones para aquellos abortos realizados en casos de violación, incesto o en condiciones en las cuales se ponga en riesgo la vida del no nato o de la madre.
Desde hace 35 años, los juristas estadounidenses debaten sobre la seguridad jurídica de la norma, ya que "realizar un aborto" es un concepto preciso, pero no lo son ni las frases "promover activamente" ni "como método de planificación familiar". Pero tampoco esas dudas han frenado a ningún presidente republicano que ha ocupado la Casa Blanca desde entonces para reactivar la Ley Mordaza Global: George Bush padre la mantuvo y su hijo -George W. Bush- la rescató después de las dos legislaturas de Bill Clinton, que la había derogado; y, en enero de 2017, una de las primeras medidas de Donald Trump tras su investidura fue volverla a aplicar tras la época de Obama, en la que había sido también derogada.
La cuestión es que la aplicación de la Ley Mordaza Global jamás había sido tan estricta como con Trump, tal y como apunta este artículo de 'The Guardian': el pasado marzo, EEUU la extendió a cualquier organización que asesore a mujeres sobre el aborto y utilice fondos de otros países (incluso de otros gobiernos o un donante en otro país), ya no podrá optar a recibir fondos de EEUU. No solo eso: desde ese momento, ninguna organización dedicada a la salud global. Además de las clínicas de salud sexual y reproductiva las organizaciones benéficas para niños o las que trabajan para prevenir el VIH deben firmar un manifiesto en el que certifiquen que no aconsejan a ninguna mujer el aborto.
El problema de las ETS y las violaciones en países sin recursos
El problema es evidente. Muchas ONG dedicadas a la atención sanitaria en las zonas con menos recursos del planeta, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, se encuentran en una encrucijada: aceptar la Ley Mordaza Global para poder recibir fondos de EEUU, o bien seguir practicando abortos y arriesgarse perder unas ayudas que, en muchos casos, se antojan vitales. El problema es que en muchos de esos países empobrecidos, la interrupción del embarazo es la única solución para evitar que una madre dé a luz a un bebé con VIH o para impedir que las niñas que han sido objeto de una violación a una edad muy temprana mueran en el parto o tengan otra boca que alimentar.
Un ejemplo es la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés), una ONG que opera en más de 30 países con pocos recursos y en los que el aborto suele ser directamente ilegal. El problema, según relata Ana María Béjar, directora de defensa legal de la IPPF, a 'The Guardian', es que "la Ley Mordaza Global golpea con más fuerza a las mujeres que viven en los márgenes: las más pobres, las más remotas o las menores de 25 años. Solo se puede avanzar cuando podemos ampliar el acceso a mujeres y niñas, no reduciéndolo".
"La política ha tenido un impacto desastroso para la IPPF en [más de] 30 países. Los servicios adaptados para la anticoncepción, la información sobre el Zika, la salud materna, la atención prenatal, los cánceres reproductivos y la prevención y el tratamiento del VIH han sido los más afectados. Cualquier restricción a la atención médica reproductiva integrada, crítica, asequible y de alta calidad, le está negando a una mujer o niña el derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, con su vida y su futuro", explica Béjar.
Pero Trump está tan obsesionado con el aborto que ha llegado a sugerir que incluso dentro EEUU se está produciendo un infanticidio planificado en ciertos estados del país como Texas, donde el pasado febrero llegó a decir en un encendido discurso: "El gobernador ha declarado que incluso permitiría que un niño llegara al mundo, se le arropara y se le hiciera sentir cómodo para después hablar con la madre y el padre y ejecutar al bebé. ¡Ejecutar al bebé!".
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