DIYARBAKIR, Turquía – Si la fiscalía turca se sale con la suya, Hebun Akkaya, un joven tímido y dubitativo de 16 años, pasará siete años en la cárcel por haber participado en una manifestación el año pasado en Diyarbakir, la mayor ciudad del sureste del país, predominantemente kurdo.
Akkaya ya ha pasado diez meses en prisión mientras llega el juicio y recientemente quedó en libertad bajo fianza a la espera de una apelación.
¿Su delito? Protestar por las condiciones de la detención de Abdullah Ocalan, el líder del partido kurdo de los trabajadores (PKK).
Si bien la Unión Europea y EEUU han catalogado al PKK de organización terrorista, el grupo cuenta con un apoyo importante de base en Diyarbakir y el resto del sureste, de mayoría kurda.
En los últimos años –y como parte de su campaña para entrar en la Unión Europea- Turquía ha actualizado su código penal para ajustarlo a los estándares internacionales. Sin embargo, en 2006 el país dio un paso atrás al realizar una enmienda a la ley antiterrorista que permite juzgar a los menores de entre 15 y 18 años si se considera que el delito incluye terrorismo.
Cargos importantes
Para complicar aún más las cosas, ese mismo año, el tribunal supremo de apelaciones dictaminó que si una persona participa en una manifestación apoyada por una organización ilegal se le imputarían los cargos de ayudar y actuar en nombre de dicha agrupación. En la práctica, se prohibía así la mayoría de las formas de protesta en el sureste pro-kurdo.
Los juristas argumentan que con estos cambios se ha perdido el equilibrio fundamental entre crimen y castigo. "El problema es que la ley es demasiado vaga, no existe claridad legal", explica Emma Sinclair-Webb, investigadora de Human Rights Watch, una organización de seguimiento de los derechos humanos, con sede en Nueva York.
"Estos niños protestan en el ejercicio de su derecho a la libertad de reunión y expresión y se les castiga como criminales por hacerlo". Según funcionarios turcos, entre 2006 y 2007 se ha juzgado a 1.572 menores con la ley antiterrorista, de los cuales 174 fueron condenados. Desde entonces, se han presentado cientos de casos más, incluyendo el de Akkaya.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que data de 1989, y de la cual Turquía es signataria, aborda precisamente estos temas. Según la Convención: "El arresto, detención o encarcelamiento de un niño deberá estar en conformidad con la ley y sólo se usará como medida de último recurso y por el periodo de tiempo más breve y apropiado".
Sin embargo, de acuerdo a las nuevas leyes, estos niños están sujetos a un sistema judicial que no los ve ni los trata como niños. No es atípico ver que en regiones donde no existen juzgados de menores, los casos de los adolescentes sean vistos por un tribunal de mayores o incluso enviados a prisiones de adultos.
"Uno tiene que preguntarse si son o no las sanciones apropiadas. Me parecen demasiado punitivas. Sí, debería haber un castigo por lanzar piedras. Pero ¿por gritar consignas o llevar carteles? Considerar estas acciones como terrorismo es un problema serio", añade Sinclair-Webb.
"Si lo que se intenta es tratar de ganarse el apoyo emocional y racional y evitar que la gente siga al PKK, ésta no es la forma de hacerlo".
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